Cuatro nuevos confinados llegan a Viacha

Sin embargo, el lunes se conoció la detención de un ex asambleísta de Podemos y no se supo nada de él. El Gobierno sólo confirmó 4 nombres. Juicio a Fernández agrava el conflicto entre poderes

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• Miembros de UNASUR • Tras entrevistar a Fernández, los delegados salieron del penal en medio de los Ponchos Rojos.

La Razón

El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, confirmó ayer que se procedió al confinamiento de Melitón Brito, Homar Polanco, Máximo Ayllón y Marcelo Mejido desde Pando. Según Gamarra, estos confinados estarían en el Regimiento Bolívar de Viacha. Sin embargo, en Cobija se denunció la desaparición de una persona más, Abel Janco, ex asambleísta de Podemos.

“La referencia que tenemos es que evidentemente existen cuatro, cuyos nombres son de conocimiento público en calidad de confinados en Viacha: Melitón Brito Pereira, Homar Polanco, además Máximo Ayllón y Marcelo Mejido”, respondió Gamarra ante la insistencia de los periodistas. En una primera instancia, la autoridad pidió a los medios de comunicación remitirse al Ministerio de Defensa.

Homar Polanco es alcalde de Porvenir; Máximo Ayllón, alcalde de Bolpebra; Melitón Brito, cuñado del prefecto suspendido de Pando, Leopoldo Fernández, y Marcelo Mejido, cajero del Servicio Departamental de Caminos de Pando (Sedcam) y Abel Janco es ex asambleísta de Podemos.

Según el corresponsal de radio Fides en Cobija, Juan Carlos Paredes, Abel Janco fue detenido por civiles el sábado en Cobija a las 16.00 aproximadamente. “Lo sacaron de un bar”, precisó.

Marcelo Mejido fue detenido también por civiles a las 8.00 de ayer, en su oficina. “Sus familiares lo siguieron y hasta filmaron su detención, porque lo sacaron con mentiras de la oficina”, relató.

De acuerdo con la versiones de los familiares, Mejido fue retenido en el Batallón Eureca de la Fuerza Naval en Cobija.

Asimismo, se conoció que Brito fue detenido el martes por la tarde cuando salía de la oficina de Impuestos Nacionales en la Alcaldía de Cobija, y Ayllón fue aprehendido en la calle.

El fiscal Isabelino Gómez, miembro de la comisión especial que indaga los hechos en Pando, señaló ayer que se tomarán declaraciones ampliatorias a Brito, pues presuntamente fueron hallados agentes químicos en su hacienda hace un mes.

“Se debe hacer la ampliación y va a ser citado. Él está confinado, no se ha expedido la citación correspondiente, pero nosotros vamos a proceder a tomarle la declaración”, complementó.

El viernes 12 de septiembre, luego de que se desatara una escalada de violencia en Porvenir (Pando), el Gobierno decretó estado de sitio en ese departamento. Desde el lunes 15 de ese mes hasta el martes 28 de octubre se produjo el paulatino confinamiento de 18 personas, quienes ahora se encuentran en el Regimiento Bolívar de Viacha.

Ayer, miembros de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que investigan los hechos en Pando, se entrevistaron con Fernández en la cárcel paceña.

“Sólo es cajero del Sedcam”

A través de un contacto telefónico con un familiar de Marcelo Mejido, cajero del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam), y la red ATB, Mejido “nunca perteneció a ningún movimiento”

“Él nunca perteneció a ningún movimiento, en ninguna toma de infraestructuras, él es sólo cajero pagador del Sedcam”, relató su familiar.

El Gobierno no se pronunció sobre las causas del confinamiento de Mejido y de las otras tres personas a La Paz. Sin embargo, se conoció que estas cuatro personas fueron detenidas por civiles cuando estaban en las calles de Cobija (Pando).

En el caso de Mejido, de acuerdo con el periodista de radio Fides-Cobija, fue detenido con mentiras. “Le dijeron que lo iban a llevar a la Dirección de Infraestructura”, sostuvo el periodista, quien recogió este testimonio de los familiares del confinado.

Según ATB, Mejido es hermano de la ex asambleísta de Podemos Sussy Mejido. Su aprehensión fue realizada por militares del Comando Conjunto de ese departamento.

Juicio a Fernández agrava el conflicto entre poderes

El Ejecutivo ratificó que no trasladarán a Fernández a Sucre porque no fueron notificados. La defensa aclaró que hoy se enviará la resolución y que hasta el viernes debe cumplirse, de lo contrario iniciarán las demandas internacionales.

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El Nuevo Día

• VIGILIA • Los ponchos rojos y alteños custodian con violencia la cárcel de San Pedro.

