Derechos Humanos por los suelos en Pando

Analistas dicen que la Carta Magna ha sido rota en mil pedazos. El estado de derecho no se cumple y la gente teme.

Pando: confinan a dos consejeros.

Comisión de Unasur investigará en Cobija



EL DEBER, Roberto Navia | [email protected]

Víctimas. Los heridos fueron identificados a medida que la violencia se apaciguaba. No hay una cifra exacta de muertes

Desde la mala mañana del jueves 11, en la que la muerte se adueñó de varios hombres y mujeres en Porvenir (a 34 km de Cobija), en circunstancias aún no esclarecidas, la Constitución Política del Estado y los derechos humanos fueron violados de la manera más brutal. Así coinciden fuentes conocedoras en temas jurídicos, que han seguido de cerca los acontecimientos que mantuvieron en vilo al país. ¿Cuáles fueron esas irregularidades, que según diversos analistas dicen que se cometieron?

El abogado Mario Serrate afirma que por lo menos han sido diez. Para empezar, señala que se han invertido las cosas. "Pando fue agredido y ahora resulta que según el Gobierno es agresor. La detención de Leopoldo Fernández, el prefecto, ha sido ilegal, porque no se le mostró ningún mandamiento de apremio. Prácticamente a él se lo ha secuestrado", asegura Serrate.

Wilman Durán, ex presidente del Tribunal Constitucional, dice que la violación a la ley empezó con el decreto firmado por el presidente, Evo Morales, ése que quita a las Prefecturas un porcentaje del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. "La Declaración Internacional de los Derechos Humanos establece que una sociedad, si es víctima del abuso del poder y de la tiranía de un Gobierno, tiene derecho a la rebelión".

Durán señala que entre las irregularidades notorias en Pando está que las autoridades nacionales están manipulando la información y dando un golpe de Estado a la Prefectura de ese departamento.

Respecto a Leopoldo Fernández, dice que la ley establece que quien debió dictar las medidas cautelares tenía que ser la Corte Suprema de Justicia para someterlo a un Caso de Corte.

La analista política Ximena Costas puntualiza las violaciones que ella cree que se han cometido y que hasta ahora quedaron en la impunidad: impedir que los periodistas hablen con la población para esclarecer los hechos, detener a Fernández sin orden fiscal, dinamitar las viviendas de la presidenta cívica Ana Melena y de otras personas (el estado de sitio no da derecho a ello), la destitución de los comandantes acantonados en Pando, el que el ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, dirija las operaciones militares, ya que ese trabajo competía a los ministros de Defensa o de Gobierno.

Para Guillermo Vilela, director del Observatorio de Derechos Humanos y Política Social, la madre de las violaciones ha sido la matanza de ambos lados (autonomistas y masistas) de características espantosas en Porvenir.

Si bien considera que el estado de sitio era una medida necesaria, lamenta que algunos procedimientos, en lo que respecta al uso de la fuerza militar por parte del Gobierno, hubieran sido exagerados.

"He recibido visitas de los familiares de los que fueron detenidos y confinados y ellos denunciaron que no pueden ver a sus seres queridos. Eso es una violación, porque está prohibido que una persona esté incomunicada", manifestó Vilela.

Por su parte, para los ministros de Gobierno, Alfredo Rada, y de Defensa, Walker San Miguel, en varias conferencias de prensa negaron haber cometido las violaciones a los derechos humanos y más bien dijeron que quien lo hizo fue el prefecto pandino, Leopoldo Fernández.

Vilela afirmó que otra irregularidad es que el Gobierno se haya anticipado a la justicia, es decir, antes de que un juez dicte sentencia se ha atrevido a decir públicamente que Leopoldo Fernández es un genocida y que deberá pagar con 30 años de cárcel. "No se puede concebir que el Estado trate de sancionar a alguien cometiendo otro delito", enfatizó Vilela.

El Defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, que visitó la zona de los enfrentamientos varios días después, dijo que encabezará las investigaciones de los sucesos, y que para ello se reunió con diferentes actores civiles de Pando, donde recogió las versiones sobre esos acontecimientos que conmocionaron a todo el país.

