Pugna política y sindical por el control de Tariquía

Las comunidades de la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía, que se oponen al ingreso de las petroleras al área protegida, denunciaron que durante  el último mes se ha intensificado la presión a nivel político y sindical  para que den su brazo a torcer y se inicien las actividades de exploración y explotación.Según los dirigentes de la subcentral de Tariquía, una muestra clara de ello es  la creación irregular de una subcentral paralela a la suya   llamada Tariquía Río Tarija  afín al MAS.La dirigencia que   defiende la reserva natural se reunirá hoy para analizar   las medidas que asumirán, entre ellas figura proponer la creación de un nuevo municipio y desconocer a los dirigentes de la Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUTCC) que posesionaron a la nueva subcentral.“Se analizará proponer la creación de un nuevo municipio, una tercera sección (municipal). La provincia Arce está conformada por dos secciones: Padcaya y Bermejo. Los cinco distritos que son parte del cantón Tariquía formarían parte de la nueva sección (…). Nos toca analizar primero esto, para luego determinar si se consultará con  estos distritos”, sostuvo el secretario de Recursos Naturales de la subcentral Tariquía, Francisco Romero.Durante una entrevista con Página Siete, el dirigente manifestó que se estudiará esta posibilidad porque las autoridades que los  representan    están en favor de las petroleras y  buscan debilitarlos; en especial, en el distrito ocho en donde se centraliza la defensa del área protegida y que forma parte de la subcentral de Tariquía.

La Reserva Nacional de Tariquía comprende 246.870 hectáreas, está al sureste del departamento de Tarija. El área protegida es única debido a la biodiversidad que alberga,  conformada por 808 especies de flora y 406 especies de fauna, entre ellas el jaguar y osos de anteojos, según datos difundidos por Mongabay.La subcentral de Tariquía y varias   organizaciones conforman la Defensa de Tariquía, un frente común  que se opone al ingreso de las empresas petroleras al área protegida porque consideran que es un atentado a los derechos de la Madre Tierra y de sus comunarios.Según el investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (Cedib), Jorge Campanini, hasta el momento, las empresas que tienen contratos firmados dentro de  la reserva y en el área de amortiguamiento   son Petrobras y YPFB Chaco SA y que se conoce que los proyectos que están en marcha suman la perforación de cuatro pozos. Éstos son San Telmo Norte (2), Churumas (1) y Astillero (1).“En el caso de San Telmo Norte, Astillero y Churumas lo que se puede encontrar es que se ha iniciado el trámite para obtener la licencia ambiental, esto hace tiempo. No sabemos si ha salido la licencia, no creo porque no ha habido consulta”,  destacó el  experto en temas energéticos y extractivismo.A inicios de octubre, el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, dijo que se tenía identificado dónde se perforarían los pozos, que uno está dentro y otro fuera de la reserva natural respecto a las áreas de influencia de los proyectos San Telmo y Astillero.

“Los medioambientalistas no saben dónde será el pozo, si se les pregunta en qué coordenadas será el pozo no lo saben, ellos asumen que es dentro del corazón de Tariquía (…). Pero le voy a dar la primicia; están a la orilla y otra está fuera del área, pero son coordenadas”, afirmó el Ministro a la agencia de noticias ANF.Una subcentral paralelaSobre la pugna por el control del área, Romero aseguró que  la creación de una subcentral paralela  es una acción directa para dividir el movimiento campesino, en favor de la exploración y explotación petrolera. Para el dirigente esto es impulsado, desde hace varios años, por el Gobierno, asambleístas y alcaldes para  generar  un cerco que “asfixie” la defensa de la Reserva Nacional.“La Federación (FSUTCC)  a través de sus dirigentes principales ha violentado el estatuto orgánico y las normas estatutarias, dando posesión a una subcentral paralela, dividiendo la subcentral campesina de Tariquía (…). Con la posesión, la Federación le da legalidad a una formación ilegal para dividir a la subcentral legalmente establecida”, dijo Francisco Romero.Dos bloquesLas comunidades que aún  son parte de la subcentral de Tariquía son Acherales, San José, Puesto Rueda, Pampa Grande, San Pedro y parte de Motoví.Las que se separaron para integrar la subcentral nueva son Cambarí, Chillahuatas, Acheralito, Volcán Blanco y parte de Motoví. Todas son parte del distrito 8,  en el municipio de Padcaya.



