Se estima una pérdida de 566.738 hectáreas de bosques, de las cuales al menos el 40% correspondería al bosque chiquitano, pero hay propuestas de modelos viables, como los sistemas agroforestales, que tienen múltiples beneficios para el desarrollo.
Foto:AFPCarmelo Peralta Rivero Investigador del CipcaEn esta nota se hace un análisis, en lo que va del 2019, sobre los impactos socioambientales de las áreas afectadas no sólo a causa de los recientes incendios forestales, sino también de su relación con el vigente modelo productivo extractivista que persigue la consolidación de complejos productivos agropecuarios que empiezan a configurarse de momento a costa de la depredación de la Chiquitania, Amazonia y Chaco.Asimismo, se proponen modelos de producción alternativos y sostenibles, implementados y validados por los productores de la agricultura familiar, por su viabilidad productiva y aporte a la economía y seguridad alimentaria de la población de diferentes regiones de Bolivia, pero también porque podría ayudar a la recuperación de sistemas productivos, naturales y humanos del área afectada.Valoramos la impresionante generación y disponibilidad de información por parte de instituciones bolivianas y extranjeras sobre los incendios, ésta debe de servir para promover medidas de control y prevención.Según informes, los focos de calor en 2019 se incrementaron exponencialmente ocasionando hasta el 27 de agosto un total de 2,1 millones hectáreas de bosques y pastizales quemados, principalmente en la Chiquitania, Chaco y Amazonia boliviana (Safrip-FAN, 2019), de las cuales 954.000 hectáreas fueron incendiadas en tan solo 20 días del mes de agosto en los departamentos de Santa Cruz y el Beni afectando a decenas de comunidades y más de 2.000 familias.El aumento de focos de calor desde el mes de julio debido a factores antrópicos (quemas por chaqueos) y condiciones naturales (sequía, baja humedad relativa, la disponibilidad de material vegetal que actúa como combustible y los vientos), coinciden con la promulgación del Decreto Supremo 3973 del 9 de julio del 2019 que “autoriza el desmonte para actividades agropecuarias en Beni y Santa Cruz”.Ya se había alertado sobre los posibles efectos por la modificación del DS 26075. Del 10 al 31 de julio, 4.270 focos fueron detectados a través de satélites Aqua MODIS y Terra MODIS de la NASA, y otros 26.731 del 1 al 31 de agosto. La frontera agropecuariaPodríamos decir que existe una relación directa entre la ampliación de la frontera agropecuaria y el aumento de los focos de calor y consiguientes áreas quemadas, puesto que resalta la coincidencia de su localización con los complejos productivos extractivistas proyectados por la ABT sobre todo para Santa Cruz y el Beni.Los focos de calor estuvieron situados principalmente en las áreas proyectadas para los complejos: ganadería intensiva Chiquitania-Pantanal, donde se perdió gran superficie de bosque chiquitano; complejo ganadería Beni y sus áreas de expedición agropecuaria; y en el complejo agricultura intensiva en el corredor SantaCruz-Beni.Lógicamente, esa coincidencia tiene el trasfondo de incrementar la frontera agropecuaria, la cual viene siendo sustentada por una serie de leyes y decretos (Ley 740, Ley 741, DS 3973 entre otros), en su mayoría sin reglamentación o justificación técnica y menos aún científica para su aplicación y regulación. Esta situación afecta a todos los actores sociales, y más aún, aquellos que no se relacionan con las mismas.Por otro lado, es importante señalar que los focos de calor y por consiguiente áreas quemadas impactaron a áreas boscosas catalogadas como de potencial agropecuario y agropecuario en producción. Por lo general, en esta época del año los grandes ganaderos preparan sus terrenos para un nuevo ciclo de producción y los pequeños productores de comunidades campesinas e indígenas por lo general recién chaquean en octubre, previo a la época de lluvias.Existe una coincidencia de áreas quemadas y su localización en lo que serían dos complejos productivos (ganadería intensiva Chiquitana-Pantanal y Ganadería Beni) y las tres áreas de expedición de la agropecuaria para Beni. Las pérdidasTomando como base la cobertura de tipos de bosques