La presidenta Jeanine Áñez ordenó “todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”. El ministro Marcelo Navajas presentó la denuncia.
El Director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud fue aprehendido en las últimas horas por la compra cuestionada de 170 respiradores. El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, informó que su colega de Salud, Marcelo Navajas, presentó la denuncia ante la Fiscalía para establecer responsabilidades y si hubo sobreprecio.
“Este es un gobierno de la transparencia, que no va a socapar a nadie, se tiene que investigar, son recursos públicos de los bolivianos. Este es un gobierno que investiga, sanciona, inmediatamente abre la investigación, no estamos en el anterior gobierno que socapaba esta clase de actos que iban en contra de los recursos de los bolivianos”, afirmó
Navajas presentó la denuncia, según reveló, a la Fiscalía, pese a que en pasados días defendió el proceso de adquisición de los 170 respiradores avalados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El director general de la multinacional española GPAInnova, Pau Sarsanedas, explicó esta mañana que la venta de los 170 respiradores para Bolivia se realizó a través de intermediarios, no directamente con el gobierno transitorio de Jeanine Añez, y a un precio base de $us 10.312 (9.500 euros), incluyendo accesorios.
No obstante, el Gobierno pagó por cada uno $us 27.683. “En el caso del modelo Advance cuesta 11.000 euros; nosotros vendimos a Bolivia el modelo básico que es más barato”, dijo Sarsanedas, aunque indicó que el precio de este dispositivo llega a 6.000 euros ($us 6.513), sin accesorios.
La tarde de este martes se detuvo a Fernando V., director Jurídico del Ministerio de Salud. Su aprehensión se da después de la denuncia ante una serie de cuestionamientos a la adquisición de los equipos españoles.
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, Fernando V. fue aprehendido «luego que Transparencia evidenció que fue él quien se encargó de la adquisición directa de la compra de los ventiladores. De acuerdo con los reportes, recibió la proforma en una empresa que ofrecía respiradores a mitad de precio, pero, pese a ello, compró los respiradores más caros».
La presidenta Jeanine Áñez también anunció el inicio de acciones legales por las denuncias de irregularidades en la compra de los equipos que fueron cuestionados por especialista porque no servirían para atender a pacientes críticos de COVID-19, pese a que ese era el fin.
“Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado”, posteó Áñez en su cuenta en Twitter.
Gracias a denuncias en redes y medios iniciamos investigación sobre posible corrupción en compra de los respiradores españoles. Pido cárcel y ordeno todo el peso de la ley contra quienes se hubieran llevado un solo peso. Cada centavo de corrupción debe ser devuelto al Estado.
— Jeanine Añez Chavez (@JeanineAnez) May 19, 2020
De acuerdo al Ministerio de Gobierno, un documento que circuló en redes sociales derivó en la presentación de la denuncia. En ese documento, el cónsul de Bolivia en España, David Alberto Pareja, reporta que el viernes (8 de mayo) se comunicó con “Fernando V., quien me comenta que había llegado una proforma de otra empresa, y yo le informo que no podía garantizar la existencia de dicha empresa, ni la existencia de dichos respiradores que se ofertaban, por lo que le aconsejaba prudencia en la toma de una decisión en la adquisición”.
El documento agrega: “El sábado, a las 18:01 (hora España) se comunica con mi persona Fernando V. para informarme que ya estaba aceptada la oferta de la compra de los respiradores de la empresa GPA Innova a través de la empresa IME Consulting, y me solicitaba que haga un seguimiento exhaustivo para que los respiradores sean entregados en los tiempos establecidos”.
La Fiscalía inició la investigación.
Fuente: La Razón