Disuelven comisión que investigaba caso Pando

Proceso. El fiscal general Mario Uribe dio la instrucción.

Ahora el Gobierno dice que Leopoldo está detenido por un juicio ordinario.

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Violencia. Los sucesos del 11 de septiembre aún no fueron esclarecidos

El Deber

ANF/Correo del Sur

El fiscal general de la República Mario Uribe, comunicó ayer al fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, que determinó disolver la comisión especial de fiscales que investigaba el llamado caso Pando, por la toma de instituciones públicas y el enfrentamiento entre campesinos y autonomistas, que causó 18 muertos.

Uribe llegó hasta el despacho de Gutiérrez, donde se reunieron por más de tres horas. No quisieron emitir declaraciones a la prensa.

El fiscal Félix Peralta -integrante de la comisión especial- dijo que acatará la determinación de Uribe y dijo que éste seguramente tuvo sus razones para instruir la disolución de esta comisión que investigaba también al ex prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, recluido en la Cárcel de San Pedro.

Explicó que la comisión fue constituida para esclarecer todos los hechos acaecidos el 11 de septiembre.

"Lo que nosotros podemos decir es que estamos apegados al procedimiento y a los fines que busca en su misión el Ministerio Público. Por supuesto esto (la disolución) no ayuda mucho (a esclarecer el caso Pando)", manifestó.

Por otro lado, la Corte Suprema suspendió el plazo para la presentación del requerimiento acusatorio o de rechazo por este asunto.

Con esta decisión, para la Fiscalía General se ratifica que el proceso sí será tramitado por la vía del juicio de responsabilidades y el Ministerio Público retomará la dirección de la investigación, una vez que la Comisión Especial de Diputados concluya su labor e, independientemente de la decisión que ésta asuma, tomará una determinación al respecto.

Ahora el Gobierno dice que Leopoldo está detenido por un juicio ordinario

El Gobierno volvió a cambiar su versión sobre la situación jurídica del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández. El viceministro de Justicia, Wilfredo Chávez, explicó a ABI que es procesado bajo la jurisdicción penal ordinaria por la matanza de Porvenir y por esa razón está recluido en la cárcel de San Pedro.

Sin embargo, cuando la Corte Suprema de Justicia exigió que sea trasladado a Sucre para ser juzgado, porque Fernández cuenta con caso de corte y la única forma de enjuiciarlo es a través de una orden del Congreso, el Gobierno argumentó que la detención en San Pedro era por haber vulnerado el estado de sitio. "La palabra del presidente está más vigente que nunca, en la medida que los muertos de Porvenir no se negocian", dijo Chávez, que aseguró que a Fernández se le imputan los supuestos delitos de asociación delictuosa, terrorismo y asesinato, que está al margen del estado de sitio.

Explicó que la Corte Suprema de Justicia debe tomar en cuenta que en La Paz no existe un juicio de responsabilidades, sino un proceso ordinario.

“El sistema judicial no está bien visto por la población después de los acontecimientos de Pando de favorecer a Fernández, el principal acusado en el proceso penal que se le sigue en su contra por la masacre a campesinos", añadió.