de la OTCA y MMAyA (2015) y las áreas quemadas reportadas por (Satrifo-FAN, 2019), se estima una pérdida de 566.738 hectáreas de bosques, de las cuales al menos el 40% correspondería al bosque chiquitano, un 34% al bosque chaqueño y 10% al bosque amazónico, etcétera. Lo ideal sería tener una cobertura forestal de uso reciente a los incendios forestales para determinar con exactitud los cambios de cobertura forestal y usos de suelo.Por otro lado, una primera aproximación nos indica que todas las áreas quemadas (bosques, pastizales y otros) para tierras bajas están localizadas en propiedades privadas (495.368 ha), en TCO-TIOC alcanza las 140.126 ha y en comunidades campesinas 46.484 ha. El resto de áreas quemadas se encuentran localizadas en tierras fiscales, tierras en saneamiento, áreas naturales protegidas y otras sin identificación. No obstante, habrá que actualizar los datos según el avance de la titulación de tierras por parte del INRA, y puede que el área quemada aumente para algunos de los actores sociales que poseen tierras.Recursos forestalesCon todos los datos expuestos, en Bolivia el fenómeno de la subvaloración de los recursos forestales por parte de algunos actores sociales, principalmente grandes ganaderos y de grandes empresas agroindustriales, va en aumento. Generalmente ven al bosque como un obstáculo para el desarrollo de sus actividades y no valorizan el aporte socioeconómico y ambiental que genera, más aún cuando los bosques están degradados por causa de la tala selectiva o por los incendios forestales que debilitan sus funciones naturales y su valor económico, siendo el siguiente paso la deforestación y por consiguiente la ampliación de la frontera agropecuaria.Este fenómeno es muy diferente para otros actores, como las comunidades campesinas e indígenas, quienes realizan actividades agropecuarias sostenibles y tienen una relación directa con los productos del bosque para generar su economía y seguridad alimentaria. Hacia un desarrollo eficientePresentamos algunas propuestas de modelos de producción que han sido exitosos en diferentes regiones de Bolivia y podrían ser una alternativa viable para fomentar la producción y recuperación de sistemas productivos y naturales tanto para la Chiquitania, Amazonia y Chaco, sin distinción de actores sociales. No se trata de seguir ampliando la frontera agropecuaria, sino más bien, mejorar los procesos de producción aumentando la productividad de manera sostenible y eficiente.Una alternativa son los sistemas agroforestales (SAF). Éstos generan múltiples beneficios:1) En el ámbito económico los SAF presentan un rendimiento económico muy alto, con una estimación de 55.000 bolivianos de ingresos generados en los primeros 10 años de producción en una parcela de una hectárea. Estos ingresos son superiores a otras alternativas ampliamente promovidas como la ganadería vacuna y la producción de arroz que típicamente generan entre el 20 a 30% de estos ingresos por hectárea en el mismo lapso de tiempo;2) En lo ambiental, los sistemas agroforestales SAF en promedio almacenan hasta 127,4 toneladas de carbono por hectárea (TnC/ha) según el contexto y edades de las parcelas. De manera anual un SAF captura en promedio 16,5 TnC/ha/año y tienen un potencial muy alto para mecanismos de mitigación del cambio climático y conservación de la biodiversidad;3) En lo social, contribuyen fuertemente al bienestar personal y las familias que los implementan, quienes destacan que los SAF les han permitido obtener autonomía e independencia, además, éstos generan fuentes propias de empleos y mejoran sus medios de vida que les permite generar estrategias para construir un modo de vida digno. GanaderíaOtra alternativa es la ganadería semiintensiva que en lo económico-productivo, utilizando menos tierra para la producción genera beneficios atractivos en relación con una ganadería tradicional extensiva. Ureña y Villagra (2016) demostraron que incrementando biomasa forrajera y silvopasturas en sistemas semiintensivos, se incrementa la natalidad de ganado bovino de 50 al 80% y se disminuye la mortalidad en terneros de un 10 a un 5%.Asimismo, se ha logrado obtener animales con mayor, peso en menos tiempo (pasaron de 4,5 a 3 