El triunfo de la autocracia

El conflicto desatado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial nos hace testigos de la consolidación del nuevo régimen que pretende ser elevado a la categoría de constitucional en enero próximo.

Los Tiempos

Editorial



Confirmando las más pesimistas previsiones, el giro que ha tomado el proceso inaugurado el 11 de septiembre en Porvenir, Pando, marca el punto de inflexión a partir del cual el régimen encabezado por Evo Morales rompe sus últimos vínculos con el Estado de Derecho y, ya sin disimulos, adopta la forma autocrática de gobierno; es decir, un sistema en el cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley.

Que eso ocurra es de por sí gravísimo. Pero lo es mucho más cuando como en el caso boliviano, la transición de la democracia a la autocracia se produce con la aquiescencia de los partidos de la oposición, los que de una manera incomprensible se prestaron y todavía se prestan a avalar, dándoles un halo de legitimidad, las acciones despóticas.

No otra cosa es lo que ocurrió cuando la oposición consintió que el gobierno mantuviera en vigencia el estado de sitio en Pando mientras se convocaba a referéndum, obviando de manera flagrante lo que dispone la ley.

Las consecuencias de esa manera de proceder son muchas. Entre ellas hay que destacar la sistemática violación de los más elementales derechos ciudadanos de los habitantes del Departamento que por varios factores ha sido escogido por los estrategas gubernamentales como laboratorio de ensayo donde se ponen en práctica los métodos que configuran al régimen.

Otra de las funestas consecuencias de la pusilanimidad opositora es que le dio las espaldas al Poder Judicial, dejándolo solo en su desigual lucha en defensa de la legalidad y creando así las condiciones necesarias para que, como está ocurriendo, la majestad de la justicia sea desafiada.

La detención del Prefecto de Pando, irregular por donde se la vea pero “legalizada” por la vigencia del estado de sitio, es la máxima manifestación, pero no la única, de la vergonzosa derrota que le fue propinada a la legalidad.

El conflicto de poderes desencadenado con tal motivo, y el indisimulado desprecio por el ordenamiento jurídico de que hacen gala los funcionarios gubernamentales, es el resultado lógico, el único que cabía esperar, de la manera condescendiente con que se elevó a la categoría de dogma de fe la aserción presidencial en el sentido de que no importaba que sus actos fueran ilegales, pues “le mete no más”.

Pero tan franco despliegue de autoritarismo no sería así de efectivo si además no contara con el respaldo de las turbas enardecidas por el mismo gobierno en su afán de elevarlas, mediante su proyecto de Constitución, a la categoría de cuarto poder del Estado, lo que termina de configurar un cuadro dantesco que ilustra la magnitud del descalabro del Estado de Derecho en Bolivia.

El conflicto desatado entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, cuyo desenlace es previsible, nos hace pues testigos de la consolidación del nuevo régimen que pretende ser elevado a la categoría de constitucional en enero próximo.