¿Acaso Pando no es también Bolivia?

El Deber

Editorial



Por ser  uno de los nueve departamentos del país, en Pando deben regir los mismos derechos y garantías que la Constitución Política del Estado establece a favor de los ciudadanos de todas las regiones de Bolivia. Nadie puede coartar el derecho de los pandinos a  votar libre y democráticamente en las urnas, en un ambiente de paz y tranquilidad.

Cuesta creerlo, pero parece que nos encaminamos al referendo constitucional  con manifiestas  transgresiones a tan elementales principios en aquel jirón patrio.

El Gobierno,  en el marco de un criticado pacto con los partidos de la oposición, se hizo de la ley de convocatoria al referendo constitucional de principios de enero del próximo año, pero  bajo un estado de sitio que el Ejecutivo sólo levantaría hasta el 23 del presente mes. Aun cuando así lo haga, el daño ya está hecho. A los pandinos de la oposición  se les ha reducido el tiempo para hacer campaña  por el ‘No’.  Lo peor es que alrededor de mil ciudadanos de ese departamento siguen exiliados en una población brasileña fronteriza con Bolivia, mientras más de una decena padece los rigores de la reclusión en un cuartel militar de Viacha, en el departamento de La Paz, lugar al cual fueron ‘confinados’. A esta lista se agregan otros que a mediados de la presente semana fueron apresados y remitidos a la sede del Gobierno dizque para ‘ser juzgados’. 

Todo lo anterior crea en la capital pandina y sus provincias un clima de intimidación totalmente adverso al de la paz y las garantías plenas que debe caracterizar a las campañas inherentes a una consulta popular.  Esa campaña ya la realiza allí el Gobierno de Evo Morales, igual que en todos los demás departamentos del país, con intenso apoyo publicitario de los medios estatales y rural-partidarios de comunicación social,  mientras la represión, embozada de ‘procesos penales’, inmoviliza y silencia  a los opositores .

Hemos llegado a una situación que no admite otra solución que no sea la postergación de la referida consulta popular  a una fecha que le permita a Pando, en cuanto a igualdad de oportunidades respecto a realización  de campañas se refiere,  recobrar el tiempo perdido bajo el actual estado de sitio.  Si no se da este paso, el Gobierno no hará otra cosa que viciar de plena nulidad a la citada consulta.  Es que cualquiera podrá oponerle acciones legales, tanto a nivel interno como externo, por las manifiestas e inadmisibles violaciones al orden jurídico-constitucional.

El Gobierno del MAS debe entender que Pando es también parte de Bolivia. No puede, en consecuencia, excluir a esa región de normas  y principios constitucionales en materia de consultas populares como la que se avecina para aprobar el nuevo texto de la CPE.