Nos sentimos muy presionados porque no tenemos apoyo de las autoridades en el distrito ni en la Alcaldía (de Padcaya) (…). Ellos están en pleno acuerdo de que ingresen las petroleras a explorar y explotar nuestro territorio. A los que están a la cabeza (de la FSUTCC) no les importa cuidar la madre tierra y el agua, solamente tienen interés de cuidar sus bolsillos”, enfatizó la ejecutiva de la subcentral de Tariquía, Paula Gareca.Consultado sobre la presión que sienten los dirigentes, el alcalde de Padcaya, Róger Farfán, aclaró que  está a favor del ingreso de las petroleras y que los distritos 9, 10 y 11 están acompañando el proceso de exploración.Complementó que por lo que sabe, sólo  algunas comunidades del distrito 8, que pertenecen a la subcentral de Tariquía, las que  se oponen a las petroleras.“Yo en ningún momento he participado en las decisiones orgánicas y sindicales de las comunidades (…). Independientemente de cómo se organicen, yo como Alcalde tengo que apoyar si hay dos, tres, cuatro subcentrales; tengo que trabajar con ellas”, afirmó Farfán.Entre la ilegalidad y el estatutoEl estatuto orgánico y reglamento interno de la FSUTCC 2018 establece en su capítulo 25 que, “las subcentrales nuevas deben organizarse como mínimo con cinco sindicatos comunales con carácter obligatorio, lo que no está permitido es que las actuales, las ya consolidadas se subdividan o fragmenten, estas representan la continuidad territorial de los sindicatos, representando los intereses y reivindicaciones de los mismos”.

Del mismo modo, en su artículo 6 se establece que “no se reconocen a organizaciones paralelas”.Gareca explicó que este artículo evidencia la ilegalidad de la conformación, porque la subcentral paralela fue posesionada con cuatro comunidades y media y que todas pertenecían con anterioridad a la subcentral de Tariquía, que tiene personería jurídica y base legal a diferencia de la recientemente avalada.La posición de la FSUTCCEl máximo ejecutivo de la FSUTCC, Osvaldo Fernández, informó a este medio que las comunidades que formaron una nueva subcentral decidieron separarse de la  de Tariquía porque no atendían sus necesidades.“Las comunidades han tomado la decisión de formar su subcentral, esto está en manos del Ejecutivo de la central de Padcaya, ellos no han dado oposición (…). Por ese motivo nosotros, como dirigentes de la Federación, hemos posesionado con el visto bueno de la comunidad, que está conformada con 15, 25 y 30 afiliados, ellos han dado el ‘Ok’  de que se cree una nueva subcentral”, dijo Fernández.El Ejecutivo destacó que las actas de cinco comunidades presentadas por los afiliados dieron posesión a la nueva subcentral con el objetivo de unificar la FSUTCC y no de dividir como aseguran “15 personas que salen a dar declaraciones a los medios de comunicación”.

Respecto a la legalidad de la creación de una nueva subcentral estipulada en el estatuto orgánico, Fernández dijo que las personas de las comunidades de la nueva subcentral ya  están afiliadas, que no se trata de comunidades nuevas y que  tienen personería jurídica, sin ahondar en el tema.Sobre las denuncias de la presión que se ejerce para el ingreso de las petroleras manifestó: “yo he entrado a fortalecer la organización, no hemos entrado a ver el tema de Tariquía, de las petroleras. Nosotros no estamos metidos en eso”, indicó Fernández.El Ejecutivo finalizó anunciando que este mes se convocará a una reunión con las 78 subcentrales que conforman siete centrales a nivel departamental.

