Seis países asiáticos diseñan un plan de acción regional para proteger sus recursos marinos y garantizar el acceso de la población a los alimentos
Ver fotogaleríaUn pescador carga atunes para el mercado de Puerto Princesa. Organizaciones como el WWF forman a los profesionales para usar métodos de pesca menos dañinos y evitar así la disminución de las poblaciones de peces en el Triángulo de Coral. HANNAH REYES MORALES
Anochece en Taytay, una pequeña población costera de la isla de Palawan, en la parte occidental de las Filipinas. Ramil Bohol vuelve del mar después de una jornada de trabajo. Hoy, de nuevo, la pesca ha sido más bien escasa: apenas un par de kilos de mero. “Cuando llegué aquí para trabajar, en los años ochenta, las aguas estaban llenas de peces; solía volver a tierra con unos 20 o 25 kilos”, recuerda. Pero las cosas empezaron a cambiar en la década siguiente con la multiplicación de los barcos comerciales en esta zona del mar de Joló y su consecuente sobrepesca.
La población de peces se vio también afectada por las diversas agresiones a su hábitat natural: el arrecife de coral, donde no solo se reproducen sino también se protegen de los predadores. Por una parte, el calentamiento global aumentó la frecuencia de los episodios de blanqueamiento de los corales, un fenómeno que puede llevar a su muerte si se prolonga en el tiempo. Por otra parte, los años noventa marcaron el inicio de la intensificación de técnicas dañinas. La pesca con cianuro, un método empleado especialmente para atrapar a las especies destinadas a los acuarios, tiene efectos considerables: por cada pez capturado de esta manera, se estima que se destruye un metro cuadrado de coral. En el caso de la pesca con dinamita, las explosiones crean cráteres de dos a tres metros de diámetro.
Además del peligro ecológico, esta situación tiene consecuencias económicas para este municipio de unos 75.000 habitantes. Al contrario de la localidad de El Nido, situada más al norte y que vive principalmente del turismo gracias a sus espectaculares playas, el 70% de la población de Taytay todavía depende de la pesca para subsistir. Pero el caso de Taytay está lejos de ser aislado. Se repite ampliamente en todo el llamado Triángulo de Coral, una zona de seis millones de kilómetros cuadrados que comprende regiones de seis países: las Filipinas, Indonesia, las islas Salomón, una parte de Malasia, Timor Leste y Papúa Nueva Guinea.
Menos conocido que la Gran Barrera de Coral de Australia, su importancia ecológica es aún mayor, ya que alberga el 75% de las especies de coral del mundo, más de 2.200 especies de peces así como seis de las siete especies de tortugas marinas, según WWF. Esto le ha valido el apodo de “Amazonas de los mares”. Frente a sus dificultades comunes, los seis países afectados decidieron unirse para formar la Iniciativa del Triángulo de Coral (CTI) y afrontar así juntos los retos: no solo proteger sus valiosos recursos marinos, sino también garantizar la seguridad alimentaria y mejorar los ingresos de los cerca de 120 millones de personas que viven en las zonas costeras de la región.
“Necesitamos entendernos porque, en la mayoría de casos, no es eficiente que cada país trabaje de manera aislada”, explica Widi A. Pratikto, quien fue el primer director de la CTI. Una evidencia cuando se analiza, por ejemplo, los itinerarios de los peces, que no entienden de fronteras. “Lo mismo pasa con las tortugas marinas: el trabajo de protección en una zona se verá afectado si en la zona colindante siguen capturándolas”, ilustra.
En el marco de esta organización, el trabajo conjunto de los seis países ha tomado la forma de una cooperación triangular, un tipo de cooperación híbrido entre la sur-sur y la tradicional norte-sur. Algunos países industrializados, como Estados Unidos o Australia, instituciones internacionales, como el Banco Asiático de Desarrollo, y ONG medioambientales colaboran con la iniciativa. En base a un plan de acción regional diseñado conjuntamente, cada país elabora sus propias medidas.
Una de las principales herramientas es la creación de áreas marinas protegidas, que se establecen tras identificar las principales zonas de reproducción de peces. En Taytay, la colaboración de WWF y del Gobierno local llevó a la creación del Parque Marino del arrecife de Tecas, una zona de más de 165 hectáreas en la que se impuso una prohibición total de pescar. “El perjudicial blanqueamiento del coral no es necesariamente un fenómeno irreversible”, explica Mavic Matillano, jefa de proyecto en WWF Filipinas. Después de un episodio de decoloración, unas algas se desarrollan en la superficie del coral pero los peces que se alimentan de ellas permiten su saneamiento. A final de cuentas, una mayor población de peces evita que esta situación se vuelva definitiva.
El establecimiento de zonas de prohibición de pesca es un proceso que resulta difícil. Las autoridades se suelen topar con el rechazo de los pescadores, que no aceptan que su fuente de ingresos se vea restringida; hay que tener en cuenta que la provincia de Palawan produce cada año unas 150.000 toneladas de peces. Por ello, una patrulla establecida en un minúsculo islote a pocas millas de la costa vigila la zona las 24 horas del día, pero Matillano cree en las virtudes de la sensibilización: “Les decimos que estas zonas son sus cuentas de ahorros para el futuro”. También cree que se ha aprendido de los errores del pasado. “El principal fallo era que se diseñaban estas áreas principalmente para proteger la biodiversidad en vez de para recuperar las poblaciones de peces y mejorar los ingresos de los pescadores”, reconoce. Para reforzar la aceptación de la medida, se implementaron programas para formar a los afectados en técnicas menos destructivas o para ofrecer nuevas fuentes de ingresos, como el cultivo de algas o la piscicultura.
El objetivo de la CTI es que el 20% del espacio marítimo y de las zonas costeras de los países miembros estén bajo algún tipo de protección en el año 2020. Todo el esfuerzo de la CTI consiste en coordinar estas áreas marinas protegidas para racionalizar los costes e incrementar la eficiencia de cada una de ellas. Para Mavic Matillano, esta cooperación internacional también tiene una incidencia en la aceptación de estas medidas por parte de la población y de las autoridades. “La CTI es ahora más consciente de lo que está en juego. Se sienten parte de algo más grande y el resultado es que su compromiso para la conservación de la zona es mayor”, concluye.
Fuente: www.elpais.com