Evo militariza pozos petroleros y el Chaco bloquea desde el 25

Los cívicos opositores aprobaron un manifiesto de cinco puntos. Se declaran en «pie de guerra» en contra del proyecto de Constitución impulsado por el MAS, exigen la derogación del decreto de distribución del IDH y piden cobrar más a Argentina y Brasil por el gas, y el repliegue del INRA.LA PRENSACampesinos afines al MAS estrangulan a Sucre con bloqueos y se agrava el desabastecimiento de alimentosEL CHACO BLOQUEARA POR EL IDH Y EL GOBIERNO MILITARIZA POZOSLa Junta Cívica del Chaco determinó iniciar un bloqueo indefinido de caminos desde el lunes por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y en rechazo a la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado (CPE) mientras el Gobierno consolidó ayer la militarización de los pozos petroleros ante posibles tomas.Los dirigentes cívicos de las provincias chaqueñas de Santa Cruz y Tarija que estuvieron reunidos ayer en Villamontes se declararon «en pie de guerra» hasta que el Poder Ejecutivo devuelva a las regiones de la «media luna» los 166 millones de dólares que fueron descontados para el pago de la Renta Dignidad y mediante una redistribución que benefició a los municipios.Una de las primeras estrategias de la batalla por el IDH es el cierre de los caminos que unen a Bolivia con Argentina y Paraguay. También impedirán la circulación de motorizados en la carretera Tarija-Santa Cruz y a la ciudad de Sucre.Reynaldo Bayard, presidente del Comité Cívico tarijeño, advirtió de que si el Gobierno no flexibiliza su posición con estas medidas tomarán otras «más radicales» aunque no quiso mencionar cuáles.El viceministro de Descentralización Fabián Yaksic, en una entrevista efectuada por radio Erbol, afirmó ayer que el Poder Ejecutivo está dispuesto a «revisar» la redistribución de la renta petroleracon dos premisas: que en la reasignación participen los municipios y que la fuente de financiamiento de la Renta Dignidad sea garantizada.Sin embargo, para los cívicos de la «media luna» la propuesta es un ofrecimiento más. «Es la misma proposición que hicieron a las prefecturas la pasada semana» según el vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Roberto Gutiérrez.La dirigencia cívica del Chaco también pidió que se deroguen los decretos supremos aprobados por el presidente Evo Morales para la redistribución de los recursos del IDH y se respete la Ley 3058 de Hidrocarburos del 17 de mayo de 2005.Asimismo, demandaron que el nuevo precio del millar de pies cúbicos de gas que vende Bolivia a Brasil y Argentina en 5 y 8 dólares suba a 18 dólares.Entre las resoluciones que emitieron también rechazan el referéndum para la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado como pretende el Poder Ejecutivo.Morales, durante la inauguración del encuentro de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam) en Cochabamba, dijo que su Gobierno insistirá en el diálogo con las autoridades opositoras, para ello apeló a los organismos internacionales y al Grupo de Países Amigos para que puedan observar las negociaciones. Sin embargo, advirtió que si no existe el concurso de los representantes departamentales «el pueblo debe decidir en las urnas» la refundación de Bolivia basada en una nueva Constitución.En su discurso indicó que la reunión de las organizaciones sociales como campesinos, colonizadores, mujeres campesinas, jubilados, indígenas, mineros cooperativistas «consolidará el proceso de cambio».El objetivo de ese encuentro es definir la forma de aprobar el proyecto constitucional que fue refrendada en detalle el 9 de diciembre en la ciudad de Oruro.Por fuentes cercanas al Poder Ejecutivo se conoce que el Mandatario podría convocar mediante un decreto supremo a un referéndum constitucional y dirimitorio para fines de diciembre.Los dirigentes cívicos anunciaron una férrea lucha para impedir esa consulta porque implicaría «la imposición de un sistema totalitario».La Junta Cívica chaqueña, asimismo, demandó el repliegue del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) de