Lo que ocurrió, día a día

Jueves 11. Bolivia vivió un día negro por la muerte de al menos ocho personas en Pando. Se teme que la cifra de fallecidos suba a 20, mientras que los heridos son 39, debido a choques tras una intensa balacera entre grupos oficialistas y opositores. La Policía de Pando no pudo frenar el enfrentamiento armado en Porvenir, a 34 kilómetros de Cobija, donde luego llevaron rehenes y estalló la furia.

Viernes 12. El Gobierno decretó estado de sitio en Pando para controlar la violencia. Pese a la extrema medida el diálogo con el prefecto de Tarija, Mario Cossío, que asistió en representación del Consejo Nacional Democrático (Conalde), estaba avanzando. El Gobierno retomó a tiros el aeropuerto de Cobija, lo que causó un muerto y tres heridos civiles que en ese momento se encontraban por la terminal aérea.

Sábado 14. El Poder Ejecutivo acusó al prefecto Leopoldo Fernández de desacatar el estado de sitio dictado por el Gobierno. Las FFAA reforzaron la retoma del aeropuerto, pero aún controlaban toda Cobija. Entre los choques de Porvenir y la retoma del aeropuerto de la capital pandina van 20 muertos. Se habla de 106 campesinos desaparecidos.

Domingo 14. La tercera jornada de estado de excepción en Pando transcurrió más tranquila, pero la población desafió al decreto del Gobierno al congregarse en una marcha por la paz.

Lunes 15. El Gobierno trasladó a La Paz a los primeros 11 acusados de promover la violencia en Pando. El acuerdo para dialogar avanza y Morales volvió de Chile con apoyo sudamericano.

Martes 16. El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández Ferreira, fue detenido y confinado en La Paz.

Sábado 24. Sábado 24. Fernández continúa detenido en la cárcel de San Pedro, pese a que la Corte Suprema de Justicia lo había solicitado a Sucre.

PANDO: CONFINAN A DOS CONSEJEROS

Detención. Vira y Misuko estaban refugiados en Brasil. Fueron llevados con engaños

Pablo Ortiz | [email protected]

Refugio. Vira (izq.) había salido de Cobija porque se consideraba un perseguido político. Ayer fue detenido y confinado

"Estamos perseguidos por este Gobierno. Toda mi familia se ha venido acá, mis hijos han abandonado el colegio y todo mi patrimonio lo he perdido, pero por lo menos estoy con mi familia", decía Agapito Vira el 18 de septiembre. Estaba acostado sobre un colchón, en el piso de una iglesia Bautista en Epitaciolandia y aseguraba que su único delito era ser consejero departamental y seguidor del prefecto Leopoldo Fernández.

Desde ayer, Vira ya no está con su familia, ya que fue detenido por los militares y, junto al también consejero Williams Misuko, trasladado a La Paz en condición de detenido. Así lo informaron dirigentes cívicos de Pando.

Según versiones de otros refugiados, ambos fueron convocados al salón del Consejo Departamental de Pando con engaños. Una vez allí, los militares procedieron a detenerlos y llevarlos de inmediato a La Paz. Ayer, la ministra de Justicia, Celima Torrico, admitió que se había detenido a tres personas y que otras más correrán la misma suerte. Sin embargo, minutos después salió de Palacio Quemado y se desdijo. Aseguró que no había detenidos.

Vira, representante del municipio Santos Mercado, y Misuko, consejero por Puerto Rico, figuraban en una lista que circuló la semana pasada por correo electrónico y cuya autoría está ligada al portal web Bolpress. Pocos días después, el sábado pasado, el asambleísta constituyente Beimar Becerra fue detenido en Brasileia junto a otras dos personas con dicha lista, direcciones y números de placa de vehículos de los refugiados. La Policía Federal de Brasil lo deportó.

En esta lista de buscados figuran la presidenta del Comité Cívico, Ana Melena; el vicepresidente, Ricardo Shimokawa y el directivo José Luis Sánchez. También están el dirigente ganadero Irán Arab, los constituyentes indígenas Danilo Huari y Abel Janco, los diputados Ignacio Janco y Fermín Terrazas, los directores de la Prefectura Luis Alberto Rojas, José Luis Forero, Julio Villalobos, Édgar Manu y Javier Vaca.

