Movilizaciones y policías rodearon a Fernández

Fernández va a la cárcel acusado de actos terroristas.

Sincronización • Al lugar donde iba el Prefecto habían efectivos y grupos organizados.

Implicados Becerra y Cuéllar, afines al gobierno, no fueron convocados hasta el momento.



LA RAZÓN

El Gobierno lo detuvo por violar el estado de sitio. La Fiscalía General le inició un proceso por genocidio. Pese a eso, ayer un juez lo mandó a las rejas por terrorismo y riesgo de obstaculización.

• MALA HORA • El Prefecto de Pando sale del juzgado. Luego sería conducido a San Pedro.

El prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, perdió ayer su fuero y fue recluido en la cárcel paceña de San Pedro, porque el juez Williams Dávila determinó que existe la posibilidad de que haya cometido el delito común de terrorismo en los hechos de Pando y de que obstaculice la investigación de los sucesos en los que 13 personas murieron.

El 11 de septiembre, un grupo de cívicos y otro afín al Gobierno protagonizaron en la localidad pandina de Porvenir un hecho de violencia que dejó 13 muertos, según los datos del Ministerio de Salud. El viernes, el Gobierno declaró estado de sitio en esa región.

El lunes, la Fiscalía General de la República dio el primer paso para iniciar un juicio de responsabilidades, cuando imputó a Fernández, junto al ex alcalde Miguel Becerra y al senador Abraham Cuéllar (afín al MAS), por el delito de genocidio.

El martes, el Ejecutivo detuvo al Prefecto en Cobija. De inmediato lo trasladó a La Paz, luego a Cochabamba y al final fue recluido en la Academia de Policías de la sede de gobierno. Mientras los ministros de Defensa y de la Presidencia señalaron que lo capturaron y confinaron por generar resistencia al estado de sitio, el vicepresidente Álvaro García señaló esa noche que lo detuvieron por la «masacre de Pando».

Hasta el momento, ni Becerra ni Cuéllar fueron convocados a declarar por el caso.

El miércoles, los familiares de las víctimas lo acusaron a través de la Fiscalía, por cometer los delitos comunes de terrorismo, asociación delictuosa y asesinato. El juez Williams Dávila convocó a la audiencia de medidas cautelares, que se realizó ayer en la Academia.

La defensa de la autoridad regional presentó un hábeas corpus. El abogado Carlos Brito fundamentó el recurso —presentado ayer por la mañana en contra del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y del fiscal de materia Rolando Morales, quien presentó la imputación por terrorismo, asesinato y asociación delictuosa— y afirmó que se violaron los derechos y garantías de su defendido, ya que fue detenido ilegalmente sin que existiera mandamiento de aprehensión alguno en su contra.

Rechazó que el Prefecto haya incumplido el estado de sitio, ya que cuando fue detenido se encontraba en su despacho de la Prefectura cumpliendo sus actividades normales y no en una reunión política u otra actividad prohibida por la medida de excepción, según reportó ANF.

Sin embargo, este recurso fue declarado improcedente. Fue la primera derrota del día para Leopoldo Fernández.

Por la tarde, ya en la audiencia de medidas cautelares, el juez Williams Dávila, quien candidatea para asumir el cargo de Fiscal General de la República en la designación que tiene pendiente el Congreso, advirtió que sobre Fernández pesa la probabilidad de participación en el delito de terrorismo, y no así en los de asociación delictuosa y asesinato, que también incluía la denuncia de los familiares de las víctimas.

El argumento principal que sustentó esa posición fue que «las declaraciones indican que él sería el responsable de mandar a todos los funcionarios (de la Prefectura), así lo demuestra la utilización en los sucesos de dos vagonetas del Servicio Departamental de Caminos (que depende del despacho de Fernández y que supuestamente llegaron a Tres Barracas para impedir el paso de grupos afines al MAS), son elementos probables de su participación».

Luego, advirtió que «otro elemento que lo relaciona con terrorismo son las boletas que se tienen de parte de la Prefectura del Departamento, aquí están las copias, y que solamente pueden tener acceso los funcionarios».

En cuanto a los riesgos procesales, Dávila analizó que «con el poder que tiene en Pando, podría influir negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos, a objeto de que informen falsamente o informen verdaderamente sobre los hechos. El imputado, teniendo en cuenta la capacidad de convencimiento que tiene en la ciudad de Cobija, encuentro que existe ese riesgo».

Ayer fue un día negro para la autoridad pandina. Mantuvo dos audiencias, y aunque su defensa y él solicitaron que se lo procese a través de un juicio de responsabilidades, igual fue a prisión.

«Con el poder que tiene en Pando, podría influir negativamente sobre los partícipes, testigos o peritos», explicó el juez Dávila.

Movilizaciones y policías rodearon a Fernández

SINCRONIZACIÓN • Al lugar donde iba el Prefecto habían efectivos y grupos organizados. Dinamitazos y petardos asustaron a los vecinos.

• LA PROTESTA • Un grupo de personas llegó en la tarde a Bajo Següencoma. Intentó agredir a la prensa e insultó.

Dos grandes operativos rodearon a las audiencias a las que asistió el prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, ayer en La Paz. El policial, que resguardó su seguridad y, el de grupos afines al MAS, que pedían justicia y lo insultaban.