los departamentos de Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Chuquisaca y declaró «nulas» los saneamientos de esta entidad estatal.La dirigencia cívica planteó que las prefecturas y las alcaldías municipales se hagan cargo de la depuración de las tierras conforme dictan los estatutos autonómicos que fueron aprobados en las regiones de la «media luna».El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, respondió de inmediato que esta medida busca precautelar «los intereses de los latifundistas» que se oponen a la revisión de las propiedades.La autoridad afirmó que el INRA no abandonará ninguno de esos departamentos, sino que continuará con el saneamiento. «Nuestro trabajo será garantizado por la sociedad y si es necesario acudiremos a la fuerza pública para respetar la institución».El vicepresidente Álvaro García Linera también afirmó que las determinaciones del Chaco demuestran «desesperación y violencia» de los líderes regionales que forman parte del Consejo Nacional Democrático (Conalde). «Es un ataque criminal al corazón energético del país, porque los hidrocarburos son el alimentos del país».Por eso, el Gobierno fortaleció ayer la vigilancia militar en los pozos petroleros de la región del Chaco ante las amenazas de la dirigencia cívica de tomar las válvulas para generar desabastecimiento de hidrocarburos en el país y afectar las exportaciones.La información preliminar indica que son cerca de 400 efectivos que se encuentran en la zona y, en las próximas horas, estos contingentes podrían ser reforzados con otros regimientos.Reynaldo Bayard, en contacto con La Prensa, expresó que estas demandas serán la base de la reunión del Conalde que se efectuará mañana en la ciudad de Tarija. «Pediremos a todas las regiones que forman parte de este bloque que apoyen las medidas».Las zonas opositoras hasta ahora presionaron con una huelga de hambre que duró cerca de dos semanas, un paro cívico de 24 horas en cinco departamentos y bloqueo de caminos en Pando, Beni y Santa Cruz para recuperar los recursos del IDH, pero ninguna de estas medidas flexibilizó la posición gubernamental.Los comités cívicos de los departamentos del norte (Beni y Pando) determinaron radicalizar sus medidas de protesta con la toma de instituciones públicas como el Servicio Departamental de Educación (Seduca) que fue asaltado por los «unionistas» y el Comité Cívico Juvenil, el jueves, en Trinidad. Un grupo de personas afines a la Prefectura y al Comité Cívico de Pando llevaron a cabo ayer una vigilia frente al aeropuerto de Cobija. La dirigente Ana Melena de Suzuki negó que la intención sea tomar la pista, como ocurrió hace dos semanas cuando el presidente Morales pretendía llegar a aquella ciudad.Según la agencia ANF, en Trinidad el comandante departamental de la Policía, Óscar Daza, ordenó que más policías controlen las entidades estatales para evitar más tomas. «Por los informes que tenemos tendrían la intención de tomar instituciones».Los religiosos piden a Evo encontrar «soluciones pacíficas»Los líderes de todas las denominaciones religiosas acreditadas en el país sugirieron, ayer, al presidente Evo Morales que apele a «soluciones pacíficas» para superar la crisis política que sacude al país y que amenaza con fragmentarla.Morales se reunió en Palacio de Gobierno con los obispos y líderes religiosos de la Iglesia Católica, evangélica con sus diferentes corrientes, musulmana, judía, e islámica para abrir un espacio de diálogo, intercambiar ideas, criterios y visiones sobre la realidad política boliviana y es en ese marco que recibió la «sugerencia».Al término del encuentro, el Arzobispo de La Paz, Edmundo Abastoflor dijo: «Y el pedido al Mandatario tiene el peso moral que está respaldado por el 90 por ciento de los ciudadanos que profesan alguna fe en el país»La autoridad eclesiástica calificó, además, de positiva la reunión y remarcó que dentro de las diferentes visiones que cada iglesia tiene sobre la realidad del país, «hay una coincidencia profunda de buscar las soluciones por medios pacíficos». Abastoflor también reiteró que esa institución podría facilitar el diálogo entre el Mandatario y los prefectos.»Buscamos ayudar en la medida de nuestras posibilidades para que nuestro país vaya adelante», dijo a los periodistas el Arzobispo de La Paz, al revelar «la disposición de la Iglesia para facilitar un acercamiento».