Procurador citado a responder a 24 preguntas por procesos de nacionalización y pagos del Estado boliviano

El procurador General del Estado, Pablo Menacho deberá presentarse ante el pleno de la Cámara de Diputados para explicar los procesos de nacionalización de 12 años y los pagos por indemnización pactada o por fallos internacionales.Menacho2Pablo Menacho, procurador General del Estado. Foto de archivo.La Paz, 31 julio (ANF).- El procurador General del Estado, Pablo Menacho deberá responder este miércoles ante el pleno de la Cámara de Diputados a 24 preguntas planteadas en una Petición de Informe Oral (PIO), referidas a los diferentes procesos de nacionalización de empresas estratégicas, reversión de derechos mineros, expropiaciones, así como el monto cancelado por el país, tanto por procesos pactados como por laudos arbitrales.El caso Quiborax, por el cual el Gobierno pretende llevar al expresidente Carlos Mesa a un juicio de responsabilidades por la reversión de concesiones que hizo en su momento de los yacimientos de ulexita en el Salar de Uyuni a capitales privados chilenos y bolivianos, destapó interrogantes a un cuestionado proceso de defensa desde el Estado, así como hechos irregulares cometidos por altos personeros de la Procuraduría.A partir de este caso, el diputado opositor, Amilar Barral (UN) planteó al actual Procurador, responder por los procesos de nacionalización, expropiación, reversión y otros que le merecieron al Estado negociaciones de conciliación y en otros juicios ante cortes internacionales con pagos millonarios por indemnización.Entre las preguntas que expone el diputado Amilcar Barral es saber si al momento de dictaminarse de la reversión de derechos mineros del Complejo Vinto y la mina Colquiri mediante decretos supremos 29026, 499 y 1264, se encontraban vigentes las leyes de privatización 1330, de capitalización 1544 y la 1982 y sus decretos respectivos.También cuestiona de por qué no se abrió una investigación formal o procesos de privatización considerados “fraudulentos” para determinar responsabilidades.“¿Pueden los decretos supremos 20026, 499 y 1264 (reversión de derechos mineros) revertir derechos mineros otorgados mediante licitación pública convocada en aplicación a las leyes de privatización 1330, capitalización 1544 y 1982 que son de mayor jerarquía?”, pregunta en uno de los puntos.También consulta las razones por las cuales el Estado no intentó conciliar un monto de indemnización que fuera razonable y beneficiosa para el país y que sea menor al $us 657,7 millones, monto que demandó la firma suiza Glencore Finance.Glencore interpuso una demanda de arbitraje internacional en contra de Bolivia el 2017, por las nacionalizaciones del complejo metalúrgico Vinto y la minia Colquiri.La petición de informe se realizará en medio de fuertes cuestionamientos al proceso instaurado al expresidente Mesa y actual vocero de la causa marítima a quien el Gobierno lo calificó como vocero de la derecha, en un contexto de electoralización prematura rumbo a las elecciones de 2019.