Seis entidades públicas caen en Pando y Tarija; Evo denuncia golpe

El Gobierno aprobó un decreto para hacer pagar a las prefecturas los daños y perjuicios. En Santa Cruz hubo 2 atentados con bombas caseras y los cívicos iniciaron el corte de rutas. Dos contingentes policiales fueron cercados en el aeropuerto de Cobija.

Bloqueos: el corte de rutas, que ya lleva 12 días en el Chaco, agobia a los viajeros en Tarija. En la foto, un grupo aguarda a la vera del camino para hacer un transbordo



LA PRENSA

En Pando y Beni no hay bloqueos, en Santa Cruz y el Chaco hay 11 cortes de rutas

LOS CÍVICOS TOMAN 6 ENTIDADES Y EVO DENUNCIA UN «GOLPE CIVIL»

Los dirigentes cívicos de Cobija (Pando) controlan cinco instituciones estatales, y en Tarija los universitarios tomaron la oficina del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en demanda de la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y en rechazo al referéndum constitucional convocado por el Gobierno. El presidente Evo Morales denunció que detrás de estas ocupaciones hay un intento de dar un «golpe civil».

Al día siguiente del anuncio de la radicalización de los bloqueos por parte del Consejo Nacional Democrático ya son 11 los puntos de bloqueo en los departamentos de Santa Cruz y Tarija, mientras que en Beni y Pando no existen cortes de rutas.

Las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la Superintendencia Forestal, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las oficinas de Migración en la ciudad fronteriza de Cobija están bajo el control de la dirigencia cívica. La Aduana Nacional también permanece ocupada, pero por un reducido número de discapacitados que procuran obtener un bono anual y vitalicio de parte del Estado.

Los grupos cívicos de Cobija se encuentran desde el lunes en «vigilia permanente» y también cercaron el aeropuerto. Cada vez que divisan un avión, se trasladan a la pista para verificar que no esté arribando algún funcionario gubernamental.

La tarde de ayer, los cívicos impidieron que un contingente de policías que había llegado de La Paz para reforzar la seguridad de las instituciones fuera cercado por la población civil, que estuvo a punto de tomar la pista. La intervención del prefecto Leopoldo Fernández aplacó los ánimos.

La delegada presidencial Nancy Texeira responsabilizó al dirigente de la Federación de Campesinos afín a la Prefectura Luis Alberto Rojas y al dirigente del Movimiento Sin Tierra pandino Rudy Atiare de la toma del INRA.

La presidenta del Comité Cívico de Pando, Ana Melena de Suzuki, dijo que la invasión fue pacífica y anunció que esas oficinas podrán pasar a ser administradas por la Prefectura pandina.

En la ciudad de Tarija, las oficinas de Migración y de la Aduana fueron apedreadas y en la tarde cayó en manos de los universitarios y dirigentes cívicos la sede de Impuestos Nacionales. Las oficinas de la nacionalizada Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel) Tarija también permanece bajo amenaza de toma.

La oficina de la delegada presidencial Celinda Sosa fue atacada con tomates, según la agencia ANF.

En otros departamentos de la «media luna» también existe hostigamiento a dependencias del Estado por agrupaciones cívicas y funcionarios prefecturales.

Las regiones

En Trinidad, Beni, se intentó tomar el martes los predios de Impuestos Nacionales, del Ministerio de Trabajo y del INRA. Ayer hubo un atentado contra la antena de la radioemisora Patria Nueva en Rurrenabaque, según denunció el secretario ejecutivo de la Federación de Colonizadores, Eugenio Huanca.

Los cívicos benianos participaron en una marcha de protesta y el dirigente cívico Alberto Melgar advirtió que los médicos cubanos y venezolanos que trabajan en esa región en programas gubernamentales de salud y educación «tienen las horas contadas». También están conminados a abandonar la tierra beniana el comandante de la Sexta División de Ejército, Fernando Rocabado, y el delegado presidencial Palmiro Soria. El prefecto Ernesto Suárez llamó a la población trinitaria a acatar las órdenes de los cívicos y pidió a las Fuerzas Armadas que cumplan la Constitución y no las «órdenes políticas» del Gobierno.

En Santa Cruz, las dependencias del INRA se encuentran cercadas por minusválidos que reclaman el pago de un bono. Las actividades del INRA en aquel departamento fueron suspendidas, tanto en la ciudad como en provincias. Recientemente, minusválidos irrumpieron en la Representación Presidencial y agredieron a su titular, Gabriela Montaño. Ayer, los cívicos tomaron un puesto de control de la Aduana en San Vicente, camino a San Matías.