años para alcanzar animales de 400 kg). Peralta-Rivero y Cuéllar (2018) demuestran que el ingreso económico de un sistema de manejo ganadero semiintensivo de 5 años con aproximadamente 500 hectáreas con hasta 200 cabezas de ganado genera más del doble de los ingresos económicos anuales de hasta 83.184 bolivianos que un sistema extensivo con características similares.En el aspecto social, la ganadería semiintensiva genera bienestar en las familias, pero, sobre todo, empleos y contribuye a satisfacer las necesidades básicas.Cuando se trata de una ganadería comunitaria, la organización de productores es alta y les permite superar dificultades y aprovechar mejor sus potencialidades para la consolidación de sus sistemas ganaderos.También, ayuda a miles de familias a incrementar su capital humano y consolidar su territorio bajo un enfoque responsable del manejo, aprovechamiento y conservación de sus recursos naturales bajo la lógica de gestión territorial (Peralta-Rivero y Cuéllar, 2018; Ureña y Villagra, 2016).En el ámbito ambiental, un hato ganadero bajo manejo semiintensivo emite hasta 50% menos emisiones de metano por mejor alimentación y aprovechamiento de los recursos en el sistema productivo, pero también, por la práctica de rotación de mangas, clausura de montes o áreas con vegetación y manejo del hato, lo que evita emisiones de hasta 10,39 toneladas de carbono por hectárea en diferentes reservoriosdel sistema en relación con un sistema de manejo de ganadería extensiva.También, contribuye a la regeneración natural de la vegetación, clave para el sustento del sistema productivo, pero también, reduce la carga animal considerablemente de 14 a 5 hectáreas por unidad animal, e inclusive, hasta una hectárea cuando se implementa silvopasturas reduce considerablemente la compactación de los suelos, clave para el equilibrio ecológico del sistema (Peralta-Rivero y Cuéllar, 2018; Ureña y Villagra, 2016), y ha demostrado ser más sostenible y resiliente a los efectos adversos del cambio climático (Torrico et al. 2017).Agricultura Otro modelo a implementarse puede ser la agricultura bajo riego que ha demostrado que los ingresos familiares de productores pueden llegar entre 5.600 a 9.000 bolivianos mensuales cuando existen mercados establecidos para los productos, pero va a depender mucho del contexto productivo (Zegada y Araujo, 2018).El riego también contribuye un mejor manejo del agua, cambia el paisaje rural, aumenta la vegetación, la diversificación productiva, además, con innovaciones tecnológicas reduce el esfuerzo y tiempo en la producción, trayendo consigo beneficios socioambientales para las familias.Finalmente, no basta solo con proponer modelos alternativos sin que haya la voluntad y empoderamiento desde quienes promueven las políticas de desarrollo productivo en el país, hasta quienes reciben el apoyo para implementación de modelos de desarrollo. Será fundamental avanzar con base a los aprendizajes de varios años de trabajo en el sector agropecuario y forestal, y que este suceso de los incendios no se lo considere ocasional y que, en realidad, la pausa ecológica sea verdadera y respetada.Si no se toman medidas al respecto, preguntamos, ¿qué sigue después de los incendios? ¿Será acaso la hora de los cambios de los Planes de Usos de Suelo (PLUS) de los departamentos de tierras bajas? ¿Será posible que conozcamos los fundamentos técnicos, científicos, socioambientales y políticos para el cambio de los PLUS?
Las autoridades nacionales relacionadas con el control y fiscalización de los bosques, de tierras, así como de los recursos naturales y cambios climáticos en Bolivia, deberán ser propositivos y coherentes con sus propuestas de desarrollo según la región y las propuestas que deben ser construidas de manera inclusiva con los diferentes sectores de la sociedad civil del país, quienes deben ejercer un control social permanente a las políticas de desarrollo, puesto que tienen impactos directos sobre todos los bolivianos.A raíz de los incendios, ha quedado claro que los sistemas de control y sobre todo de prevención de estos eventos en los municipios, gobernaciones y otras autoridades del Estado, no son eficientes ni suficientes.Fuente: Página Siete
