Otro cívico es detenido y el gobierno tiene en la mira a Bayard y Marinkovic

Los cívicos denuncian «persecución política» por parte del Gobierno.

Las FFAA violaron, al menos, cinco derechos de los confinados.

Vaca es recluido con declaración de un anónimo. El Ministerio Público dice que no pidió las aprehensiones, pero un fiscal firmó la orden



La Prensa

Detenido: la Policía traslada a Jimmy Benítez (centro) hasta la Fiscalía, donde anoche prestó declaración por su supuesta vinculación con hechos delictivos

Ofensiva. El activista Jimmy Benítez fue detenido ayer en su casa de Villamontes acusado por la voladura de un gasoducto y fue trasladado a La Paz. La justicia envió a la cárcel de San Pedro a José Vaca. Las FFAA violaron, al menos, cinco derechos de los confinados.

El Ministerio Público recibirá las declaraciones de Benítez desde las 09.30

LA FISCALÍA DETIENE A OTRO CÍVICO DEL CHACO Y VACA ES ENCARCELADO

Audiencia: José Vaca (derecha) permaneció cabizbajo durante la audiencia de medidas cautelares, ayer

El Gobierno pedirá la detención preventiva del segundo activista cívico de Villamontes.

La Fiscalía detuvo ayer a Jimmy Sebastián Benítez, un activista cívico del municipio de Villamontes, por su presunta participación en el atentado dinamitero contra el gasoducto Yacuiba-Río Grande, mientras el dirigente José Germán Vaca fue remitido de manera preventiva al penal de San Pedro.

El autonomista, según el relato de su hermano Franz Benítez, fue aprehendido por «civiles» ayer por la tarde en la localidad de Yacuiba sin previa notificación, aunque esa versión fue desmentida por el fiscal Félix Peralta. La autoridad aseguró que se cumplieron todos los pasos legales y como no hubo respuesta del acusado a las conminatorias se dispuso su aprehensión inmediata.

Benítez llegó a la Fiscalía de Distrito de La Paz alrededor de las 17.30 bajo un fuerte resguardo policial. El sospechoso bajó del vehículo esposado y evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación.

Peralta explicó que el activista es investigado por los delitos de terrorismo, atentado contra la seguridad de los servicios públicos, destrucción, deterioro de los bienes del Estado y la riqueza nacional que son sancionados por el Código Penal.

En un video de la red televisiva Uno, difundido ayer por el mismo canal, una persona con gorra blanca, cabellera larga, polera negra y pantalón celeste pasa corriendo cerca del incendio del gasoducto. Esa imagen, aparentemente, es de Benítez el día del atentado.

El autonomista fue sometido a un examen forense que determinó que no tiene daños físicos, según informó el fiscal. El sospechoso pasó la noche en una celda policial desconocida.

La investigación de este caso corresponde a la comisión especial de fiscales que fue constituida por orden del fiscal General de la Nación, Mario Uribe, para indagar la «masacre de Porvenir» y la ola de violencia desatada en la llamada «media luna».

Las declaraciones del sospechoso serán tomadas hoy por la mañana y por la tarde éste será remitido a un juzgado cautelar para que defina su situación legal.

El Gobierno, a través del viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, adelantó que como parte querellante pedirán la detención preventiva de Benítez como ocurrió con el villamontino José Vaca.

El juez cautelar Willams Dávila, el mismo que envió a la cárcel al ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, determinó en la audiencia realizada ayer por la mañana que Vaca podría obstaculizar el proceso de averiguación del atentado e influir en los otros sospechosos que todavía no fueron detenidos, por lo que decidió remitirlo al penal de San Pedro, adonde ingresó a las 15.55.

En la audiencia, Dávila dio lectura al memorial presentado por la Fiscalía, en el que se indica que el atentado dinamitero fue planificado con la ayuda de «gente que llegó de Santa Cruz» un día antes del hecho. Ésta habría dotado de dinamita a los cívicos tarijeños.

