El servicio de mensajería chino WeChat podría ser la herramienta perfecta para vigilar a los habitantes, según uno de los empresarios más importantes en el país. La aplicación, que forma parte de Tencent, cuenta con 700 millones de usuarios y, en los últimos meses, ha estado en el punto de mira por la supuesta vigilancia que abre las puertas al Gobierno chino para tener información sobre las personas en contra del sistema.

Li Shufu, presidente de Geely Holdings, empresa propietaria de Volvo, ha sido el último en denunciar a la compañía afirmando que el presidente de Tencent, Ma Huateng, “debe estar mirando todos nuestros WeChats todos los días”.

Estas acusaciones ponen de relieve que la aplicación podría almacenar los historiales de los usuarios para informar a las autoridades sobre cualquier comportamiento que el Gobierno pueda considerar como inapropiado o hasta ilegal. Pero el caso de Li Shufu no ha sido el único.

En un artículo publicado por The Wall Street Journal el pasado mes de diciembre, varias personas explicaron cómo habían sido arrestados por comentarios que habían escrito en chats grupales o en conversaciones privadas de WeChat. Estos hechos confirmaron lo que podría ser la nueva herramienta del Gobierno chino para detectar a los presuntos “traidores”.

Por su parte, Tencent ha negado el almacenamiento de los historiales y señaló que esta información solamente se guarda en teléfonos móviles, ordenadores u otros dispositivos de los usuarios. En un comunicado lanzado en redes sociales, la compañía añadió:

WeChat no usará ningún contenido de los chats de los usuarios para el análisis de big data. Debido al modelo técnico de WeChat que no almacena ni analiza los chats de los usuarios, el rumor de que “estamos viendo tu WeChat todos los días” es un completo malentendido.

A pesar de la aclaración de la empresa, el comunicado no ha hecho referencia a que todas las plataformas chinas están obligadas a retener y divulgar información de los usuarios si así lo demanda una solicitud gubernamental, una agencia o una ley. La principal pregunta es en qué se basan las autoridades para pedir información sobre sus habitantes y qué garantías existen para evitar que estas medidas se conviertan en un método de vigilancia por parte del estado.

Fuente: https://hipertextual.com