Garantizar la libertad de prensa

El Diario. Editorial.

Está demostrado que el inciso II del Artículo 108 del texto constitucional que fue aprobado por los constituyentes del Movimiento Al Socialismo, en un recinto militar de la Capital de la República y posteriormente sancionada en ambientes de la Universidad Técnica de Oruro, locales fuertemente resguardados por fuerzas del orden para evitar la reacción de la población chuquisaqueña y el ingreso de los constituyentes de la oposición, es un atentado a la libertad de prensa y al trabajo de los periodistas. Con acciones de fuerza los gobiernos de turno atemorizarán a los trabajadores y los medios de comunicación a fin de evitar la investigación de los actos de corrupción que cometen quienes se encaraman en el poder y se llegará al extremo de castigar a todos aquellos que piensan diferente al Ejecutivo. Por este motivo los organismos de la prensa, como las Asociaciones de Periodistas Departamentales y de Bolivia, la Asociación Nacional de la Prensa y las Federaciones Departamentales de Trabajadores de la Prensa que siendo imparciales han emitido su voz de protesta y rechazo a las pretensiones masistas para acallar a los periodistas, como lo hacen regímenes totalitarios que clausuran y acallan a los medios de comunicación que no comparten su forma de gobernar.

La reacción de las organizaciones de la prensa en contra de los aprestos masistas para conculcar la libertad de expresión y de opinión, ha merecido un apoyo solidario de la población y de las diferentes agremiaciones de profesionales. Los actuales gobernantes en vez de buscar la unidad de los bolivianos y las regiones los quieren fraccionar con la intención de perpetuarse en el poder y controlar a todas las organizaciones sociales del país, como también tener a su disposición los tres poderes del Estado, para hacer lo que deseen sin oposición. Lo cierto es que los medios de comunicación hacen denuncia y fiscalización y esto no es de la conveniencia de aquellos que quieren administrar el país por medio de subterfugios, como ocurre actualmente.



Ante las protestas de los trabajadores y los medios de comunicación el vocero oficial del Gobierno manifestó que las demandas para modificar los artículos 107 y 108 de la Constitución elaborada por el MAS podrían ser aceptadas, respetando la base fundamental del texto constitucional que es discutido en el Legislativo entre el oficialismo y la oposición. Según esa autoridad existe un exceso de susceptibilidad de las organizaciones de los periodistas, que podrían ser atendidas en el Congreso Nacional. Sin embargo cuando dicha autoridad ejercía una dirección ejecutiva en la organización de los trabajadores de la prensa, era uno de los defensores más importantes y firmes de la libertad de prensa y de la Ley de Imprenta, sobre todo cuando el Gobierno de entonces pretendió introducir en el debate legislativo la denominada “Ley Mordaza”. Entonces el Vocero Presidencial se encontraba en el llano, era un trabajador de a pie, ahora que está en función de Gobierno se olvida de sus principios sindicales, por lo que sería mejor que no recurra a maniobras demagógicas para distraer la atención de la población.

También recordamos que un senador de profesión periodista, que dirigió un semanario de ultraizquierda, basó su accionar en la Ley de Imprenta, motivo por el cual publicaba notas con titulares ofensivos en contra de sus enemigos políticos y cuando éstos querían tomar acciones por difamación, él se amparaba en la referida norma. Ahora que forma parte del Gobierno, se muestra ajeno a lo que antes predicaba y trata de poner a los trabajadores en contra de los propietarios de los medios de comunicación. No es ético cambiar de posición como lo vienen haciendo quienes eran vehementes defensores de la Ley de Imprenta y de la Libertad de Prensa, porque saben que esas normas constituyen la mejor garantía para una convivencia pacífica y civilizada entre todos los bolivianos. Por lo tanto es necesario garantizar la libertad de prensa, lo que será posible evitando el avasallamiento político y autoritario de quienes detentan el poder.

Si el Gobierno no quiere afectar la libertad de prensa, tiene que dejar sin efecto los artículos observados y no recurrir a los movimientos sociales para presionar a los legisladores hasta que aprueben la Constitución masista, debido a que en el debate parlamentario los oficialistas no pueden hacer una defensa convincente de lo que proponen, sabiendo que la Ley de Imprenta es la única garantía para la libertad de prensa y opinión en Bolivia.

Por su parte la Sociedad Interamericana de la Prensa afirma que en Bolivia el presidente Evo Morales ha mantenido una política de agresión contra los medios y los periodistas. Por esas críticas y denuncias a nivel mundial, los gobernantes tienen que garantizar la libertad de prensa anulando los artículos 107 y 108 del texto constitucional elaborado por el MAS y cuya aprobación se la quiere conseguir mediante la presión y la violencia.