Proceso. La entidad agraria investiga 170 carpetas de saneamiento con supuestas irregularidades. En primera instancia se prevé recobrar más de 126.000 hectáreas en el oriente. El agro espera que sea legal.
Hilton Heredia García | hheredia@eldeber.com.bo
Reforma. Así como en el predio Yuquises, los colonizadores y campesinos esperan nuevas distribuciones de tierras
El Gobierno da un giro en su política de saneamiento y exige al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) acelerar la recuperación de tierras fiscales en el país con el objetivo de redistribuirlas de una mejor forma a los pueblos indígenas y comunidades campesinas.
Se estima que existen 170 carpetas de saneamiento irregulares que contemplan más de medio millón de hectáreas (ha) en el país, de las cuales 126.000 están sólo en Santa Cruz, según informes del Viceministerio de Tierras.
Las potenciales tierras están ubicadas en Santa Cruz, Beni, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba. Precisamente el titular de ese despacho, Alejandro Almaraz, en contacto telefónico con EL DEBER aseguró que en el territorio nacional los casos de fraudes sobrepasan el medio millón de ha. En ese sentido, la autoridad requirió al INRA acelerar resoluciones administrativas que dejen sin efecto los actos viciados en las carpetas de saneamiento.
Citó por ejemplo el caso de la provincia Marbán en Beni donde se descubrió un delito por más de 180.000 ha., y otro de una colonia menonita.
"Estos casos no son los únicos ya que existen otros como el de Laguna Corazón y Yasminka de propiedad del líder cívico de Santa Cruz, Branko Marinkovic, que están parados debido a que la familia interpuso primero un recurso de nulidad que por ley debe ser resuelto por el Tribunal Constitucional, órgano que no existe en este momento; segundo, hay un recurso ante el Tribunal Agrario que debe emitir un pronunciamiento próximamente", indicó.
Sobre el saneamiento en el país, dijo que en dos años se sanearon 14,7 millones de ha que sumados a las 9,3 millones de ha efectuados en los anteriores diez años, hacen un total de 24 millones de ha. En la actualidad hay 25 millones de ha en saneamiento. En relación a las zonas en conflicto como Alto Parapetí en la provincia Cordillera y San Ignacio de Velasco, la autoridad evitó hacer comentarios para no crear tensión.
Por su lado, el director nacional del INRA, Juan Carlos Rojas, dijo que trabajan en ese sentido, pues uno de esos casos es la anulación de resoluciones administrativas, obrados de dos procesos de saneamiento simple de oficio (SAN-SIM) correspondientes al polígono 128 Romero, ubicado en las provincias Cercado, Mamoré e Iténez; y del Polígono 139 Martins, ubicado en la provincia Marbán, ambos en Beni.
En estos casos se denunció al ex prefecto de Beni, Fernando Romero, y al empresario brasilero Vladimir Martins por pretender regularizar el derecho propietario sobre las tierras a través de asentamientos posteriores al 18 de octubre de 1996, año en que entró en vigencia la Ley INRA. Esta ley precisa que todo asentamiento posterior a esa fecha es pasible a desalojo.
Agregó que existen más de un centenar de carpetas observadas y que aún se hacen los trabajos de investigación.
En las oficinas distritales de Beni y Cochabamba informaron que se trabaja en el saneamiento del área Tipnis, polígono 3, ubicado en la primera sección de la provincia Moxos de Beni y la tercera sección de Chapare de Cochabamba.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) y la Confederación Nacional Agropecuaria (Confeagro), esperan que el accionar gubernamental sea de acuerdo a lo que establece la ley.
Todo pasa por el Tribunal
Rafael Montaño | Experto en Derecho Agrario
Si hubiera las nulidades absolutas dentro del proceso de saneamiento y ellos pudieran probar que existe un fraude real en el derecho de posesión, pueden efectuar la recuperación de las tierras fiscales. Lo que el INRA puede hacer en estos casos es anular los obrados por intermedio de una resolución administrativa dictada por el director nacional del INRA. Sin embargo, tiene que comprobar que hay ilegalidad y fraude en el tiempo de posesión. También se puede dar cuando las personas falsifican los papeles de los procesos. En muchos casos hay mentiras como cuando se quiere demostrar la FES, es decir hacen aparecer lo que no hay en las propiedades, o en su defecto ponen vacas ‘turistas’ que son trasladadas de un predio a otro. No obstante, todo debe pasar por el Tribunal Agrario.
Financiamiento
Según datos del Viceministerio de Tierras y del INRA, los recursos para realizar el proceso de saneamiento en el país están asegurados.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó que dio un crédito de $us 18 millones para efectuar el saneamiento en Santa Cruz y Beni; sin embargo, aún restan por ejecutarse $us 13 millones.
La cooperación danesa aporta con $us 5 millones; la cooperación de Holanda apoya con un monto similar y el TGN en una suma menor.
Las organizaciones sociales proyectan crear un Fondo Indígena del IDH destinados para el proceso de saneamiento en las comunidades. La idea está siendo discutida al interior de los sectores indígenas y campesinos de todo el país.