En los antecedentes también se señala que los activistas recibirían una remuneración económica de 1.000 bolivianos por atentar contra el gasoducto de Vuelta Grande, donde fueron reducidos los militares que custodiaban la infraestructura.

En esa acción también habrían participado el presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, y los autonomistas Carlos Rodas, Carlos Zeballos, Gonzalo Salazar y otros. El cívico Vaca fue detenido el martes en Villamontes.

La orden

El fiscal General de la República, Mario Uribe, negó ayer que el Ministerio Público haya ordenado la aprehensión de ciudadanos bolivianos, pero admitió que un fiscal de materia de La Paz emitió una orden de aprehensión contra José Germán Vaca Ortiz, quien fue puesto a disposición de un juez en la ciudad de La Paz y sometido a medidas cautelares.

Uribe afirmó que la conducta del fiscal que dispuso la detención debe adecuarse al marco estricto de lo que establecen la Constitución Política del Estado y las leyes, respetando el debido proceso y las garantías de que goza todo ciudadano boliviano.

Sin embargo, los fiscales Félix Peralta y Luis Mamani, quienes encabezan la investigación sobre la toma de entidades públicas y el atentado contra el gasoducto a Brasil, explicaron que se cumplió el procedimiento legal.

La denuncia por el atentado al ducto de Palmar Grande fue presentada por el Gobierno el 10 de septiembre, el mismo día del hecho. La Fiscalía emitió la primera citación el 16 de septiembre, la segunda notificación se hizo el 19 de septiembre, el 22 se formalizó la querella penal y el 29 el fiscal Eduardo Morales emitió el mandamiento de apremio conforme a lo establecido por el artículo 244 del Código Penal que señala que la autoridad competente puede disponer el apremio del sindicado si éste no hace caso a las notificaciones.

Sin embargo, el fiscal debe hacer conocer a un juez para que determine la procedencia o no de la detención.

Denuncias

El diputado Johnny Tórrez (Podemos) denunció anoche que hay otro cívico detenido.

Citó a Carlos Roda como aprehendido por «agentes del Gobierno y la Policía».

El Ministerio de Gobierno desmintió esa versión y confirmó que sólo hay dos detenidos.

El Ministro del área pidió anoche al cívico Reynaldo Bayard no obstaculizar la justicia.

LOS CÍVICOS DENUNCIAN «PERSECUCIÓN POLÍTICA» POR PARTE DEL GOBIERNO

Bayard y Marinkovic están en la mira de la Fiscalía por las tomas

«Por la Paz»: las cívicas en Santa Cruz marchan con pancartas, ayer

Marinkovic demandó del Presidente dar la cara por las detenciones de dirigentes cívicos

La Fiscalía tiene en la mira al presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, quien presuntamente hubo liderizado al grupo de autonomistas que tomaron la planta gasífera de Vuelta Grande y dinamitaron el gasoducto a Brasil el 10 de agosto, mientras en Santa Cruz, una fuente policial reveló que existe una orden de detención para el líder cívico cruceño Branko Marinkovic por el asalto de instituciones estatales.

El paradero de Bayard es desconocido aunque la vicepresidenta de la entidad cívica Patricia Galarza afirmó que el dirigente permanece en el departamento de Tarija «realizando el seguimiento a los compañeros que fueron detenidos».

El líder de la «entidad moral» de los tarijeños no pudo ser localizado por este matutino a través de teléfono móvil pues el aparato (del dirigente) permanece apagado.

La Policía desplegó un operativo para localizar al líder que presuntamente organizó la toma de la planta gasífera de Vuelta Grande y la explosión de una válvula del gasoducto Yacuiba-Río Grande (Gasyrg), el 10 de agosto cuando gente del Chaco reclamaba por la devolución del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).

El atentado provocó que el envío de gas a Brasil disminuya hasta en un 10 por ciento lo que generó una pérdida económica de 100 millones de dólares aproximadamente, según la versión del Poder Ejecutivo.

