Fiscal General justifica acusación contra Mesa y desestima atender investigación contra 4 autoridades como pide el expresidente

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Sucre. La Fiscalía General del Estado presentó hoy el requerimiento acusatorio de Juicio de Responsabilidades en la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) contra el expresidente Carlos Mesa por el caso Quiborax, en tanto rechazó atender el pedido de Mesa para que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Minería, César Navarro Miranda; al Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich; y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, por la presunta comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes.El Fiscal General Ramiro Guerrero dijo que las autoridades mencionadas por el expresidente no gozan del privilegio constitucional y no pueden ser juzgados por la Ley 044, y por esta razón su Despacho remitió la solicitud de Mesa a la Fiscalía  Departamental de La Paz para el seguimiento correspondiente en el marco del caso Quiborax.Guerrero también explicó que a  través de la cancillería boliviana  se enviará un  cuestionario al expresidente y Agente ante La Haya por la demanda marítima, Eduardo Rodriguez Veltzé,  para que responda  sobre las medidas que en su momento tomó su administración en relación a la empresa chilena Quiborax. (eju.tv /L.M.) / Video: Red Uno

Fiscalía acusa formalmente al ex presidente Carlos Mesa por el caso Quiborax

El fiscal General, Ramiro Guerrero (c), anunció la presentación del requerimiento acusatorio. El fiscal General, Ramiro Guerrero (der), anunció la presentación del requerimiento acusatorio.Correo del Sur Digital / SucreTIPOS PENALESLos tipos penales denunciados son Resoluciones Contrarias a la Constitución y a las Leyes; Incumplimiento de Deberes y Conducta Antieconómica.La Fiscalía General del Estado presentó el requerimiento acusatorio de Juicio de Responsabilidades a las 16:29 de este lunes en la plataforma del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y 15 minutos después, el fiscal General, Ramiro Guerrero, confirmó la acusación contra Carlos Mesa por el caso Quiborax.El Tribunal Supremo de Justicia debe remitir el requerimiento acusatorio a la Asamblea Legislativa solicitando autorización de juicio de responsabilidades.“Lo que hizo el Ministerio Público en estos 30 días, tal cual establece el procedimiento, fue la acumulación de antecedentes en el presente caso (…). Ahora hemos presentando este requerimiento acusatorio ante la Sala Penal que a su vez pondrá a consideración de Sala Plena para que sea elevada a la Asamblea Legislativa Plurinacional”, explicó Guerrero.Carlos Mesa es sindicado por presunto daño económico al Estado en un laudo arbitral en el que perdió Bolivia con el pago de $us 42,6 millones a Quiborax. Él sostiene que la administración de Evo Morales busca endilgarle la responsabilidad de su mala defensa.La Fiscalía General recordó que en fecha 19 de junio del presente año, Mesa junto a su abogado Carlos Alarcón se presentaron a citación del Ministerio Público en la Fiscalía General del Estado, sin embargo una vez instalada la audiencia para la toma de declaraciones y tras la lectura de sus generales de ley, la exautoridad nacional dijo “me remito a mis tres memoriales presentados”, eludiendo con ello las preguntas del Fiscal General del Estado.Entre sus memoriales, Mesa solicita que las investigaciones se amplíen a los ministros de Justicia, Héctor Arce Zaconeta; de Minería, César Navarro Miranda; al Procurador General del Estado, Pablo Menacho Diederich; y a la exministra de Defensa Legal del Estado, Elizabeth Arismendi Chumacero, por la presunta comisión de los Delitos de Conducta Antieconómica e Incumplimiento de Deberes. Por tratarse de autoridades que no gozan de privilegio constitucional el caso fue remitido a la Fiscalía Departamental de La Paz.El Ministerio Público inició la acumulación de antecedentes luego que la Procuraduría General del Estado presentó la denuncia en contra de Carlos Diego de Mesa Gisbert por no cumplir la Ley Nº 2564 y la emisión ilegal del DS 27589 que dieron lugar a la demanda de Arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (CIADI) y el pago de 42,6 millones de dólares.