El Gobierno quiere evitar que Brasil dé refugio a los pandinos

Busca declararlos prófugos para que sean expulsados. Hay temor.

Cifra de bolivianos ocultos en Brasil va en aumento. Serían al menos 500 personas que cruzaron la frontera. Están en lugares públicos.



Tensión. Los bolivianos se reúnen en la plaza de Brasileia para enterarse de las noticias y coordinar acciones

EL DEBER

Marco Chuquimia

La comisión especial que investiga la matanza de Porvenir, en el departamento de Pando, solicitará a la Cancillería de la República la expulsión o la extradición de los bolivianos que huyeron a Brasil luego de los trágicos hechos del 11 de septiembre. Con ello intenta evitar que el Estado brasileño otorgue la cualidad de refugiado político a la decena de ciudadanos que ya han iniciado el trámite.

El diputado masista Jorge Silva informó sobre esta decisión, aunque aseguró que se trataba de un pedido de ‘traslado’ de los ciudadanos para escuchar su versión. Según informes del Gobierno, sólo hay unos 200 ciudadanos en Brasileia, Epitaciolandia y Río Branco, ciudades del estado de Acre. Sin embargo, los bolivianos aseguran que los refugiados ya son más de 1.200 y que la cifra aumenta cada día, porque los militares han comenzado a hacer incursiones durante el día en Cobija.

Para el Poder Ejecutivo, los dirigentes y funcionarios de la Prefectura de Pando que se encuentran en estas ciudades fronterizas no son ni refugiados, ni exiliados, sino ‘prófugos’. Así los calificó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez. Por eso pidió que las autoridades encargadas de la seguridad del Estado tomen acciones al respecto.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, advirtió que las Fuerzas Armadas y la Policía se encuentran en la región para ‘sentar presencia de Estado’ y que será ‘muy difícil’ que puedan salir. Por tanto, añadió que no se trata de una presencia temporal por el estado de sitio, sino que existe la decisión de mantener esas fuerzas permanentemente.

El Gobierno no ha precisado si pretende que Brasil expulse a los más de 1.000 bolivianos que cruzaron la frontera después del 11 de septiembre o tiene objetivos fijos. Además, el Ejecutivo no puede declarar prófugo a ningún ciudadano, ya que esa es una función de la justicia. Hasta el momento, el Gobierno anunció que ha abierto causa contra Leopoldo Fernández y 12 funcionarios más.

Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta que el Gobierno brasileño expulse a los bolivianos. En la semana de los hechos, un militar boliviano se reunió con el comandante del batallón asentado en Brasileia para proponerle una acción conjunta para expulsar a los bolivianos. Fue rechazada de plano y respondida con un incremento de uniformados en la zona. Llegaron con armas pesadas y dos helicópteros para patrullar la frontera.

Luego, el ministro Rada pidió lo mismo a través de la Cancillería. La respuesta brasileña fue formalizar la ayuda y mejorar las condiciones de los bolivianos.

La semana pasada, el ministro de Defensa, Walker San Miguel, informó de un convenio con las autoridades de Brasil para realizar operativos ‘en áreas sensibles’ de la frontera donde se esconden los que son perseguidos en sus respectivos países. Acto seguido, la Policía Federal de Brasil expulsó de su territorio al asambleísta del MAS Beimar Becerra y a dos dirigentes campesinos a los que acusó de estar haciendo espionaje.

El diputado Silva adelantó que la misma estará dirigida ‘contra todos aquellos que están involucrados con los hechos de Porvenir’.

El viernes, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, presentó una nómina de 31 personas que supuestamente participaron en los hechos. Ese mismo día, el fiscal Edward Mollinedo afirmó que el Ministerio Público identificó a otras personas que participaron en esos hechos y que se encuentran listas otras imputaciones, pero que ahora todo depende de los miembros de la Comisión Especial, quienes asumieron el control de las pesquisas.

LLEGÓ EL INVESTIGADOR DE UNASUR

Rodolfo Matarollo es el delegado de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) para investigar la matanza que se produjo en Porvenir. El abogado, con amplia experiencia en derechos humanos, llegó ayer al país y se trasladará hoy a Pando.

El vocero de Palacio, Iván Canelas, informó de que no está prevista una entrevista entre Matarollo y el presidente Evo Morales. Añadió que los jefes de Estado de Unasur definieron la presencia de un delegado y que el Gobierno pondrá a su disposición los recursos logísticos para que investigue esos hechos. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que el enviado de Unasur es un ‘conocedor del tema’ y que el Gobierno confía en las investigaciones que realizará.

La Comisión de Unasur está integrada por 11 personas y tiene previsto trabajar en el país durante toda la semana.

Por otro lado, el senador Roger Pinto (Podemos) afirmó que existe una persecución ‘sañuda’ del Gobierno y que por esa causa «miles están hoy viviendo como parias en el lado brasileño y el Gobierno no les da garantías, estoy hablando por un pueblo que se siente perseguido». Sin identificarlos, también dijo que ayer fueron detenidas otras dos personas que habrían sido confinadas a la ciudad de La Paz. Sin embargo, en el Gobierno afirmaron que hasta el momento son 16 confinados que están en el regimiento Bolívar en la ciudad de Viacha, una suboficial en la Policía y el ex prefecto Leopoldo Fernández en San Pedro.

 

CIFRA DE BOLIVIANOS OCULTOS EN BRASIL VA EN AUMENTO

BRASIL • Serían al menos 500 personas que cruzaron la frontera. Están en lugares públicos.

LA RAZÓN

El número de ciudadanos bolivianos que pasaron a territorio boliviano tras los hechos de Pando llega al menos a 500 y va en aumento, porque algunos registraron su paso y otros no.

Según la red ATB, la cifra llegaría a más de mil personas, pues existirían unas 590 que no se registraron y que estarían ocultas.

Según la diputada de Podemos Lourdes Millares, quien integra la comisión que investiga el caso, se registraron hasta el jueves la salida de 578 bolivianos repartidos en los municipios de Brasilea y Epitaciolandia, Brasil.

Según el diputado Gonzalo Lazcano (MAS), también miembro de la Comisión Especial, a la fecha unas 300 personas habrían registrado su paso a territorio brasileño.

Sin embargo, la red ATB, que desplegó un equipo de prensa a Cobija, reportó que la cifra llegaría a más de mil, pues de ellos, sólo 590 personas se habrían registrado, mientras «otra cifra similar» de personas estarían escondidas en el país vecino.

La diputada Millares sostuvo que las 578 personas están en carpas en plazas, en una cancha deportiva techada. «Hay gente que está en domicilios particulares. Se les está dando la protección necesaria para no generar susceptibilidades. Recién se deportó a una persona que pretendía tomar fotos de los refugiados», relató la parlamentaria, quien la anterior semana visitó los municipios brasileños.

«Hay unas 300 personas, no había registro, recién se está haciendo. A un principio entraron sin registrarse, por eso podrían ser hasta 500 aproximadamente», manifestó Lazcano.

Sin embargo, para el Gobierno, estas personas no son consideradas como «refugiadas», sino como «ciudadanos que cruzaron la frontera» con Brasil.

«Para nosotros no están como refugiados, son ciudadanos que han cruzado la frontera, porque es una zona franca y nada más», manifestó el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez.

Según Lazcano, a partir del domingo 14, grupos de bolivianos escaparon hacia Brasilea.