Las tomas de ambientes de reparticiones del Estado se inscriben entre las medidas de los departamentos de la «media luna» por la restitución del IDH y en rechazo a los referendos dirimitorio y aprobatorio del proyecto de Constitución Política y a las elecciones de dos prefectos, de subprefectos y de consejeros departamentales, procesos convocados por el Gobierno.

El miércoles, los prefectos y dirigentes cívicos de Pando, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, que forman parte del Consejo Nacional Democrático (Conalde), decidieron radicalizar los bloqueos. Hasta ayer sumaban 11 puntos de bloqueo. Mientras que los cierres de caminos en la región del Chaco ya llevan 12 días y entran en el cansancio, en Beni y Pando aún no han comenzado.

En los días recientes, las dirigencias regionales de Yacuiba y Villamontes se desmarcaron de las poblaciones movilizadas al anunciar que negociarían independientemente sus regalías. El Gobierno los invitó a reunirse el lunes. Chuquisaca decidirá hoy si asume movilizaciones.

«Golpe civil»

Para el presidente Evo Morales, según la agencia ABI, las tomas de entidades estatales forman parte de un «golpe civil» financiado por las prefecturas controladas por la oposición. El Primer Mandatario convocó a la unidad del pueblo y a las Fuerzas Armadas para defender la democracia boliviana.

«Las acciones del llamado ‘Consejo Nacional de la Derecha’, Conalde, coinciden con las asumidas durante el levantamiento armado contra la democracia del 17 de julio de 1980. Ahora intenta iniciar un golpe civil tomando instituciones».

En ese contexto, el Presidente advirtió que es obligación del Gobierno constitucional que encabeza preservar el estado de derecho y utilizar todos los instrumentos que le otorga la Carta Magna para garantizar su vigencia, y convocó al pueblo a la unidad en defensa de la patria.

Morales está de gira por Libia e Irán, países con los cuales Bolivia estableció relaciones diplomáticas. Hoy estará en un acto en la plaza Murillo.

El presidente Evo Morales denunció que detrás de las tomas hay un intento de «golpe civil»

Alberto Melgar dijo que los médicos cubanos tienen las horas contadas para salir del Beni.

Las casas de Colanzi y Vedia sufrieron ataques

Un atentado con explosivos se presentó en la casa del diputado de Unidad Nacional (UN) Alejandro Colanzi y simultáneamente miembros de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) golpearon al principal dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz, Lucio Vedia, cuya vivienda también sufrió un atentado.

Colanzi, en declaraciones a Erbol, relató que cerca de las cuatro de la madrugada sintió el impactó de la explosión que ocasionó que se quemara una parte de su vivienda. El incendio fue controlado con la ayuda de sus vecinos. El legislador denunció que el artefacto fue lanzado desde un automóvil Toyota Land Cruiser negro y sin placas.

El diputado es uno de los más críticos a la gestión de Rubén Costas y además forma parte del grupo Santa Cruz Somos Todos, que se opone a las medidas de esa autoridad. Los vecinos tuvieron que auxiliarlo para apagar el fuego en su domicilio. A la misma hora, otro grupo de supuestos unionistas incendió la casa del dirigente de la COD, Lucio Vedia. Fuentes allegadas a esa casa sindical informaron que el dirigente se declaró en la clandestinidad tras haber sido golpeado con saña.

El principal dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Isaac Avalos, al igual que Vedia, se declaró en la clandestinidad para evitar nuevas represalias.

La Prensa intentó comunicarse con el sindicalista, pero no fue posible porque su celular estaba desconectado. Un familiar suyo explicó que «por razones de seguridad» tuvo que abandonar la ciudad. Vedia es el dirigente de la COD paralela, el otro bloque es manejado por Edwin Fernández.

Quintana dice que usaron armas de fuego en Beni

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, denunció que en el intento de toma del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) en Trinidad, el martes, fueron heridos al menos nueve efectivos militares, dos de ellos fueron alcanzados por proyectiles de arma de fuego.

Responsabilizó de esas acciones a la primera autoridad del departamento beniano, Ernesto Suárez. «La Prefectura del Beni financia con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) a grupos armados que azuzan la violencia en Trinidad». Quintana aclaró que existen pruebas de que civiles portaban armas.

