Advierten que cerco al Congreso atenta contra la democracia

«Si algo ocurre en el Congreso, el Presidente tiene que asumir la responsabilidad de que él es el que está mandando matar a parlamentarios», señaló el senador Guiteras.

Análisis. Sectores políticos y de derechos humanos temen que retorne la violencia

El Deber



Roberto Navia | [email protected]

Presión. En febrero de este año, militantes del MAS cercaron el Congreso. La diputada Ninoska Lazarte denunció que fue agredida físicamente.

Como un atentado a la democracia y al diálogo, así fue calificada la amenaza de cercar el Congreso por parte del Consejo Nacional del Cambio (Conalcam), como medida de presión de campesinos y obreros afines al Gobierno para que los parlamentarios aprueben la convocatoria del referéndum sobre la nueva Constitución Política del Estado, en base al texto planteado por el Movimiento Al Socialismo.

Al repudio del presidente del Senado, Óscar Ortiz, que dijo que la intimidación oficialista es una actitud autoritaria para llevar al país a un régimen de partido único en el que los sectores masistas detenten el poder, se sumaron críticas de la estructura política y también de la Defensoría del Pueblo, de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia y de ciudadanos comunes que señalaron que en sus vidas ya sienten los efectos del ambiente tenso, fruto de los conflictos que terminaron en la muerte de compatriotas.

«Todo acto de presión es un signo de convicción no democrática. Es como si estuvieran poniendo una pistola en la nuca», enfatizó el Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que afirmó que no está de acuerdo con los cercos porque generan decisiones forzadas.

Para Albarracín, los movimientos sociales tienen todo el derecho de expresarse, porque eso es parte de la democracia, pero dijo que deben hacerlo a través de los mecanismos legales correspondientes.

«En vez de hablar de cercos, la oposición y el Gobierno deberían actuar con un criterio más reflexivo y entender que la violencia está poniéndonos en una situación muy crítica», lamentó el Defensor del Pueblo, a tiempo de solicitar a los parlamentarios que no actúen en función del color político, sino del beneficio patriótico.

Alberto Mendieta Arredondo, presidente de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia filial Santa Cruz, considera que el anuncio del cerco al Congreso por parte de los sectores sociales masistas atenta contra las libertades democráticas y que la única esperanza a la que hay que aferrarse es el diálogo de Cochabamba.

Mendieta cree que dichas amenazas no pondrán en riesgo las negociaciones entre el Gobierno y la oposición, siempre y cuando los organismos de control, como la Policía y el Ejército, garanticen que no se desbordarán los conflictos generados por los sectores sociales.

Rolando Aguilera, secretario de la Prefectura de Santa Cruz, enfatizó que «lo que queda claro es que desde las regiones estamos agotando toda instancia para poder construir, en base al diálogo, y que en ningún momento entraremos en amenazas para lograr nuestros objetivos».

El senador Wálter Guiteras, de Podemos, manifestó que con el anuncio del cerco está confirmado que Evo Morales y sus seguidores más próximos, a los que tildó de radicales, «están dispuestos a impulsar la medida de presión como herramienta de amedrentamiento antidemocrático, con el fin de imponer una Constitución que es visión de un proyecto totalitario, autoritario y de carácter comunista».

«Si algo ocurre en el Congreso, el Presidente tiene que asumir la responsabilidad de que él es el que está mandando matar a parlamentarios», señaló Guiteras.

El Conalcam, el sábado pasado, convocó una marcha, a partir del 13 de octubre, desde Caracollo a La Paz para exigir la convocatoria del referéndum sobre la CPE.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, en cambio, pasó la responsabilidad de enfrentamientos a la oposición. «No obliguen a los movimientos sociales a continuar con sus movilizaciones. Los prefectos y los partidos de oposición deben mostrar voluntad de allanar el camino», dijo el sábado.

Las presiones de los sectores sociales

– Ley INRA. El 29 de noviembre de 2006, los grupos afines al Movimiento al Socialismo impidieron el ingreso de la oposición y habilitaron dos senadores suplentes para aprobar la Ley INRA, 44 contratos petroleros y convalidar un acuerdo de cooperación militar con Venezuela. Dos días antes ya se había instalado el cerco en el Congreso, mientras el Gobierno, los prefectos, agropecuarios y cívicos intentaban un diálogo para concertar la modificación de dicha ley.

– IDH. El 27 de noviembre de 2007, el MAS movilizó a los mineros, cocaleros, campesinos y pobladores de El Alto, para cercar el Congreso, mientras que los parlamentarios oficialistas, con el apoyo de los mismos senadores suplentes, aprobaron la reducción de los fondos del IDH a las regiones y el pago de la renta Dignidad de Bs 200 mensuales a los mayores de 60 años.

– Gran Mariscal. En 2007, los mineros, cocaleros y campesinos fueron movilizados a Sucre para cercar el teatro Gran Mariscal y enfrentarse a los chuquisaqueños que pedían la reinstalación de las sesiones de la Asamblea Constituyente para exigir la capitalidad plena. Finalmente, el 24 de noviembre, los asambleístas masistas decidieron sesionar en el cuartel de La Glorieta, donde se aprobó el texto en grande de la nueva CPE.

– Referéndum. En febrero de este año, indígenas, campesinos, estudiantes, trabajadores y miembros de organizaciones sociales afines al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS) iniciaron un cerco al Congreso para exigir que se promulgue la ley de convocatoria de los referéndums para validar el proyecto de nueva Constitución Política aprobada por la Asamblea Constituyente en Oruro sin la participación de la oposición.

Cardenal: «Que la paz sea una forma de vivir»

«Queremos paz, se escucha eso en medio de los dinamitazos, en medio de los cohetes; muchas palabras, pero después no hacemos, no construimos, no dedicamos un tiempo a ponernos de acuerdo». Con estas palabras, el cardenal Julio Terrazas, en la homilía de ayer, se abrió paso para preguntar ¿cómo podemos decir que defendemos la vida si los muertos se van multiplicando?, ¿cómo podemos hablar de la verdad de nuestros pueblos cuando las mentiras se multiplican? «Eso es lo que tiene que cuestionarnos», afirmó.

Además, el líder de la Iglesia católica de Bolivia pidió que escuchen estas palabras los responsables de nuestra Nación, de grupos sociales, pero también los responsables de cada familia, los de cada unidad educativa, los de los barrios. «Se trata de cultivar en cada uno de nosotros la capacidad de encontrarnos, de respetar al otro; todo se soluciona ahora por la violencia, todo es grito», dijo y pidió que la paz sea una forma de vida.