Movimientos sociales que años atrás se movilizaron a favor del impeachment a Dilma Rousseff organizaron una protesta pacífica en distintas ciudades del país contra una reciente decisión del Supremo Tribunal que afectaría a diversos casos de políticos acusados de corrupción
Grupos activistas y movimientos que en los últimos años actuaron en las calles contra la corrupción en el Partido de los Trabajadores (PT) y a favor del impeachment de Dilma Roussef convocaron una nueva manifestación callejera para este domingo en defensa de la investigación del Lava-Jato y contra la maniobra tomada por el Supremo Tribunal Federal el pasado jueves.
De alcance nacional, la protesta contará con la presencia de miembros del Movimiento Brasil Libre y del grupo Vem Pra Rua (Vamos a la calle, en portugués).
Los organizadores publicaron en redes sociales una imagen con los horarios del inicio de los encuentros en distintas ciudades de Brasil. En la Avenida Paulista, la congregación empezará a las 14:00, hora local, frente al famoso Museo de Arte de São Paulo (MASP).
El Supremo Tribunal Federal de Brasil decidió el jueves que cuando un caso de corrupción incluya irregularidades en campañas políticas la competencia será de la justicia electoral, lo que sembró dudas sobre el futuro de la operación Lava Jato, que este domingo cumplirá cinco años.
La mayor acción contra la corrupción realizada en Brasil, que incluso permitió descubrir tramas similares en una decena de países de América Latina y en algunos de África, se apoyó sobre todo en la prevalencia de la justicia penal sobre la electoral cuando los desvíos de dinero también habían financiado campañas políticas.
Esa convicción judicial, sin embargo, fue alterada este jueves por el Supremo, que en un juicio sobre competencias decidió que si alguna denuncia trata sobre asuntos de corrupción y al mismo tiempo incluye fraudes en comicios, será tratada por la justicia electoral, considerada en medios jurídicos como más «blanda» que la penal.
El polémico fallo se dio en una ajustada votación (6-5) que dejó en evidencia las discordias que existen al respecto entre los once miembros del Supremo, que en Brasil actúa como corte constitucional.
La muy apretada mayoría respaldó la posición del instructor del proceso, Marco Aurelio Mello, quien subrayó lo «tenue» de la línea que separa la práctica de «Caja B», que consiste en ocultar recursos obtenidos para una campaña, de un claro delito de corrupción.
Mello, así como otros cinco magistrados, consideró que si existe un delito relacionado con comicios, el caso deberá ser juzgado en primer término por la Justicia electoral, especializada en esos asuntos y «preparada» también para dictar sentencias penales.
Entre quienes se opusieron a la decisión estuvo la presidenta del Tribunal Superior Electoral, Rosa Weber, también integrante de la Corte Suprema, quien subrayó la «extraordinaria competencia» de esa instancia, pero admitió que «se especializa en asuntos diferentes a la esfera penal».
El magistrado Luis Barroso, quien también votó en contra de la decisión mayoritaria, lamentó que «se cambien paradigmas en un país devastado por la corrupción», cuando «finalmente se están logrando avances efectivos contra esa lacra».
La decisión adoptada por el tribunal ya había sido rechazada de antemano por el ministro de Justicia, Sergio Moro, quien hasta el año pasado fue responsable del desarrollo de la operación Lava Jato en primera instancia, en la que juzgó y condenó a influyentes políticos, como el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
«Si verificamos estadísticas de condenas penales en la Justicia electoral, probablemente no encontraremos números muy felices, y no porque no haya crímenes, sino porque ese sistema está centrado en la organización de elecciones y la solución de controversias en torno a los comicios», declaró Moro esta semana.
El ministro apuntó que «lo más conveniente sería que los juicios electorales y comunes, como la corrupción, sean separados», como de hecho ha propuesto en un proyecto de enmienda constitucional que ha remitido al Congreso para intentar «pacificar» las discordias que existen sobre el asunto.
La procuradora general, Raquel Dodge, quien solicitó al tribunal que las acusaciones fueran separadas cuando se trata de delitos comunes y electorales, consideró que la sentencia del Supremo «no constituye un riesgo» para la Lava Jato «en este momento». Aun así, garantizó que el Ministerio Público estará «atento» a «los próximos pasos» y que mantendrá «el foco en la lucha contra la corrupción y la impunidad».
El polémico asunto desató en los últimos días fuertes discusiones en la prensa y en redes sociales, en las que magistrados del Supremo favorables a la decisión finalmente tomada fueron insultados y hasta tachados de corruptos.
Sin aclarar si se refería a eso específicamente, la Corte Suprema anunció este jueves que ha iniciado una investigación penal sobre «noticias falsas», «calumnias» y «ofensas» dirigidas al tribunal y a sus miembros, la cual tramitará bajo estricto secreto.
Con información de EFE
MÁS SOBRE ESTE TEMA:
TEMAS RELACIONADOS
Brasil Corrupción en Brasil lava jato San Pablo
Fuente: infobae.com