«Condenamos estos hechos irregulares y denunciamos que organizaciones de grupos criminales, encabezadas por las prefecturas de Pando y Beni, están poniendo en grave riesgo no sólo la seguridad, sino también la vida de los ciudadanos y de los bienes públicos», sin embargo en Trinidad el comandante de la Sexta División de Ejército, Fernando Rocabado, afirmó que el único herido de gravedad de los choques con los unionistas el martes es un soldado que sufrió quemaduras cuando le cayó una bomba molotov en el pecho.

Entre los soldados lesionados se cuentan conscriptos que recibieron pedradas y cortes como consecuencia del ataque de los dirigentes cívicos. El Ministro, sin embargo, habló de proyectiles de balas calibre .22.

El Comando General del Ejército presentó una querella en contra el prefecto del Beni, Ernesto Suárez; el alcalde de Trinidad, Moisés Shriqui, y el presidente del Comité Cívico de la región, Alberto Melgar, por las agresiones que sufrió el martes un grupo de militares que custodiaba el edificio del Servicio Impuestos Nacionales.

El Gobierno alista descuentos

El Gobierno emitió ayer el Decreto Supremo 29698, que autoriza el descuento a las prefecturas para reparar los daños que sean cometidos contra las entidades públicas por organizaciones «promovidas» por los gobiernos departamentales.

El ministro de Gobierno, Alfredo Rada, explicó que los «gastos que demande la reparación de daños provocados por estos actos de vandalismo serán financiados con recursos que les pudiera corresponder a las prefecturas de departamento». Para el cumplimiento de esta nueva disposición gubernamental, el Ministerio de Hacienda está autorizado a debitar de las cuentas de las prefecturas los recursos que «sean necesarios» para reconstruir los deterioros.

El Poder Ejecutivo aprobó un primer decreto, el domingo 24 de agosto, que establece sanciones para las prefecturas y los municipios que ocasionen daños y perjuicios como consecuencia de la tomas de instalaciones petroleras y cierre de válvulas de gasoductos.

La medida causó la reacción inmediata de los representantes departamentales, quienes consideran que se trata de un «castigo político». Roberto Gutiérrez, vicepresidente del Comité Cívico de Santa Cruz, dijo: «Encima de que nos quitan el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, ahora nos hacen descuentos, pero esta vez el Gobierno se equivocó».

Mauricio Lea Plaza, secretario general de la Prefectura tarijeña, rechazó el decreto supremo: «La gente que ataca las oficinas seguramente lo hace para expresar su protesta, pero en esas acciones no está la Prefectura».

El senador de Podemos Wálter Guiteras pronosticó que esta nueva medida gubernamental desatará más violencia en las regiones. El legislador también amenazó con «tomar» los cuarteles de los efectivos militares en represalia por esta medida.

El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, afirmó que existen «suficientes pruebas» para determinar que los ataques a entidades estatales son promovidos por las prefecturas. Contra las autoridades departamentales también se formularon querellas por varios delitos tipificados en el Código Penal. Está en vigencia otro decreto para descontar a las prefecturas, pero por daños a los pozos petroleros.

Hay pérdidas en la producción

Los productores de banana del Chapare sienten preocupación por el cierre de la frontera con Argentina, porque hay miles de cajas de banana que no pueden ser exportadas. Los pequeños productores asociados en organizaciones económicas de Cochabamba, Chuquisaca y Tarija se declararon en emergencia y el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Gabriel Dabdoub, informó de pérdidas millonarias.

La feria exposición Fexpocruz, un acontecimiento que genera un movimiento económico de 117 millones de dólares, también está en riesgo, en tanto que los países que compran gas a Bolivia están preocupados por las amenazas de los opositores al Gobierno del presidente Evo Morales que no descartaron el cierre de válvulas.

Según la agencia Efe, el canciller brasileño, Celso Amorim, declaró ayer en Brasilia que su país estudiará «de manera seria» las amenazas de cortar el suministro de gas por parte de los grupos opositores. Amorim recordó que ya en el pasado hubo amenazas similares pero fueron resueltas. «Si fuera necesario, estoy dispuesto a tener contacto con los gobiernos regionales bolivianos». El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, sostendrá hoy una reunión con una comisión de la Unión Europea que llegará esa capital.

Las movilizaciones

En Pando fueron tomadas cinco instituciones públicas por los dirigentes cívicos.

En Beni hubo marcha de protesta. En Santa Cruz existen bloqueos, así como en Tarija.

El Gobierno invitó al Chaco para negociar sus demandas de regalías en la ciudad de La Paz.