Bayard es uno de los dirigentes investigados por la Fiscalía. De esa lista de autonomistas sospechosos forman parte los activistas de Villamontes José Germán Vaca y Jimmy Benítez que están detenidos en La Paz. El primero en el Penal de San Pedro bajo detención preventiva y el segundo permanece en la carceleta de la Fiscalía.

El viceministro de Régimen Interior, Rubén Gamarra, aseguró ayer que habrán más detenciones en el departamento de Tarija y admitió que entre ellos está el dirigente Bayard.

Marinkovic en la mira

Una fuente del Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz reveló ayer que también existen órdenes de aprehensión para 20 personas por la toma de instituciones estatales en la ciudad cruceña, entre ellos el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Branko Marinkovic.

El diputado masista y presidente de la comisión de Gobierno de la Cámara de Diputados, Gonzalo Lazcano, confirmó que Marinkovic y el tarijeño Reynaldo Bayard serán detenidos.

También están buscados el vicepresidente de la entidad cívica Roberto Gutiérrez y los líderes de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) David Sejas y Alfredo Saucedo.

Sobre la orden de captura, Marinkovic dijo que este hecho es un abuso más del Gobierno en contra de la autonomía que postulan los dirigentes.

«Dicen que tienen una lista de las personas que van a encarcelar y no me sorprende que este mi nombre entre ellos».

El líder, en conferencia de prensa que se realizó en la sede cívica, demandó al presidente Evo Morales pronunciarse sobre las «detenciones ilegales».

«El Presidente debe dar la cara, porque no nos interesa que es lo que digan sus ministros que fueron designados a dedo, el presidente fue ratificado por el voto del pueblo y debe explicar qué es lo que busca. Varios dirigentes van siendo detenidos sin un debido proceso, por el sólo hecho de apoyar a las autonomías departamentales, no se puede continuar con esta persecución política que es ejecutada de manera sistemática».

Según la agencia ANF, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Jaime Soliz, dijo que no existe ninguna orden de detención contra dirigentes cívicos, universitarios o unionistas, «sólo hay citaciones que no tienen riesgo de presión».Sin embargo, Ángelo Céspedes, presidente de la UJC, llamó ayer a sus compañeros para resistir las detenciones y las mujeres del Comité Cívico Femenino realizaron una marcha por la paz, pero con consignas contra el Gobierno.

Los hechos

Reynaldo Bayard liderizó las movilizaciones por el IDH en la región del Chaco.

La medida derivó en la toma de entidades públicas y el atentado contra el gasoducto a Brasil.

En Santa Cruz fueron tomadas y saqueadas violentamente unas 40 instituciones estatales.

 

VACA ES RECLUIDO CON DECLARACIÓN DE UN ANÓNIMO

La Razón

El testimonio de una persona anónima que debía participar en el atentado dinamitero al tramo del gasoducto de Palmar Grande, indica que cívicos del Chaco estuvieron implicados. Con esa declaración, el juez envió a Vaca al penal de San Pedro.

Una declaración anónima llevó al juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Williams Dávila, a determinar la detención preventiva del ciudadano chaqueño José Vaca Ortiz en el penal de San Pedro, acusado de participar en la explosión de un tramo del gasoducto Palmar Grande y en la toma del campo hidrocarburífero de Vuelta Grande.

Entretanto, el Ministerio Público apuntó a otras siete personas, entre ellas al presidente del Comité Cívico de Tarija, Reynaldo Bayard, y al titular del Comité Cívico de Villamontes, Felipe Moza, en los casos de toma de un campo y la voladura de un gasoducto en Villamontes. Uno de ellos, Jimmy Benítez, ya está detenido en La Paz.

Edward Mollinedo, uno de los representantes del Ministerio Público, presentó ayer en la audiencia de medidas cautelares una declaración anónima de una persona que debía participar en la explosión de 10 de septiembre, sin embargo, dos días antes habría desistido de ello.

Esa declaración fue tomada por Dávila como una de las pruebas de la posible participación de Vaca en el atentado. De acuerdo al Fiscal, los demás implicados serían Fuente Turiro; Guillermo Salazar; Gonzalo Salazar; Carlos Gutiérrez, alias el Tubo; Carlos Rodas, alias el Volvo y Jimmy Benítez (ayer detenido), todos ellos serían universitarios.

