Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para que sea más fácil para el gobierno federal despedir a los empleados que considere deficientes

Andrew Bremberg, jefe del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, explicó que el mandatario estadounidense está «cumpliendo su promesa de promover una administración más eficiente»

Donald Trump

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El presidente estadounidense Donald Trump firmó este viernes una serie de órdenes ejecutivas que hace más fácil despedir a los trabajadores del gobierno federal y eludir las prerrogativas de los sindicatos que los representan.



Andrew Bremberg, el jefe del Consejo de Política Interior de la Casa Blanca, dijo que el mandatario está «cumpliendo su promesa de promover un gobierno más eficiente mediante la reforma en el sistema del Servicio Civil».

El diario The New York Times explicó que Trump firmó tres órdenes ejecutivas:

-La primera hace que sea más fácil despedir y disciplinar a los empleados federales, algo que un alto funcionario argumentó que se había convertido en un proceso demasiado largo y difícil: podría llevar de seis meses a un año despedir a un empleado por su bajo rendimiento, seguido de un promedio de ocho meses para resolver las apelaciones.

-La segunda orden ejecutiva ordena a las agencias federales renegociar los contratos con los sindicatos que representan a los empleados del gobierno para reducir el personal. La fuente del NYTimes expresó la esperanza de que, por ejemplo, las agencias podrían dejar de tener que pagar los gastos de ambas partes cuando los sindicatos realizan apelaciones en nombre de los trabajadores despedidos.

-La tercera orden tiene como objetivo reducir lo que se conoce como «tiempo oficial», en el que los trabajadores gubernamentales que desempeñan funciones en el sindicato, como ayudar a colegas a presentar quejas, pueden desempeñar esas funciones durante el horario normal de trabajo para el cual extraen su habitual salario. La orden limita el tiempo oficial al 25 por ciento de sus horas durante el año.

La Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, que representa a 700.000 trabajadores del Estado, se apresuraron a denunciar las acciones, calificándolas como un «ataque a la democracia».

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Fuente: infobae.com