«Unionistas» vacían oficinas del SeducaEl Servicio Departamental de Educación (Seduca) de Beni, que fue tomado el jueves por los miembros de la Unión Juvenil Beniana y el Comité Cívico Juvenil, fue vaciado ayer y posteriormente desalojado, con lo que concluyó el conflicto entre autonomistas y masistas.En una refriega que terminó en enfrentamiento entre ambos bandos, la tarde del jueves, los cívicos tomaron el Seduca y desalojaron a los funcionarios que responden al partido de Gobierno.Ayer, mientras los masistas intentaron reunirse en los predios del Mercado Campesino para analizar si responderían ante la ocupación del Seduca, los jóvenes cívicos masificaron la toma y no dejaron ingresar a nadie.Los muebles, documentos y equipos de computación que tenía el Seduca del MAS pasaron a manos del Seduca que responde a la Prefectura; el viernes no se registró ningún hecho de violencia.El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, alertó ayer que hay paramilitares infiltrados en las movilizaciones de los sectores cívicos que tomaron las instituciones públicas.El senador del MAS, Ricardo Díaz, por su parte, denunció que estos grupos reciben apoyo de partidos conservadores españoles y de entidades derechistas. Denunció que la pasada semana se desarrolló un encuentro de Guayaquil (Ecuador) de esas organizaciones donde habrían participado algunos integrantes de los comités cívicos, aunque no precisó detalles.Los sectores alistan movilizacionesLos sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), aglutinados en el «Pacto de Unidad», plantearán la posibilidad de reeditar el cerco al Congreso para que se apruebe el «paquete de leyes» que permita llamar al referéndum sobre el nuevo texto constitucional, la nueva política sobre la propiedad de la tierra y la reelección del presidente Evo Morales. Esta medida será debatida a partir de este viernes en la reunión extraordinaria de la Coordinadora Nacional para el Cambio (Conalcam), que sesionará hasta este sábado, en Cochabamba, con la participación de dirigentes sociales, sindicales y políticos, además de las autoridades de mayor compromiso con la administración del actual Gobierno.El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia, Fidel Surco, dijo: «No descartamos un nuevo cerco al Congreso para que se apruebe una nueva Ley de Convocatoria al Referéndum Constitucional y Dirimidor (…) ésa es la posición de los colonizadores».La Ley de Convocatoria al Referéndum establece que no se puede llevar a cabo dos referendos en una circunscripción nacional durante una gestión. No obstante, los dirigentes del «Pacto de Unidad», aseguraron que analizarán la posibilidad de modificar esa ley, tal como advirtió Surco.Desde San Julián (Santa Cruz), el presidente del Comité Cívico René Martínez, afín al partido oficialista, afirmó que apoyarán la aprobación de la nueva Constitución, aunque advirtió que «primero debe estar el diálogo». Por eso dieron un plazo de 48 horas para que el prefecto cruceño Rubén Costas se reúna con el presidente Evo Morales, sino desde el lunes iniciarán un cerco a la ciudad cruceña. Los colonizadores de esta zona podrán cerrar la vía Santa Cruz-Trinidad- Chiquitanía. «Es hora de que este Prefecto defina si quiere estar con Bolivia».APUNTES DE LAS MOVILIZACIONES DE LAS REGIONESLos cívicos del Chaco determinaron bloquear caminos desde el lunes.Demandan la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos.Esa Junta Cívica también pidió el repliegue del INRA y declaró nulos sus trámites.Sugieren que el saneamiento de tierras sea efectuada por las prefecturas y municipios.Plantearon que el Gobierno suba los precios del gas que se vende a Brasil y Argentina.El Gobierno considera que las medidas son «criminales» para la energía del país.