Juez que encarcela a cívicos fue candidato por el MAS

Aspiró a diputado suplente por la circunscripción 11 de La Paz en los comicios del 2005 y también fue el “hombre de confianza” del MAS como aspirante a Fiscal General de la República, en el 2004, cuando Evo aún no era Presidente. El Nuevo Díaimage• Masista • En esta papeleta aparece el juez Dávila que encarcela a los autonomistas. El juez Quinto de Instrucción en lo Penal de La Paz, Willams Dávila, que encarceló al prefecto de Pando Leopoldo Fernández y al activista tarijeño José Vaca, fue candidato a diputado uninominal suplente por el Movimiento al Socialismo, en los comicios del 2005, según recordaron ayer políticos opositores.Su nombre figura en las listas de la Corte Departamental Electoral, como candidato a Diputado Uninominal por la Circunscripción Nº 11 de La Paz, suplente de Felipe Jorge Silva Trujillo por el partido de gobierno.Asimismo el 15 de diciembre del 2004, según los registros de la Agencia Bolivia de Información, el entonces jefe de bancada del MAS, Evo Morales, dijo que “el hombre al que ellos iban a apoyar para Fiscal General de la República”, era Willams Dávila Salcedo.Como no se nombró al titular de la Fiscalía General de la República, el juez Willams Dávila aspira ahora a ocupar ese cargo y por eso ha vendido su conciencia al MAS, esperando un favor del partido de gobierno, denunció ayer el diputado de Podemos, Wilfredo Áñez.El senador de Podemos, Wálter Guiteras también criticó que el partido de gobierno vulnere el principio de independencia de los poderes para hundir a sus opositores políticos y lamentó que algunos ciudadanos como el juez Dávila permitan el manoseo de la justicia.El Fiscal General de la República, Mario Uribe, informó no haber emitido ningún mandamiento de apremio contra los activistas cívicos.Fuentes judiciales informaron a El Nuevo Día que el gobierno orquestó todo a partir de la restitución en el cargo del Fiscal de Distrito de La Paz, Jorge Gutiérrez, quien se encontraba suspendido desde el 24 de mayo del 2006, acusado de presuntos actos de corrupción.A partir de ahí conformó una comisión de “superfiscales” integrada por Edwar Mollinedo, Isabelino Gómez y Luis Mamani quienes han emitido órdenes de aprehensión contra 20 personas en el Beni, 7 en Chuquisaca, 7 en Santa Cruz y 6 en Tarija, ya sea por la toma de válvulas o la intervención de oficinas públicas durante la presión ejercida por la media luna para exigir que el gobierno devuelva el IDHEl presidente de la Corte Superior de Distrito del Beni, Percy Solares Chávez, calificó ayer como completamente irregular la detención de ciudadanos que ejecuta el Gobierno. Viola el principio del juez natural, porque toda comisión de un delito supone la investigación en el lugar de los hechos, sin embargo éstos han sido llevados a La Paz.Recordó que en el caso del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, el juez Dávila debió excusarse porque se trata de una autoridad electa que el Congreso debe autorizar por dos tercios de voto, su juicio.En los mismos términos coincidió el ex presidente del Tribunal Constitucional, Wilman Durán, quien señaló que desde la detención a cargo de encapuchados puede ser considerada como un secuestro.Dávila juzgará al tercero Por una extraña casualidad, el tercer detenido, el activista Jimmy Benítez, quien formaba parte de la agrupación pro-intereses del Chaco, será llevado hoy a las 10.30 ante el juez Quinto de Instrucción en lo Penal Cautelar, Willams Dávila.Cerca de las 16 horas de este viernes fueron remitidos los obrados de la investigación que realiza el Ministerio Público sobre los atentados a la seguridad de servicios públicos y bienes del Estado, más el detenido.Benítez fue remitido a medidas cautelares a requerimiento del fiscal, Félix Peralta, que lo imputó por delitos de sedición, terrorismo comité Cívico en el que están involucrados el cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, Carlos Rodas, Carlos Zeballos, José Vaca, Gonzalo Salazar y otros para atentar contra el gasoducto.la lista Los confinados • A raíz de la declaración de Estado de sitio en Pando son: Leopoldo Fernández, Hugo Apaza Sahonero, Gualberto Paz Mugro, Felipe Brigabriel Villarroel, Gabriel Delgadillo Vargas, José Salinas Bazán, Rubén Franco Tuno, Mirtha Sosa del Chalar, Adhemar Herrera Guerra, Claudio Franco Égüez, Osvaldo