Algunas resolucionesDe momento, los dirigentes de Tariquía han resuelto no asistir a las convocatorias de la FSUTCC a menos  que  esté la Asamblea Permanente de Derechos Humanos  (APDH), el Defensor del Pueblo, la iglesia Católica y también la Policía Nacional.Aseguran que seguirán luchando para que no se destruya el medioambiente, la dignidad de la Reserva Nacional, que es su hogar.La semana pasada,  las comunidades Chiquiacá Norte y Chiquiacá Centro, también  ubicadas dentro de la reserva, bloquearon y denunciaron el ingreso de maquinaria para trabajos de perforación de Petrobras, según informó a Radio Fides el encargado de la comisión de Derechos Humanos y parte del Colectivo de Defensa de Tariquía, David López.“Nos queda unirnos con las otras comunidades de la reserva para seguir defendiendo el territorio”, concluyó Gareca.Los cuatro  pozos en la Reserva NacionalPágina Siete  / La Paz

El investigador del Centro de Documentación e Información Bolivia (CEDIB) Jorge Campanini denunció en su momento que hay cinco áreas de interés para el establecimiento de campos hidrocarburíferos dentro y en áreas de amortiguamiento  de la Reserva Nacional de la Flora y Fauna de Tariquía.Estos son Huacareta, Churumas, San Telmo Norte, San Telmo Sur y Astillero. La empresa Shell hizo un estudio sísmico 2D en    Huacareta,  que se constituye en el área de amortiguamiento de la Reserva Nacional.En San Telmo Norte se ha firmado un contrato este año con Petrobras (60%) y YPFB Chaco SA (40%). Sobre éste se anunció la realización de un  proceso de licenciamiento ambiental para dos pozos.En cuanto a  San Telmo Sur, se trata de  un área reservada para Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que aún no tiene contrato. No obstante, se hizo un estudio sísmico 2D,  en el área de amortiguamiento.“Chaco tiene previsto hacer las tareas de perforación de un pozo e intervención de otro en Churumas. Esto es delicado porque Churumas se sobrepone a la zona de protección intangible, el área núcleo de la reserva natural”, indicó Campanini.Por último, Astillero tiene un contrato, que fue firmado este año, compuesto por YPFB Chaco SA (60%) y Petrobras (40%) y se tendría  previsto perforar dos pozos, uno al borde del área protegida y otro en el área de amortiguamiento, según los datos recabados por el Cedib.

Los Decretos Supremos 2298, 2366 y 2400 aprobados  por el presidente Evo  Morales el año 2015, establecen  la apertura de áreas protegidas y parques nacionales a actividades petroleras e hidrocarburíferas. Éstos establecen  nuevas normativas y parámetros ambientales, así como la modificación del derecho a la Consulta Previa.Frente a este panorama, el  experto en temas energéticos explicó que hay una presión muy grande para ingresar al área protegida y  que los procesos de Consulta en Bolivia no determinan si  los proyectos avanzan o no, es el Estado el que define.“En el fondo la consulta en Bolivia no es vinculante, es una puesta en escena de un diálogo desigual, que se da  entre David y Goliat, si vale el término, y que nunca va a ser justo. Siempre va a terminar en beneficio del más fuerte, mucha gente piensa  que al participar de la consulta puede lograr algo, pero  no es así”, dijo Campanini.Sobre las acciones a tomar, el experto que  argumenta que  el posible  camino  para quienes defienden  Tariquía es  pedir al  Estado la extinción de todos los derechos petroleros sobre el área protegida, el desplazamiento de todos los bloques petroleros, la anulación de los contratos petroleros y los trámites de las licencias ambientales, que están en pleno proceso.Fuente: paginasiete.bo