El fiscal General Mario Uribe reconoció ayer que la resolución de la Corte Superior que determina el traslado de Leopoldo Fernández a Sucre debe ser acatada. Sin embargo, horas después decidió apartarse de la causa, dejar las investigaciones en manos de la comisión de diputados y dar la competencia al juez de Instrucción de La Paz, William Dávila, para juzgar al detenido.

El caso del prefecto pandino ya provocó un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial. Y que puede arrastrar al Legislativo considerando que una comisión investiga.

El Gobierno insiste en no cumplir el fallo argumentando la falta de conocimiento de la resolución judicial. La defensa del detenido explicó que por trámites administrativos no se envió las notificaciones, pero que serán presentadas hoy.

“Por supuesto que se debe cumplir la ley y obviamente en manos del Poder Judicial está el cumplimiento de sus peticiones, no es del Ministerio Público”, dijo Uribe en su paso ayer por Santa Cruz.

Explicó que no conoce la resolución de la Corte Superior de Sucre porque no ha sido notificado. Evitó referirse al motivo de su alejamiento en las investigaciones para dejarlas en poder de la comisión de diputados, en la que el MAS tiene mayoría.

La autoridad fue demandada dentro del hábeas corpus, declarado procedente el pasado lunes por detención indebida y privación de un juicio de responsabilidades a Fernández. También fueron incluidos en el proceso el ministro de Gobierno, Alfredo Rada y el ministro de Defensa, Walker San Miguel.

El fallo obliga a retomar las investigaciones reconociendo que Fernández merece un juicio de responsabilidades, pero Uribe reaccionó enviando un memorial a la Sala Penal de la Corte Superior comunicando la declinación de su competencia y solicitó la remisión del proceso a la jurisdicción de La Paz, informó el ministro encargado de la Sala, José Luis Baptista.

El magistrado dijo que el Fiscal General también sostuvo que Fernández cometió delitos que deben ser juzgados en la vía ordinaria. Baptista añadió que Uribe está incurriendo en incumplimiento de deberes al negarse al fallo de la Suprema y puede enfrentar un proceso penal.

“Estamos iniciando acciones legales para no cumplir un fallo tan horrorosamente contrario a la ley”, dijo el viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez. Recordó que ya existe una demanda en La Paz interpuesta por el ministro Alfredo Rada contra los vocales Oswaldo Fong y Elena Lowenthal por prevaricato, uso indebido de influencias y resoluciones contrarias a la ley.

El representante legal de Fernández, Karlo Brito, aclaró que hasta el viernes el prefecto pandino debe estar en Sucre, de lo contrario apelarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ante la presión violenta de los movimientos sociales, el abogado de Fernández presentó un memorial exigiendo garantías.

Critican pasividad del defensor del pueblo

El presidente el Colegio Nacional de Abogados, Edwin Rojas, criticó duramente la pasividad del defensor del pueblo, Waldo Albarracín ante la persecución política del gobierno contra los líderes cívicos y otras personas.

“No hemos visto un solo hábeas corpus, un solo amparo, debo decirle que su función constitucional ya no es optativo, es un deber”, dijo Rojas recordándole que al haber en el país una sola detención sin un mandamiento o traslados jurisdiccionales, debe actuar. Añadió que Albarracín como autoridad pública tiene la obligación de defender al pueblo.

Por su parte, Albarracín sostuvo que las críticas vienen tan parcializadas como si vinieran del otro extremo, que es el gobierno.

Reconoció que tiene mucha presión de ambos lados, pero que está trabajando para garantizar el respeto a los derechos humanos. Aunque no quiso referirse directamente sobre las detenciones gubernamentales a cargo de una comisión nacional de fiscales que está operando en todo el país.

Para el líder cívico del Beni, Alberto Melgar, no hay quién pueda defender la libertad y democracia.

Apuntes

Acusan a vocales de tráfico de influencias • El senador suplente de UN por Pando, Abraham Cuéllar, denunció un tráfico de influencias del vocal Oswaldo Fong, quien votó a favor del hábeas corpus presentado por Fernández. Según el parlamentario los hermanos del vocal Arnold Fong y René Fong tienen contratos firmados con la prefectura pandina.

Caso de Corte • El fiscal anticorrupción, Leopoldo Ramos Herrada, se excusó de tomar declaraciones informativas a los magistrados de la Sala Penal de la Corte Superior Elena Lowenthal y Oswaldo Fong, acusados de prevaricato por la familia de los estudiantes normalistas asesinados en Porvenir. La autoridad explicó que no tiene competencia por tener los vocales caso de Corte.

Periodistas agredidos • Los movimientos sociales agredieron ayer a los medios de comunicación que se encontraban en las puertas de la cárcel de San Pedro. Arremetieron contra la reportera de la Red Uno, sin respetar su condición de mujer. El principal instigador se identificó como diputado del MAS, quien daba órdenes a la policía.