Según el relato, Gonzalo Salazar les ofreció mil bolivianos «para movilizarse» y se les habría adelantado Bs 100 cuatro días antes. «Nos convocó Felipe Moza en el Comité Cívico y fuimos a realizar una prueba de explosión camino a Tiguipa, estación camino a Santa Cruz», dice la declaración anónima. Según el presunto testigo, «habían dos personas cambas» que les enseñaron a encender la mecha.

«Esta declaración es un elemento de convicción suficiente de la probabilidad de la participación del imputado, sin tomar en cuenta su propia declaración, que está en la imputación penal, pero que nos han prohibido tomar en cuenta», acotó el juez.

Según el sustento de Mollinedo, dos semanas antes del 10 de septiembre se reunieron éstas personas «convocadas por Bayard y Moza», para «conformar varios grupos que iban a posibilitar y facilitar las primeras acciones que referían a bloqueos alrededor de Villamontes y de los pozos petroleros.

Pero para el 10 de septiembre se convocó a otra reunión (con los acusados, entre ellos Moza)»; luego, el Fiscal agregó: «Estas personas cobijadas bajo el manto de organizaciones cívicas maltratan a un soldado, fíjese en esta filmación, la participación de Bayard activamente, quien encabeza todas estas actividades ilícitas y participa activamente en la conformación de estos grupos y utiliza a estas personas para realizar atentados», señaló Mollinedo mientras se reproducía la filmación de una supuesta golpiza a un soldado durante la toma de la planta de Vuelta Grande.

En la audiencia, la defensa de Vaca no desmintió ni confirmó esta versión de la Fiscalía.

Hasta ayer, según un periodista de Villamontes, Gabriel Aricaya, Bayard y Moza «cambiaron su número de celular por seguridad y ni familiares ni amigos quieren hablar de ellos».

Según otro de los fiscales asignados, el imputado admitió su participación en los hechos.

Un nuevo activista detenido

Jimmy Benítez llegó ayer a La Paz desde Yacuiba (Tarija) en calidad de detenido. Hasta anoche, prestaba sus declaraciones en la Fiscalía de Distrito paceña.

El nuevo detenido llegó enmanillado a instalaciones del Ministerio Público a bordo de una vagoneta y escoltado por una patrulla policía.

Una vez fuera del vehículo, un fuerte resguardo policial de efectivos de la Unidad Táctica de Operaciones Policiales (UTOP) lo escoltó.

Entre empujones de periodistas y la protección de los policías, el detenido ingresó a las oficinas sin emitir declaraciones a los medios de comunicación.

Por otro lado, según el diputado Jhonny Tórrez (MNR), Carlos Rodas, otro de los acusados, habría sido detenido en Yacuiba por encapuchados y trasladado ayer a la sede de gobierno.

«El estudiante universitario ha sido capturado en Yacuiba, al igual que Jimmy Benítez, por encapuchados y trasladado irregularmente a La Paz», dijo. Sin embargo, el Ministerio de Gobierno confirmó en la madrugada de un solo detenido (Benítez).

CÍVICOS SE DECLARAN VÍCTIMAS DE UNA ARREMETIDA JUDICIAL

PERSECUCIÓN • Los dirigentes cívicos de la oposición denuncian que son perseguidos y amedrentados por el gobierno de Evo Morales.

• PALACIO • El ministro Juan Ramón Quintana aseguró ayer que las acciones judiciales no tienen que ver con el diálogo.

Los dirigentes cívicos de Tarija, Beni, Pando y Santa Cruz se declararon ayer víctimas de una arremetida legal impulsada por el Gobierno en su contra.

En Beni, el secretario general del Comité Cívico, Juan Jesús Hurtado, denunció que el Ejecutivo inició un juicio en contra de más de 20 dirigentes de esta entidad, a quienes acusa de instigación, conspiración y otros delitos, que se habrían cometido durante la toma de instituciones públicas en septiembre, como parte de las movilizaciones autonomistas.

