En la audiencia definirá si el ex ministro de Salud, el ex director jurídico de ese Ministerio, Fernando Valenzuela; el ex director de Aisem, Geovanni Pacheco, y las funcionarias Ana Espinoza y Gabriela Pérez, se defenderán en la cárcel o con medidas sustitutivas.
El juez undécimo de instrucción en lo penal, Hugo Huacani, restituido en sus funciones, inició la audiencia cautelar (antes de las 18:00) en el Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia, en contra de el ex ministro de Salud, Marcelo Navajas; el ex director jurídico de ese Ministerio, Fernando Valenzuela, el ex director de Aisem, Geovanni Pacheco, y las funcionarias Ana Espinoza y Gabriela Pérez, por los delitos de contratos lesivos al Estado y otros.
El viernes, de forma sorpresiva el juez Huacani, fue detenido y llevado a dependencias policiales, denunciado por presunto prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes por emitir una resolución que habría favorecido a la ex empleada del ex ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Huacani planteó una acción de libertad por procesamiento indebido y el juez Sexto en lo Penal de El Alto, dispuso la libertad de su colega en una audiencia que concluyó a la 2:00 de la madrugada de este sábado. Además, el Ministerio Público envió un comunicado en el que aclaró que nunca ordenó esa detención.
Ya restituido a su puesto, hace minutos comenzó la audiencia cautelar por la compra de 170 respiradores españoles con presunto sobreprecio.
Se instala la audiencia de medias cautelares que definirá la suerte de Navajas y otros 5 imputados
La defensa de los imputados no logró la acción de libertad. El juez llegó una hora y media más tarde de la citación, lo que hacía temer por el desarrollo del acto procesal.
Luego de dos intentos fallidos, minutos después de las 17.30 de este sábado, se instaló la audiencia de medidas cautelares que definirá la suerte del exministro de Salud, Marcelo Navajas, y otros cinco imputados en la compra presuntamente irregular de 170 respiradores.
El desarrollo del acto procesal fue posible tras el arribo del juez décimo primero de Instrucción en lo Penal de La Paz, Hugo Huacani, al Salón Rosado del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), donde los acusados y sus abogados esperaron desde las 16.00.
Además de Navajas, los otros cinco imputados por la adquisición dolosa de 170 respiradores –se presume que la transacción fue hecha con sobreprecio– son: Geovanni Pacheco, director de la AISEM (Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico); Fernando Valenzuela, director jurídico del Ministro de Salud; Fernando Humérez, uno de los intermediarios de la compra (que de inicio se presentó como “testigo clave”); y dos consultoras cuyos salarios son cubiertos por el BID como financiador de las compras estatales en esta contingencia.
Los abogados defensores de los imputados presentaron, cada uno, una acción para que sus clientes puedan defenderse en libertad, pero el juez denegó las solicitudes y dio inicio a la audiencia, según constató La Razón Digital en los juzgados.
Sin cambio de juez
Dos audiencias fueron suspendidas en días pasados: la del jueves porque se solicitó que el acto procesal sea presencial y no virtual, como se pretendía; y la del viernes porque Huacani fue aprehendido sorpresivamente.
Ese día, el Concejo de la Magistratura informó que tomó conocimiento del traslado del juez Huacani a dependencias de la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) a efectos investigativos. “Veremos de qué proceso se trata, por ello se ha suspendido la audiencia cautelar (de Navajas y los otros acusados)”, precisó el presidente del Consejo de la Magistratura de La Paz, Aldo Castro.
Ante los hechos, la Magistratura emitió un memorándum de suplencia. “Se está notificando al juez suplente y estamos a la espera de que este juez señale el día y la hora para la nueva audiencia”, complementó Castro. Por tanto, este sábado sorprendió que fuera el propio Huacani quien presidiría dicha audiencia.
El exministro y las otras cinco personas son investigados por los delitos penales de uso indebido de influencias, uso indebido de bienes y servicios públicos, incumplimiento de deberes, delitos contra la salud y contratos lesivos al Estado, todos tipificados en el Código Penal.
Bolivia pagó, por cada uno de los respiradores adquiridos de la empresa española GPA Innova, $us 27.683, cuando el precio de fábrica es de $us 7.099. Tres intermediarios que se quedarían con una ganancia de cerca de un millón de dólares (a ser distribuida entre todos) fueron parte de la transacción.
(23/05/2020)