Editorial de El Nuevo Día.
La suspensión indefinida de los beneficios comerciales que otorga Estados Unidos a Bolivia mediante el ATPDEA ha resultado tal como se había previsto. Es decir que no podía esperarse otra reacción luego de que el Gobierno boliviano decidiera declarar “persona no grata” al ex embajador estadounidense Goldberg, a la polémica expulsión de USAID del Chapare y, finalmente, prohibir la libre movilización de la fuerza antidroga norteamericana por los cielos de Bolivia. Sin embargo, el país del norte ha tratado de no llevar el problema al terreno diplomático, sino que ha enfatizado el respeto de los acuerdos de lucha conjunta contra el narcotráfico para la vigencia de los beneficios que ofrece el acuerdo entre países.
La respuesta estadounidense a la postura boliviana resulta así coherente y consecuente con lo que ha considerado un “grave error” nacional procedimental en las relaciones bilaterales. También impresiona como medidas disuasorias frente a los agravios dirigidos a instituciones estadounidenses en el campo del apoyo al desarrollo y de la lucha contra las drogas. Mientras el Gobierno boliviano mantiene una posición dual, reñida con la lógica y la consecuencia ideológica que dice sustentar, la administración norteamericana actúa conforme a su política exterior y a la letra de acuerdos suscritos.
Lo menos que debe hacer el Gobierno nacional es dar la impresión de adoptar por un lado una postura radical que lo confronta con Estados Unidos, mientras que por el otro mantiene una actitud mendicante al enviar una comisión nacional al Norte con el expreso propósito de extender el beneficio de las preferencias arancelarias para el país. Este tipo de acciones socava la credibilidad ante la comunidad internacional, porque se dice una cosa y se hace otra distinta. La falta de consecuencia entre lo que se predica y lo que se practica ha sido casi siempre señal de una demagogia innecesaria y nociva.
Al llegar al final del camino, porque en la práctica el ATPDEA seguirá vigente dos semanas más, mientras que en el papel los beneficios durarán hasta mediados del próximo año, el Ejecutivo debe pasar de las promesas a la acción a la brevedad. Al llegar la hora de la verdad se hace preciso que los empresarios pequeños y medianos perjudicados con la suspensión de las preferencias arancelarias para sus productos no tradicionales, cuenten con mercados internacionales alternativos seguros.
Conviene recordar que la suspensión de la ATPDEA significa para el país la pérdida de 40 mil empleos directos y 120 mil fuentes de trabajo indirectas, la mayoría de industrias instaladas en La Paz y El Alto. Si como expresa el Gobierno sólo se pierden 63 millones de dólares con la suspensión de las preferencias arancelarias, habrá que ver cómo ha previsto encarar lo que se supone una aguda crisis económica del sector productor no tradicional. Ahora ya no caben promesas sino que el Gobierno debe asegurar cuanto antes otras mejores perspectivas y opciones que el ATPDEA, lo que simplemente se duda.
Mientras el Gobierno boliviano mantiene una posición dual, reñida con la lógica y la consecuencia ideológica que afirma públicamente sustentar, la administración norteamericana actúa conforme a su política exterior y a la letra de acuerdos suscritos. Esto socava la credibilidad del país.
Viejas historias
bajo el penoco
El vicepresidente Álvaro García Linera le ha pedido a los parlamentarios de la oposición que digan de una vez por todas si van a aprobar o no la Ley de Convocatoria a Referéndum constitucional, antes de que lleguen a La Paz, los cien mil ó 200 mil campesinos que marchan con intenciones de cercar el Congreso. Previo al arribo del grueso de los milicianos, la “siempre lista” Federación de Juntas Vecinales de El Alto, ha anunciado un adelantito de gran cerco, aprovechando el quinto aniversario de los hechos del llamado “Octubre Negro”. Por las dudas, los congresistas ya entraron al edificio del Poder Legislativo, con sacos de dormir, pijamas y abultados tapeques, como para revivir los 900 días del sitio de Leningrado. Cómo vienen a la memoria por estos días esos hechos históricos ¿Será por Hitler y Stalin?
La frase
“No es bueno que se proceda bajo presión, no deben existir cercos de ninguna naturaleza a ninguno de los poderes del Estado”.
Eddy Wálter Fernández, presidente de la Corte Suprema de Justicia.