Por una investigación transparente e imparcial

El Deber y La Prensa. Editorial.

Día que pasa, se agudizan las contradicciones respecto a lo que realmente sucedió en Pando y, sobre todo, a las reales causas de lo que el Gobierno dio en llamar ‘genocidio’, procediendo, bajo el alero de tan apresurado calificativo, a decretar allí el Estado de sitio, con detenciones violentas, allanamientos  de domicilios privados, secuestros y confinamientos. 



Hay varios grupos de investigación que empiezan a dar a conocer sus propias versiones del asunto, mientras la oposición atribuye toda la responsabilidad al Gobierno.  Observadores del exterior juzgan los sucesos en correspondencia casi  total con sus posiciones ideológico-políticas, las mismas que le llevan a respaldar en forma tácita al régimen del MAS.  Y la gente del Gobierno le echa toda la culpa al prefecto de Pando, a quien mantiene ‘confinado’ en una celda del Panóptico de San Pedro, mientras en aquel departamento rige ahora ‘de facto’ un militar designado a dedo por el Jefe del Estado.

Entretanto, gracias a que aún, a regañadientes, el Gobierno tolera a los periodistas el ejercicio de las libertades de prensa e información, derechos que recurrentemente son coartados por la violencia contra sus titulares o la negativa a acceder a fuentes o escenarios de la noticia,  el país empieza a leer en las páginas de los diarios y a escuchar en los informativos de los canales de televisión, datos y declaraciones de testigos que le permiten armar poco a poco ese rompecabezas en que terminaron convertidos los sucesos de Pando,  respecto al origen real y la verdadera naturaleza de los mismos.

Se afianza así cada vez más la imagen de que en Pando, en realidad, no hubo ‘genocidio’, en criminal emboscada, contra una columna campesina del MAS, sino toda una tremolina a tiros entre estos milicianos y  gente movilizada desde Cobija por autonomistas dispuestos a impedir que los MS movilizados por el Gobierno llegaran a dicha capital.  Las chispas previas al mortal estallido de las riberas del río Tahuamanu, según los datos y declaraciones que divulgan los medios, partieron de choques previos, los mismos que fueron provocados deliberadamente, con el resultado inicial de un profesional muerto a mansalva, hecho que indignó a los pandinos,  al punto que resolvieron ir a la confrontación, decisión que, aparentemente, esperaba el Gobierno para justificar después las medidas que adoptara, como el Estado de sitio, las detenciones y los confinamientos.

Los familiares de los masistas caídos en la refriega de Tahuamanu coinciden en que los suyos fueron engañados por el MAS cuando gente de este partido les dijo que iban a una marcha cuyo destino final era una concentración del partido y no a la confrontación.  Igualmente señalaron que cada uno de los infortunados ‘marchistas’ recibió como estipendio 40 bolivianos diarios por incorporarse a una columna que ignoraba iba a toparse con las balas. Estos detalles confirman plenamente la intervención gubernamental en la movilización de tan fatales consecuencias, a través de altas autoridades que con anterioridad fueron vistas no sólo en el aeropuerto de Cobija, sino en ciertos lugares de Beni.

O sea que en lo que hace  a muertos y heridos  hay responsabilidades recíprocas que establecer.  Hay culpables, a nivel de autoría intelectual  y material, del lado del Gobierno como de la oposición regional.  La primera, obviamente, apunta a ministros y viceministros que dejaron muchas huellas digitales en la preparación y ejecución de los planes que dieron lugar al referido baño de sangre.

En consecuencia, urge una investigación imparcial que no puede confiarse ciegamente a los enviados de organismos internacionales que están bajo sospecha de su alineamiento con el neopopulismo tan en boga en el continente. Lo más racional y lógico sería encargar  el espinoso asunto a un organismo internacional de prestigio e imparcialidad total que garantice el esclarecimiento total de los hechos. 

Máquinas para dejar yescas. Marcelo Rivero.

Terrible novedad la del jueves pasado según la cual hay en Santa Cruz de la Sierra 2.820 tragamonedas ilegales, en las cuales niños, jóvenes y adultos -hombres y mujeres-, están tratando de ganar dinero dejando hasta sus centavos para el recreo, el micro y la comida. La cosa es más dramática si se toma en cuenta las tragamonedas ‘legalmente establecidas’, además de los juegos electrónicos de los que no se espera que chorreen los quintos pero que igual hay que poner plata. Tras ojear el domingo unos mercados, un cine y dos locales autorizados, estimé que entre unas y otras máquinas deben contarse unas 6.000 -si no me quedo corto-, ¡número suficiente para dejar yesca a media población!  Aquello de ‘terrible novedad’ es porque la gente pierde su plata de la manera más insensata, bajo la satisfacción diría cruel de los que se la embolsillan y con la indiferencia incalificable de las autoridades que más bien estimulan esta forma de esquilmar al pueblo, asimismo porque muchos, quizá la mayoría, se vuelven viciosos y tornan a buscar suerte y a perder su tiempo miserablemente, dejando el estudio, el trabajo u otras obligaciones que les serán de provecho. Finalmente porque no deben ser pocos los que al quedar yescas, sin siquiera para el transporte y menos para la alimentación, marginados del colegio y de sus oficios, se tornan callejeros, vagos y, lo más triste y peligroso, delincuentes.

Entonces está claro que las autoridades respectivas tienen que actuar con rigor, no otorgar licencias de funcionamiento, es más, suspender las que hubiesen aprobado y no permitir el ingreso de máquinas tragamonedas y de las otras al país. Este problema, por lo demás, es de muy vieja data y resulta que en lugar de ser resuelto, increíblemente se agudizó. Cómo no se habría de agudizar en este presente lleno de nubarrones en el que el Gobierno más se dedica a hacer demagogia, a provocar enfrentamientos luctuosos, a tener amedrentados a pueblos y ciudades, a levantar falso testimonio y a meter presos a autonomistas -viéndose cientos de éstos obligados a expatriarse-, a comprar conciencias, vale decir a cualquier cosa menos a administrar el país con coherencia y con reglas que verdaderamente velen por la salud, la seguridad y el bolsillo de los ciudadanos.

Frente a esa indiferencia gubernamental centralista ante un asunto tan delicado como el que acabo de mencionar, la Prefectura, la Alcaldía, la Fiscalía y la Policía en nuestra ciudad deben actuar de inmediato para impedir que funcionen donde les place y hasta la hora que quieren esos negocios -que utilizan diversos anzuelos para que ‘piquen’ sus víctimas-, en los cuales, lo repito, gente chica y grande se envicia, pierde su tiempo y sale ‘pelada’. ¡Y que encima termina robando y prostituyéndose!