El adversario mediático

Editorial de El País/Tarija.

Los procedimientos de detenciones que está aplicando la Policía junto a los Fiscales, como el caso del  periodista Jorge Melgar Quete,  han levantado la generalizada sospecha de un uso indiscriminado de la fuerza que pasaría por vulnerar derechos y garantías constitucionales supuestamente vigentes. Según las versiones periodísticas, el director del programa televisivo de opinión política "Camila y Macarena" en Riberalta, habría sido detenido por "encapuchados" en horas de la madrugada y sin que ese acto esté supuestamente autorizado por un juez de control jurisdiccional. Si esta información fuera cierta, estaríamos viviendo en los hechos en un estado de excepción con las libertades democráticas vulnerándose, lo que sería muy grave.

Ante esta detención realizada por "algún nivel de seguridad del Estado"  que no fueron las Fuerzas Armadas, el Defensor del Pueblo, las organizaciones de periodistas y la oposición política cuestionaron los hechos y fustigaron lo que han denominado la "actitud dictatorial" que asume el Gobierno Nacional y que provoca gran incertidumbre en el país.



Según las expresiones de varios periodistas, se vive en un estado de inseguridad y bajo permanente amedrentamiento de los actores políticos en pugna.

El trabajo periodístico está en la mira en forma cotidiana y si Melgar – acusado ante las autoridades de justicia por "incitar y dirigir acciones violentas de carácter terrorista entre las que se tienen la toma del aeropuerto de Riberalta, el ataque a un avión Hércules, la toma y destrozos de las instituciones del Estado, agresiones a funcionarios y amenazas públicas a dignatarios del Estado- es detenido por éstos u otros móviles,  es preciso que los procedimientos no tengan sombra de duda en lo relativo al respeto a las garantías y derechos de los sospechosos o procesados.

El Defensor del Pueblo reconoció que se vulneraron los derechos humanos y entretanto los procedimientos vayan en contra de la dignidad humana es preciso reconsiderar las formas en las que se aplican las detenciones que amedrentan no solamente a los implicados si no a la familia del mismo.

Si Melgar es o no culpable de las acusaciones no es el tema de nuestro análisis. Será la justicia la que debe establecer los cargos y  responsabilidades, pero lo que sí nos preocupa es que los derechos humanos y la libertad de expresión sean vulnerados  pues es a partir de estas prácticas  que se va formando una sociedad dictatorial, una sintomatología  que está presente pero que debemos detenerla por el bien de todos, incluso del gobierno que debe aprender a  escuchar las críticas, porque  puede que sea enriquecedor considerar otras alternativas y manejar una mejor propuesta de política y gestión nacional.

Por lo pronto serán los trabajadores de la prensa de Bolivia los que se reúnan para analizar y fijar una posición respecto a la fragilidad que sostiene al ejercicio de la profesión en el país y las futuras acciones para hacer respetar el ejercicio pleno del periodismo en Bolivia.