Investigación imparcial

Los Tiempos

Editorial

Llama la atención que el gobierno central y las Fuerzas Armadas hubiesen impedido el ingreso no sólo de los corresponsales de la prensa independiente, sino de organismos humanitarios que pudieran evidenciar la realidad de los hechos.



Un manto de confusión y misterio cubre, aún, los luctuosos sucesos acontecidos en el departamento de Pando entre el jueves y el sábado de la semana pasada, cuando los enfrentamientos entre grupos afines al oficialismo y autonomistas y la posterior intervención de las Fuerzas Armadas, dejaron un saldo de al menos treinta muertos, además de decenas, si no centenares, de heridos de distinta gravedad.

Hasta el día de ayer no se conocía, a ciencia cierta, la cantidad de personas que perdieron la vida. Tampoco existe información veraz sobre las circunstancias en que se produjeron los sangrientos choques entre civiles armados, y nadie ha explicado por qué los sectores de uno y de otro bando portaban armamento letal.

Lo único que parece estar más o menos claro, porque tampoco existe precisión en la información divulgada, es que la violenta ocupación militar del aeropuerto de Cobija se produjo en medio de una incesante balacera en la que los efectivos del Ejército emplearon armas de guerra contra la población civil, dejando dos víctimas mortales, además de varios heridos, entre ellos una reportera de una red nacional de televisión.

Ese operativo militar, preparado por el mismísimo Ministro de la Presidencia, quien días antes fue acusado de promover el traslado de grupos afines al oficialismo a un municipio pandino, ha dejado más sombras que luces y, a título de hacer cumplir el Estado de Sitio decretado por el Presidente de la República, ha sumido a ese territorio en un estado de incomunicación casi total.

Llama poderosamente la atención que, aún a pesar de la gravedad de los acontecimientos, el gobierno central y las Fuerzas Armadas hubiesen impedido el ingreso a su escenario no sólo de los corresponsales de la prensa independiente, sino de organismos humanitarios que pudieran evidenciar, in situ, la realidad de los hechos.

Así, en medio de un mar de dudas e interrogantes al respecto, lo único que se ha podido observar es una grosera y vergonzosa utilización política de la muerte de ciudadanos bolivianos, como lo reflejan las más altas autoridades del Poder Ejecutivo, que antes de ocuparse del esclarecimiento en momentos de luto para toda la familia boliviana, están empeñadas en una agresiva campaña mediática cuyo único objetivo es responsabilizar de todo al Prefecto pandino y si posible echarlo de su cargo.

Si el actual esquema gubernamental ha dado pruebas de alguna habilidad, no es otra que la de administrar la violencia y sus efectos para obtener réditos políticos; tal y como se ha visto en los numerosos episodios que, a lo largo de los últimos dos años, enlutaron a los bolivianos.

Por lo anteriormente dicho y por la convicción de que la sórdida lucha política que sacude a Bolivia ya no puede seguir librándose a costa de más vidas, urge una investigación imparcial e inmediata que establezca la verdad en torno del drama de Pando.