A las 9.00, un contingente policial se apostó en la puerta de la Academia Nacional de Policías de La Paz (Anapol) en Bajo Següencoma, donde Fernández permanecía detenido por segundo día. Entretanto, los periodistas llegaban al lugar.

A las 9.10 un personero de Naciones Unidas abandonó la Anapol, 46 minutos después hubo un primer relevo policial; entretanto, las movilizaciones sociales llegaban a la puerta de la Corte Superior de Distrito para insultar al Prefecto de Pando.

A las 11.40 arribó el senador Róger Pinto (Podemos), acompañado de su esposa e hija. «Vine con mi familia a visitarlo», dijo.

Luego se conoció que el sindicado había sido trasladado a la Corte Superior de Distrito. Eran las 11.58. Cinco minutos después se replegaron todos los uniformados, fue una señal aprovechada por los medios de comunicación, que apresurados fueron a la Corte.

A las 12.20, en el Salón Celeste, se instaló una audiencia de hábeas corpus. Entre las intervenciones se oían petardos y gritos que pedían «justicia». Ambos llegaban desde afuera; era una turba de personas que decían ser familiares de las víctimas.

Fernández dio detalles de su detención, dijo que sabía desde un principio que iría a La Paz, luego mencionó que llegó a la sede y que fue trasladado a Cochabamba para después retornar a La Paz. Minutos más tarde, el fiscal Eduardo Morales acusó a Fernández de pretender quitarse la vida cuando llegó a La Paz el martes. Según el representante del Ministerio Público, el Prefecto, al enterarse que una turba aguardaba su llegada afuera de la terminal aérea en El Alto, habría pedido un arma de fuego para quitarse la vida, antes que entregarse a la gente.

Sin embargo, esta versión fue desmentida luego por fuentes de la Prefectura pandina.

A las 14.26 finalizó la audiencia. Decenas de personas se apostaron en la calle Genaro Sanjinés y pedían ver a Fernández. Los policías se encargaron de mantener el orden y no permitir su ingreso.

Un operativo policial trasladó al Prefecto nuevamente a la Anapol. A las 15.00 aproximadamente, otro contingente policial resguardaba la zona, no se conocía la situación de Fernández. Sin embargo, se supo que la audiencia de medidas cautelares se instaló a las 15.19 en la sala de Asesoría Jurídica de la Academia.

Un grupo de al menos 10 personas, con carteles y botellas en mano, pretendía amedrentar a la prensa y le cerraba el paso, entonces, cada periodista se dio modos para llegar a la audiencia.

Eran tan pequeña la sala, que pocos de los interesados pudieron captar los momentos del proceso que determinó su detención preventiva en el penal de San Pedro de La Paz.

Casi cinco horas después de iniciada la audiencia, salió Fernández de la sala con la cabeza en alto y sin dar declaraciones, fue trasladado con resguardo a la cárcel en un vehículo policial. Un grupo de personas afines al MAS en estado de ebriedad pretendió destrozar los vehículos particulares estacionados en la calle, violentó las puertas de los domicilios y lanzó petardos al interior de los inmuebles, según denunciaron los vecinos. En todo el proceso se escuchó la detonación de tres dinamitas y más de 10 petardos, además de insultos.

Reacciones

«La justicia llega tarde o temprano´

EVO MORALES.

Presidente de la República.

Según la gubernamental ABI, el presidente Evo Morales aseguró que con la detención preventiva del prefecto Leopoldo Fernández comenzó la aplicación de la justicia en Pando. «En la política no se trata de manejar con plata ni con armas, eso tiene tiempo limitado, y eso está pasando con Leopoldo Fernández´, dijo. «(…) Tarde o temprano llega la justicia contra esta clase de delincuentes», acotó.

«Un linchamiento mediático»

JORGE QUIROGA.

Jefe Nacional de Podemos.

«El Gobierno ha garantizado que nunca se haga justicia por los sucesos del 2003 porque los que gobernaban en octubre del 2003, ahora sí van a poder convencer a jueces en otros países que en Bolivia no hay justicia independiente. (…) A una autoridad electa, ratificada, se la sube a un avión, no hay mandamiento de apremio y se la pone en la cárcel; el Gobierno está haciendo un linchamiento directo mediático».

«Complacidos, se hace justicia»

ANTONIO MORENO.

Strio. Fed. de Campesinos de Pando.

La Federación de Campesinos de Pando manifestó «su satisfacción» por la detención preventiva del prefecto Leopoldo Fernández, según la gubernamental ABI. «Manifestar nuestra complacencia porque se hace justicia luego de la masacre que hemos vivido en Pando los sectores campesinos. (…) Creemos que ahora tiene que hacerse justicia. Queremos, como campesinos, que la justicia llegue a todos».

«El fallo ya estaba impreso»

SAMUEL DORIA MEDINA.

Jefe de Unidad Nacional (UN).

«Parecía que ya esta tarde estaba esperando solamente que termine la acción para imprimir el fallo porque ya estaba definido el fallo antes de que empiece la audiencia. (…) No se puede hacer borrón y cuenta nueva con los muertos que hubo. Sería interesante que se siga el proceso también a la ex ministra de Gobierno (Alicia Muñoz) por los muertos de Huanuni y Caihuasi, que la justicia se aplique a todos».