«Estamos siendo perseguidos, amedrentados con juicios, mediante llamadas telefónicas, quieren asustarnos, lo mismo pasa en las provincias, pero no nos van a acallar», afirmó Hurtado.

En Tarija ocurre algo similar. Freddy Castrillo, dirigente del Comité Cívico, dijo que el directorio de esta institución ya no se reúne debido a que sus integrantes temen ser detenidos, pues el Gobierno inició un juicio en su contra que radica en La Paz y en el que se los acusa de alzamiento armado, sedición, conspiración y otros. En este proceso cayó detenido el ciudadano José Vaca.

«Casi toda la dirigencia cívica está en situación de amenaza y se han declarado en la clandestinidad con la finalidad de evitar cualquier vulneración a sus derechos y garantías constitucionales», señaló Castrillo.

En Santa Cruz, el vicepresidente del Comité Cívico, Luis Núñez, señaló que también conocen sobre acciones judiciales iniciadas contra su dirigencia. «Tenemos entendido que existen mandamientos de apremio, pero no se ha ejecutado ninguno, con eso no nos van a amedrentar, no nos someterán al miedo».

El presidente del Comité Cívico de Sucre, Jhon Cava, indicó que en su región «la persecución del Gobierno hacia las autoridades del Comité Interinstitucional data desde el año pasado, amedrentándonos, desprestigiándonos, haciéndonos juicios y, por supuesto, siempre estamos con las líneas intervenidas, nos hacen un seguimiento continuo».

En el caso de Pando, la presidenta de los cívicos, Ana Melena, se encuentra refugiada en Brasil, mientras el Ejecutivo realiza una campaña pública intensa en su contra, acusándola de haber recibido recursos irregulares de la Prefectura de esa región.

Hay 20 enjuiciados en Beni

La ministra de Educación, Magdalena Cajías, inició un juicio en contra de más de 20 dirigentes cívicos del Beni por la toma que se realizó del Servicio Departamental de Educación (Seduca) en Trinidad, según informó ayer el líder cívico de esta región, Juan José Hurtado.

«La Ministra de Educación ha implantado un juicio contra nosotros, dice que por instigar al pueblo a la subversión», dijo.

La demanda fue presentada contra los principales líderes de la movilización de septiembre, cuando se tomaron instituciones y se bloquearon carreteras en demanda de la devolución de los recursos del IDH y el respeto a la autonomía departamental.

En esa oportunidad, las autoridades del Beni desconocieron a la Directora del Seduca y nombraron otra autoridad. Antes tomaron las oficinas de la entidad.

Según Hurtado, también existe otro juicio contra los dirigentes cívicos de la provincia Vaca Diez, limítrofe con Pando. A ellos se los acusa de estar vinculados con los sucesos de Porvenir, donde más de una decena de personas murieron en una confrontación.

En Chuquisaca hay 7 juicios

Los líderes del Comité Interinstitucional de Chuquisaca enfrentan «entre seis a siete juicios impulsados por el oficialismo», según informó ayer el presidente del Comité Cívico de Chuquisaca, Jhon Cava.

Explicó que esos procesos legales se iniciaron por dos casos, el primero porque se impidió que en noviembre del año 2007 el oficialismo apruebe en la Asamblea Constituyente el proyecto de nuevo texto constitucional y, el segundo, por la agresión a campesinos que se produjo el 25 de mayo.

«Hay entre seis y siete juicios que nosotros enfrentamos por los hechos de noviembre, de mayo, incluso nos han culpado de lo que se ha quemado el Tránsito y el Comando Departamental de la Policía», señaló.

El líder cívico aseguró que los dirigentes que fueron citados por la Fiscalía acudieron a declarar, pero sin embargo no pasó lo mismo con las autoridades del Gobierno. En esa línea, sostuvo que la dirigencia del Comité Interinstitucional se reunirá para tomar una decisión sobre la actuación del Poder Judicial en estos casos.