Menos cultivos, menos cocaína

El Nuevo Día. Editorial.

Todo indica que la cantidad de hectáreas de cultivo de coca en el país se ha incrementado durante la presente administración gubernamental hasta cifras que merecen atención. Según la Ley 1008, aprobada en 1988 durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, la producción de coca para el consumo tradicional no debe exceder a un área equivalente de 12.000 hectáreas. En la actualidad, si las cifras no mienten, se ha llegado a un total de 25.553 hectáreas de cultivo de coca, de las cuales sale una producción excedentaria que conviene aclarar a dónde va. Mientras no se den explicaciones claras que puedan sustentarse con pruebas, resulta obvio deducir que el excedente de producción se convierte en cocaína.

Es decir, que mientras se proclama que la hoja de coca no es cocaína, resulta contradictorio expandir las áreas de cultivo sobrepasando los límites legales, aún sabiendo que el excedente pasa a ser objeto de sospecha como materia prima para el narcotráfico. En ese contexto, resulta importante demostrar de manera fehaciente que Bolivia está comprometida en la lucha contra las drogas, tarea que le corresponde íntegramente al Gobierno. Además, la responsabilidad de mostrar un país que no carga sobre sus espaldas el pesado estigma de narcotraficante, debe asumirla el Gobierno con presteza y transparencia.



Ha sido evidente que la administración del presidente Morales ha tratado de conciliar los intereses del sector cocalero -que por otra parte ha sido y es un importante sustento social y político que lo ha encaramado al poder- con las exigentes tareas gubernamentales de la erradicación de la hoja de coca excedentaria y las que tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico. Dentro de este accionar, el Gobierno ha asumido posturas duras y controversiales por defender el cultivo de la hoja de coca como símbolo de la cultura tradicional boliviana.

Se ha asumido responsabilidades de mucho riesgo. Por una parte, mostrar los frutos de la lucha contra las drogas ante la comunidad internacional. Por la otra, si se amplían las áreas de cultivo de coca se entra en franca contradicción. Estas píldoras no se las tragan las organizaciones internacionales, especialmente si no se demuestra que la lucha contra el narcotráfico es efectiva y mejor si es con la presencia de la cooperación internacional para ganar en transparencia y credibilidad. Tomar para sí el doble y dudoso papel de juez y parte, puede perjudicar al país.

No hay que olvidar que los intentos por solucionar el complejo coca/cocaína han fracasado hasta ahora porque siempre ha subsistido una ideología encubridora y el problema se nutre de móviles políticos que la complican aún más. Ni el desarrollo alternativo ha sido la solución esperada, como tampoco los esfuerzos en todo sentido por parte de los sucesivos gobiernos. Por tanto, el Gobierno tiene en sus manos un asunto que puede y debe resolver cuanto antes: la disminución efectiva de los cultivos de coca y la demostración incontrastable de una lucha efectiva contra las drogas. Lo demás es retórica altisonante.

No hay que olvidar que los sucesivos intentos por dar una solución duradera al complejo coca/cocaína han fracasado hasta ahora porque siempre ha subsistido una ideología encubridora del problema y porque éste se nutre de móviles políticos que lo complican aún más.