Tolerancia frente a la violencia

Editorial de La Patria.

Toda una serie de hechos registrados en los últimos días, muestran la vigencia de un estado de hecho que por tal condición es violento y contradice con los buenos propósitos que seguramente tiene el Primer Mandatario para solucionar los problemas del país, sin confrontar a los ciudadanos entre sí.

Por la relación de casos, desde el problema de Cobija, la muerte de más bolivianos, la aplicación del estado de sitio que limita las libertades ciudadanas pero que debería garantizar la seguridad de las personas, es motivo de serias controversias, como las de inculpar a una persona de manera directa sin que existan pruebas de la contundencia de las denuncias. Un video claramente montado para mostrar lo que no fue y más adelante las declaraciones de un ministro ofuscado y violento culpando a periodistas por todos los males.



Hay un orden en la secuencia de los acontecimientos hasta llegar a las mesas de diálogo que después de más de 20 días de vigencia culminan sin resultados satisfactorios en el orden político, pero cumplen otro hecho significativo que es el de pacificar el país, aunque con algunas escaramuzas y encapuchados que influyeron de algún modo en el criterio de los operadores del diálogo.

Y de tiempo en tiempo las frases del Primer Mandatario, que le ponen color a las actividades cotidianas aunque a veces por su fuerte tono aumentan la incertidumbre ciudadana, por ejemplo cuando se dice que la reforma a la Constitución se aprobará “por las buenas o por las malas”, es decir en una franca provocación al orden establecido de convivencia pacífica.

Hay contradicciones que involucran a personajes del sistema, algunos a los que se los consideraba defensores por ejemplo de los Derechos Humanos y hoy los mayores transgresores de esos atributos que pertenecen al pueblo. La virulencia y el cinismo de otros se suman a las expresiones casi siempre altaneras de quienes nos gobiernan, dando muestras de intolerancia y generando ocasiones de enfrentamiento verbal y hasta físico, al no poder conducir el Estado con la sabiduría del diálogo, la comprensión, la certidumbre y el respeto a las leyes y la dignidad de las personas.

Estamos frente a una disyuntiva que debe establecer las mejores condiciones de gobernabilidad, esperando que la violencia discursiva sea reemplazada por la tolerancia activa, para desarrollar la práctica del diálogo sin presiones ni mentiras, pero también sin condiciones.

Este es un tiempo especial para redefinir las instancias de un futuro acuerdo entre las agrupaciones políticas que por su representación parlamentaria, con mayorías y minorías tienen la responsabilidad de “leer adecuadamente” el mensaje del soberano, de manera que se interpreten correctamente las ansiedades del pueblo y no se actúe al calor del revanchismo y el egoísmo, está de por medio el futuro del país, respetando su condición de república soberana, libre e independiente, pero por sobre todas las cosas unida en la convicción de sus principios de integridad territorial, sin el peligro de que las fuerzas del mal, esas externas, afecten nuestra soberanía y dignidad.

Toda una serie de hechos registrados en los últimos días, muestran la vigencia de un estado de hecho que por tal condición es violento y contradice con los buenos propósitos que seguramente tiene el Primer Mandatario para solucionar los problemas del país, sin confrontar a los ciudadanos entre sí.

Por la relación de casos, desde el problema de Cobija, la muerte de más bolivianos, la aplicación del estado de sitio que limita las libertades ciudadanas pero que debería garantizar la seguridad de las personas, es motivo de serias controversias, como las de inculpar a una persona de manera directa sin que existan pruebas de la contundencia de las denuncias. Un video claramente montado para mostrar lo que no fue y más adelante las declaraciones de un ministro ofuscado y violento culpando a periodistas por todos los males.

Hay un orden en la secuencia de los acontecimientos hasta llegar a las mesas de diálogo que después de más de 20 días de vigencia culminan sin resultados satisfactorios en el orden político, pero cumplen otro hecho significativo que es el de pacificar el país, aunque con algunas escaramuzas y encapuchados que influyeron de algún modo en el criterio de los operadores del diálogo.

Y de tiempo en tiempo las frases del Primer Mandatario, que le ponen color a las actividades cotidianas aunque a veces por su fuerte tono aumentan la incertidumbre ciudadana, por ejemplo cuando se dice que la reforma a la Constitución se aprobará “por las buenas o por las malas”, es decir en una franca provocación al orden establecido de convivencia pacífica.

Hay contradicciones que involucran a personajes del sistema, algunos a los que se los consideraba defensores por ejemplo de los Derechos Humanos y hoy los mayores transgresores de esos atributos que pertenecen al pueblo. La virulencia y el cinismo de otros se suman a las expresiones casi siempre altaneras de quienes nos gobiernan, dando muestras de intolerancia y generando ocasiones de enfrentamiento verbal y hasta físico, al no poder conducir el Estado con la sabiduría del diálogo, la comprensión, la certidumbre y el respeto a las leyes y la dignidad de las personas.

Estamos frente a una disyuntiva que debe establecer las mejores condiciones de gobernabilidad, esperando que la violencia discursiva sea reemplazada por la tolerancia activa, para desarrollar la práctica del diálogo sin presiones ni mentiras, pero también sin condiciones.

Este es un tiempo especial para redefinir las instancias de un futuro acuerdo entre las agrupaciones políticas que por su representación parlamentaria, con mayorías y minorías tienen la responsabilidad de “leer adecuadamente” el mensaje del soberano, de manera que se interpreten correctamente las ansiedades del pueblo y no se actúe al calor del revanchismo y el egoísmo, está de por medio el futuro del país, respetando su condición de república soberana, libre e independiente, pero por sobre todas las cosas unida en la convicción de sus principios de integridad territorial, sin el peligro de que las fuerzas del mal, esas externas, afecten nuestra soberanía y dignidad.