Valdivia, Néstor da Silva Rivero, Agapito Vira y Willam Misuko.En Santa Cruz • En Santa Cruz acusados de la golpiza al jefe de la Policía,Wilge Obleas, fueron detenidos Luis Márquez, Lisandro Pérez, Raúl Vargas Valdivia, Fermín P. R. y Ricardo P. M, pero ya fueron liberados.En Tarija • Fueron detenidos José Vaca y Jimmy Benítez y se habla de Carlos Roda.Apuntes Qué pedido • Los indígenas de la Cidob celebraron ayer sus 26 años de creación con un churrasco y pidieron que el Estado de sitio de Pando se amplié a las otras cuatro regiones de la media luna.Evo no llegó por seguridad • El Presidente visitó ayer el municipio de El Torno pero suspendió su visita a la Cidob, por informes de inteligencia que “le soplaron algo”.Utilizarán suplentes • La senadora del MAS, Leonilda Zurita, explicó que el Congreso aprobará la ley de convocatoria al referéndum por la nueva CPE, sí o sí, aunque tengan que utilizar los parlamentarios suplentes de la oposición.Desaparecieron • Los cívicos cruceños no aparecieron ayer ante la visita de veedores internacionales.COMISION DE FISCALES ESTÁ TRASLOS AUTORES DE TOMAS La RazónGamarra • El Viceministro de Régimen Interior no descartó que el Gobierno se querelle contra los autores de ocupaciones en Santa Cruz. image• 9 de septiembre • Cívicos tomaron las instalaciones de Entel en Santa Cruz. Ayer rehabilitó la atención al público. Edward Mollinedo, uno de los cinco fiscales de la comisión especial de fiscales designados por el fiscal general de la República, Mario Uribe, confirmó ayer que las investigaciones se ampliarán a Santa Cruz y Beni para identificar a responsables de las tomas de instituciones públicas hace un mes en estas regiones.Por su parte, el viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, no descartó que el Gobierno se querelle contra quienes tomaron las entidades del Estado en Santa Cruz.“(…) El Fiscal General es quien ha conformado la comisión con los instructivos, la conformó a nivel nacional para que realicemos las investigaciones de los hechos no sólo en Villamontes (Tarija) sino también en Santa Cruz con la toma de instituciones, en el Beni, Pando y las demás regiones”, afirmó ayer el Fiscal en instalaciones del Ministerio Público en La Paz.Consultado sobre la posible querella planteada por el Gobierno ante la toma de instituciones en Santa Cruz, el viceministro Gamarra respondió: “Por supuesto, todas las personas que hubiesen incurrido en actos supuestamente denominados manifestaciones democráticas o cívicas, pero que dejaron de ser pacíficas y se constituyeron en actos violentos e incurrieron en delitos, serán procesadas».Acotó además que «todo ciudadano tiene el derecho de denunciar estos delitos para que el Ministerio Público investigue y en consecuencia se pueda dar con quienes hayan actuado en estas circunstancias, (y) efectuarles el proceso debido que corresponde”, advirtió.Luego, la autoridad explicó que la comisión especial de los cinco fiscales estará “en cualquier parte del territorio” para lograr este fin.La comisión de fiscales —compuesta por Edward Mollinedo, Luis Mamani, Isabelino Gómez, Félix Peralta y Eduardo Morales— indaga la violencia perpetrada el 11 de septiembre en Porvenir, Pando y ahora pasará a investigar sobre las tomas.El miércoles, procedió a la detención de José Vaca, recluido preventivamente el jueves en el penal de San Pedro, acusado de participar en la explosión de un tramo del gasoducto de Palmar Grande y en la toma del campo hidrocarburífero de Vuelta Grande, el 10 de septiembre.Ayer, un presunto segundo involucrado y activista del Chaco, Jimmy Benítez, prestó declaraciones en el Ministerio Público paceño y acusó a los cívicos tarijeños de perpetrar la voladura del gasoducto. “Los del Comité Cívico pagaron a un taxista para hacerlo”, fueron las palabras de Benítez al salir de la Fiscalía. Hoy se llevará a cabo la audiencia de medidas cautelares.El jueves, Uribe afirmó que no evacuó ninguna orden y mencionó que sólo tomó conocimiento de que “algún personero” del Ministerio de Gobierno interpuso la denuncia. “Este despacho no evacuó ningún requerimiento ni orden de aprehensión contra ningún ciudadano. Acabo de conversar con el fiscal de distrito de La Paz (Jorge Gutiérrez) y tampoco lo hizo. Lo que sí conocemos es que existe una denuncia interpuesta por algún personero del Ministerio de Gobierno del 10 de septiembre”.<