Instructiva gubernamental sustenta sistemática agresión contra la prensa

Las agresiones contra la prensa no son producto de irritados y desubicados personajes sino que responde a toda una concepción gubernamental que está siendo aplicada en forma sistemática.

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Uno de los agresores, Adolfo Cerrudo (es el para masista que luce chompa de cuello alto)

El mes de agosto de 2007, el Ministerio de Gobierno emitió una instructiva en la que identificaba a las redes televisivas Unitel y PAT, como abiertamente opositoras al gobierno. En este mismo ámbito ubicaba a las radios Panamericana y Fides. Recomendaba además “tener cuidado” con las redes UNO, Gigavisión y Megavisión y retacearles la información en cuanto fuera posible.

Entre los periodistas identificados como opositores se encuentran Gonzalo Rivera (PAT), Roxana Lizárraga (Unitel) y Jorge Tejerina (Cadena A) y Carlos Corz ( La Razón ) en La Paz. Similar labor cumplen los espías del gobierno en Santa Cruz, Cochabamba y Sucre, habiendo ampliado  desde hace algunos meses el seguimiento a periodistas de Pando, Beni y Tarija.

Este documento fue producto de un trabajo de monitoreo realizado en el Ministerio de Gobierno por encargo del propio presidente Evo Morales, quien pidió el diseño de un perfil de varios periodistas, particularmente de aquellos que se encargan de la cobertura informativa del palacio de Gobierno y de otros que pueden formar opinión.

Supuestamente este perfil ayudaría al presidente y a los funcionarios gubernamentales, absolver con mayor prestancia las interrogantes que pudieran efectuarles en un momento dado los comunicadores sociales. Es así que los organismos de inteligencia realizaron durante todo el último tiempo, un riguroso seguimiento para establecer el lugar en el que viven los periodistas, cuales son sus hábitos, que lugares frecuentan, cuales son sus amistades y vínculos de parentesco o, en definitiva, cuales son sus debilidades.

En lo que se refiere a los medios “opositores” se instruyó realizar un control minucioso de su situación impositiva y obligaciones laborales además de otro tipo de deudas para usar estos aspectos como instrumento de chantaje en caso de ser necesario.

Muchos han visto con extrañeza la pasividad existente entre los miembros de la policía cuando los periodistas son agredidos por los grupos paramilitares que se hacer llamar “organizaciones sociales”. Pues bien no se trata de negligencia, sino del cumplimiento de una orden expresa emitida por el viceministro de Gobierno, Rubén Gamarra (que sigue  las órdenes de su jefe Alfredo Rada) en la que se prohíbe actuar a los efectivos policiales excepto en el caso de peligro inminente de muerte del agredido.

De esta forma se quiere lograr que los periodistas “se cuiden” cuando lanzan sus informaciones y generar una autocensura con lo que se impediría la difusión de noticias que puedan resultar perjudiciales para el gobierno.

Es claro, además, que la impunidad con la que actúan individuos como Edgar Mora (ex paramilitar en la dictadura de Luis García Meza, miembro del grupo Chockas Salvajes), Adolfo Cerrudo (delincuente peruano) y Raúl Robles (delincuente ampliamente conocido en todas las comisarías, estuvo en Brasilea espiando a los refugiados pandinos), se debe a su condición de funcionarios del Ministerio de Gobierno y que gozan de pleno respaldo al punto que pueden impartir ordenes a los propios uniformados.

Mientras tanto, los organismos gremiales de la prensa como la Confederación de Trabajadores de la Prensa de Bolivia, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz , mantienen un sugestivo silencio, sin embargo, se sabe que el secretario ejecutivo de la Confederación, Remberto Cárdenas y el de la Federación de la Paz , Boris Quisbert, acuden cada mes al  Ministerio de Gobierno. Estas "visitas" de dirigentes sindicales al ministerio que instruye la represión contra el propio sector al que dicen representar, son,por decir lo menos, inexplicables.