Además figuran Alan Davias, Vestí Muñoz, Wálter Sobrino, Tony Gómez, Frank, Elvis y Aquis Franco y ‘Lilico’ Apuri.

En la jornada

Vuelven los vuelos

Aerolíneas en aprestos

Este sábado se reabrirá el aeropuerto de Cobija, Aníbal Arab. El único aeródromo de la capital de Pando permanece cerrado desde el 5 de septiembre, cuando fue tomado por los cívicos para impedir la llegada de los militares. El aeropuerto fue retomado el 12 de septiembre por las FFAA a fuerza de disparos. En el enfrentamiento murieron dos personas. Las oficinas de TAM y AeroSur anuncian vuelos a partir del 26 de septiembre.

Herida de bala

Periodista fue dada de alta

La periodista de PAT Claudia Méndez fue dada de alta ayer y su recuperación la continuará en su hogar. La mujer fue herida por los militares el 12 de septiembre, cuando se encontraba realizando la cobertura de la retoma del aeropuerto de Cobija. Una bala militar le atravesó la pierna izquierda sin dañar huesos. Méndez perdió mucha sangre y necesitó dos transfusiones, que se complicaron por su tipo sanguíneo, ORH negativo.

Contradicciones en informe de Derechos Humanos

La Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) determinó que el 11 de septiembre hubo una masacre en Porvenir perpetrada por ‘funcionarios de la Prefectura, cívicos y sicarios bolivianos, brasileños y peruanos’.

En su informe, sin embargo, no se refiere a las muertes causadas por los campesinos antes de llegar a Porvenir ni a la presencia de armas en el grupo que se trasladaba desde Riberalta.

También entra en contradicciones con las versiones de los mismos campesinos. A los entrevistados en Filadelfia y en Cobija se les informó de que el congreso campesino iba a ser en Filadelfia. Sin embargo, la Apdhb señala como lugar a Cobija. Según lo publicado en ABI, el informe señala que la matanza comenzó en Tres Barracas, pero no menciona las muertes de Pedro Oshiro y Ricardo Céspedes, ni la veintena de heridos del lado autonomista.

COMISION DE UNASUR INVESTIGARÁ EN COBIJA

Muertes. Expertos llegarán el lunes a Bolivia. El Ejército podrá capturar a refugiados en Brasil

Agradecido. Evo Morales fue el encargado de anunciar los acuerdos del bloque sudamericano, luego de la reunión de ayer en Nueva York. Ponderó el apoyo recibido

Marco Chuquimia y Agencias

Una comisión de alto nivel de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) llegará el lunes a Bolivia para realizar una investigación sobre lo sucedido en Porvenir (Pando) el pasado 11 de septiembre. La decisión fue adoptada ayer en la reunión del organismo sudamericano celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas, con participación de mandatarios y representantes de los doce países que integran Unasur.

Encabezando esa comisión estará Rodolfo Mattarollo, de nacionalidad argentina, consultor de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Seguridad de la República de Argentina.

En la reunión de Unasur que se celebró al mediodía y que duró poco más de una hora, se ratificó también el apoyo al Gobierno del presidente Evo Morales Ayma, contenido en la Declaración de la Moneda. Asimismo, se saludó el hecho de que las instituciones públicas que fueron ocupadas, destruidas y asaltadas, sobre todo en la ciudad de Santa Cruz, hubieran sido ya devueltas, casi en su totalidad, al Gobierno de Bolivia.

Pero éste no es el único flanco internacional en el que se mueve el Gobierno. Con la colaboración de la Policía Federal de Brasil y el Ejército de ese país, el Ejecutivo intenta cerrar el círculo contra los ciudadanos bolivianos que huyeron de Cobija a Brasileia y Epitaciolandia.

En contacto telefónico, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, afirmó que logró dos acuerdos con su par brasileño. El primero posibilita a las fuerzas de seguridad de ambos países realizar operativos para apresar a delincuentes que hubieran cometido delitos en uno de los países. "esta tarea debe ser coordinada con la policía local" dijo el ministro.

