Constitución a la fuerza

José Gramunt de Moragas, S.J.*

La Razón

El Presidente declaró el sábado ante el Conalcam que el texto de la Constitución de La Glorieta, «igual de buenas o de malas se va a aprobar» (sic). Días después les pidió a los prefectos que debían firmar su compromiso apoyando el referéndum constitucional. ¿Será útil el diálogo si don Evo ya tiene decidido que la tal Constitución se aprobará, aunque sea por las malas?



Sea lo que fuere, es oportuno rescatar el criterio de la Iglesia Católica sobre el texto constitucional. Me limitaré a mencionar algunos aspectos del documento episcopal. Los obispos están preocupados porque «el proceso ha sido marcado por las presiones y la violencia» y afirman que el «cambio» anunciado por el Gobierno «debe ser fruto de un consenso» y no el «resultado de imposiciones».

Aunque es positivo «el reconocimiento de los indígenas como ciudadanos de pleno derecho», en el texto de La Glorieta no se rescatan los conceptos de nación y nacionalidad boliviana como vínculos comunes de pertenencia de todos los bolivianos, lo cual posibilita «nuevos colonialismos de ideologías que manipulan y esclavizan». Y ven «con inquietud que aumenta el distanciamiento entre regiones, clases sociales y etnias». Lamentan que varios sectores sociales «han optado por medios de defensa ilegítimos que ponen en grave riesgo la dignidad humana y la paz». Un ejemplo es «la imposibilidad de acción del Tribunal Constitucional». El control social propuesto por esa Constitución es una suerte de superpoder que estaría por encima de los tres poderes del Estado democrático.

Alientan a que las autonomías regionales superen «la asimetría y desigualdades sociales económicas y políticas», al tiempo que se construye «una nueva y plena unidad de Bolivia». La Constitución «no puede ser un instrumento para generar y perpetuar hegemonías personales, sectoriales, partidarias o de gobierno» (…) «Debe plantear reglas claras y no contradictorias para el ejercicio del poder, su alternancia democrática, evitando cualquier peligro de totalitarismo». «Preocupa» que los derechos civiles y políticos queden comprometidos por el «amplio margen de discrecionalidad del Estado», así como las limitaciones a la libertad de prensa. Los obispos ponen especial énfasis en el derecho a la vida y señalan la ambigüedad de los llamados ‘derechos sexuales y reproductivos’, que encubren la degradación de la sexualidad vivida sin amor y debilitan los valores de la familia. Censuran que se niegue el derecho a ser elegido, a quienes sólo hablen un idioma oficial (don Evo habla sólo el castellano). Y disienten de los sistemas electorales exclusivamente mayoritarios porque no reconocen a las minorías, lo cual es fuente de exclusión y de confrontación. La excesiva concentración de poder en el Ejecutivo puede ser fuente de autoritarismo. La justicia originaria afecta la seguridad jurídica. El «control social» puede subordinar los órganos del Estado a intereses sectoriales particulares. También cuestionan el uso y aprovechamiento exclusivo de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales no renovables, con exclusión de quienes no forman parte de los mismos.

Por todo lo dicho en este comprimido extracto, los obispos exhortan a restablecer el Estado de Derecho, promover la cultura de la legalidad y de la paz.

*José Gramunt

es sacerdote jesuita y director de ANF.