La formalidad como máscara

Editorial de El Deber.

Se podría decir que la apelación a las formas para proyectar hacia dentro y fuera de las fronteras de la República, actitudes contrapuestas a las que realmente le caracterizan, constituye uno de los elementos de la estrategia del actual Gobierno en su marcha tan briosa como irreflexiva hacia un modelo de país. Un modelo dentro del cual el Ejecutivo sea todo y los demás poderes públicos casi nada, con excentricidades de tipo político, territorial y administrativo que, además, comprometan la unidad nacional y se sobrepongan a principios básicos de la democracia contemporánea, entre ellos, la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, por encima de diferencias étnicas y culturales.

Tal propensión gubernamental al enmascaramiento de sus verdaderas intenciones se hizo patente en todas las tentativas de diálogo para la solución de la actual crisis política. El objetivo no era otro que tratar de convencer a la opinión pública nacional e internacional de que los opositores cívico-regionales y político-partidarios tenían al frente interlocutores incuestionablemente democráticos, dispuestos a que el diálogo resolviera las diferencias y no la confrontación.  Ayudaban a tal fin los despachos informativos en la prensa internacional y, sobre todo, las fotos: Un Evo Morales, al centro, sonriente y amistoso, rodeado de opositores en rol de interlocutores. Pura comedia. Culto a las formas para fines meramente publicitarios en la proyección citada, sin concesiones que hagan al fondo mismo de los cruciales temas que dieron lugar a la crisis que vive el país.



Tan censurable formalismo vuelve a asomar la cabeza en lo que respecta al padrón electoral. A fin de quedar bien ante esas masas de ingenuos que siempre tenemos dentro y fuera de nuestras fronteras, a través de sus amanuenses a cargo ahora de la Corte Nacional Electoral, el gobierno de Evo Morales acepta que con anterioridad al referéndum sobre la controvertida Carta Magna, aprobada en un cuartel militar de Sucre por el MAS, se practique una auditoría técnica a dicho registro de ciudadanos, con la participación de observadores de diversos organismos de la comunidad internacional, pero sin tocar para nada el Registro Civil ni el Servicio de Identificación Personal.

Tanto el Registro Civil como el Servicio de Identificación Personal, en buena proporción, constituyen las fuentes del fraude electoral cometido en las urnas de la última consulta popular, gracias al cual, según múltiples y coincidentes denuncias, la votación global del MAS ascendió a más del 65%.  Sobre uno y otro servicio corren fundadas sospechas de toda clase de irregularidades en la extensión de certificados de nacimiento y carnés de identidad. Tampoco se debe pasar por alto la forma en que en muchas zonas del país, particularmente rurales, se realizó la denominada campaña de ‘carnetización gratuita’, apelativo al cual habría que agregarle ahora el de ‘tramposa’.

El Gobierno quiere a toda costa y a como dé lugar alcanzar su objetivo de hegemonía política plena a partir de su ya planificada victoria en la consulta citada. Si acepta una mera revisión del padrón electoral, dejando intactas las fuentes del fraude electoral, que son la de Identificación Personal y el de Registro Civil, es simplemente para que la formalidad enmascare lo demás.