Los operativos se realizarán ‘en áreas sensibles’ de la frontera donde se esconden los que son perseguidos en sus respectivos países.

Asimismo, los organismos de seguridad podrán compartir información, ‘para buscar a los acusados de cometer delitos’. Y se realizará una ‘revisión más profunda de la frontera’, donde las autoridades detectaron ‘comercio ilícito’.

Aunque el ministro dijo que este acuerdo no es ‘consecuencia’ del estado de sitio, el mismo se produce en momentos en que hubo una masiva migración de Cobija hacia la población de Brasileia. Luego, afirmó que el Gobierno tiene informes de que en la matanza de Porvenir participaron súbditos brasileños y que esa información es investigada por los organismos de seguridad de Brasil.

Respecto al posible apresamiento de dirigentes pandinos refugiados en Brasilea, afirmó que debe existir una orden judicial para requerir la extradición.

Sólo Fernández está imputado

Félix Peralta, uno de los miembros de la comisión de fiscales que fue conformada para investigar la denominada ‘matanza de Porvenir’, explicó que hasta el momento no tienen más imputados y que las acusaciones se concentran en el prefecto Leopoldo Fernández, por los testimonios que recogieron de los testigos.

Peralta informó que lograron las declaraciones de al menos 20 personas y que las mismas se pueden ampliar a otros testigos de los hechos.

Ayer Gigavisión informó que los otros dos miembros de esta comisión de fiscales, Isabelino Gómez y Edward Mollinedo, realizaron tres exhumaciones en esa región y constataron que el funcionario prefectural Pedro Oshiro fue el primero en morir en la zona, tras recibir un impacto de bala en el rostro. Los otros dos cuerpos, de campesinos, mostraban signos de golpes antes de ser victimados con armas de fuego.

Ayer el Gobierno ratificó la condición de confinado de Leopoldo Fernández. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que ‘en este momento’ la condición jurídica de Fernández es la de detenido preventivo.

Por su parte la defensa demandó la aprehensión de los otros dos acusados en el juicio planteado por el Fiscal General de la República, Mario Uribe; se trata del jefe del Movimiento Amazónico de Renovación (MAR), Miguel Becerra, y del senador suplente Abraham Cuéllar (UN).

Hay pelea entre cámaras del Congreso por Porvenir

La cámara de Diputados y Senadores se pelean por quién debe investigar los hechos ocurridos en Porvenir. Para el oficialismo, la comisión formada en la Cámara Baja, que hoy se trasladará a Pando para comenzar sus investigaciones, es la cabeza del Ministerio Público para indagar sobre los hechos del 11 de septiembre, pero al mismo tiempo el Movimiento Al Socialismo desconoce la comisión del Senado que se creó con el mismo fin.

En el caso de Diputados, la comisión es controlada por el MAS. En Senadores, los representantes son cuatro de Podemos, cuatro del oficialismo, uno del MNR y otro de UN.

El jefe de bancada del partido de Evo Morales en el Senado, Félix Rojas, ya anunció que sus correligionarios no se sumarán a la comisión de la Cámara Alta que también se trasladará a Cobija.

Los que indagan

Ministerio Público. Se creó una comisión de tres fiscales para tomar declaraciones en Pando e imputar a Leopoldo Fernández. Miembros de esta comitiva insultaron a la prensa nacional en Cobija.

Forenses. Se trasladaron a Cobija, destinados por el Instituto de Investigaciones Forenses, con sede en Sucre, varios peritos para realizar necropsias sobre los cadáveres de campesinos y autonomistas.

Defensor del Pueblo y Apdhb. Ambas instituciones estuvieron presentes y concluyeron que se trató de una masacre. No hacen mención a las muertes de partidarios de Leopoldo Fernández. La oposición ya cuestionó ambos informes y los calificó de preliminares.

Congreso. Se han creado dos comisiones que disputan el derecho a ser cabeza de Ministerio Público. Aún no han ido a tomar declaraciones en Cobija.

UNASUR. Especialistas de la Unión de Naciones Sudamericanas llegarán el lunes al país y luego de trasladarán a Pando para realizar una investigación independiente.