Chávez financia plan transnacional de involución al incario

Dirigentes del MAS y Conalcam y de organizaciones similares de Perú, Ecuador y Colombia están comprometidos con el plan chavista.

imageRitual. Indígenas de Latinoamérica en Santa Cruz, en un encuentro internacional de solidaridad con Bolivia y de apoyo al gobierno. Evo participó de la ceremonia, el mes de octubre pasado*

   A principios de octubre de este año, se realizó en la ciudad ecuatoriana de Puyo una reunión que se pretende sea el detonante de una insurrección indígena en el Perú, Ecuador y Colombia, asumiéndose que Bolivia ya está bajo el control indígena.



A esta reunión asistieron representando a Bolivia, Fidel Surco del Conalcam, Isaac Avalos de la rama masista de la Csutcb , Leonilda Zurita de la Confederación de Mujeres Bartolina Sisa y otros miembros del MAS. Por el Perú asistieron miembros de la Asamblea Nacional de los Pueblos y representantes del grupo etnonacionalista Avanza País, entre ellos Ulises Humala, hermano de Ollanta, líder del Partido Nacionalista y excandidato a la presidencia.

Por el Ecuador asistieron representantes de la Asamblea de los Pueblos y las organizaciones Sociales del Ecuador y de la Federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). No se tiene información sobre la asistencia de alguna organización indígena de Colombia pero si se sabe que estuvieron miembros de las FARC camuflados como representantes de una organización de productores de coca.

Las resoluciones adoptadas en esa reunión en el marco del Plan Cahuide no pueden ser tomadas a la ligera o como simples expresiones de un folklorismo desvelado aplicado a la acción política. Entre sus resoluciones se hace un llamado a los pueblos indígenas para asumir el poder en forma directa, sin intermediación de ningún tipo y hacerlo, además, por la vía violenta.

Se convocó por tanto a los grupos indígenas a asumir medidas desestabilizadoras en sus respectivos países utilizando los pretextos más convenientes como la erradicación de cultivos de coca, la dotación de tierras o la suscripción de acuerdos de libre comercio. Se instruyó además a las organizaciones indígenas o campesinas a tomar contacto con grupos armados, si es que estos ya existen, o, en su defecto organizarlos con el asesoramiento de las FARC, colombianas.

La aplicación del Plan Cahuide tendría como objetivo inmediato el derrocamiento de los presidentes del Perú, Alan García, Alvaro Uribe de Colombia y aún Rafael Correa del Ecuador, ya que este último se ha mostrado reticente a aplicar un plan radicalmente indigenista.

Una vez cumplido este primer objetivo se emprendería un vasto y radical plan de reformas que abarcarían desde el ámbito político pasando por el social hasta llegar al económico.

En primer lugar se borraría en Bolivia, Perú, Ecuador y Colombia, todo vestigio de la estructura política diseñada bajo moldes occidentales y se implantaría un sistema de asambleas comunales en cada región que desembocarían en un consejo central que asumiría las tareas ejecutivas.

En lo económico se implantaría un sistema de autoabastecimiento de productos básicos en la perspectiva de prescindir paulatinamente de toda tecnología.

Además- y aquí viene lo más interesante- se aplicaría un plan de “ruralización” que implicaría el traslado paulatino de los habitantes del área urbana hacia la rural para incorporarlos a las tareas productivas agrícolas una vez que las actividades administrativas y las industriales en los centros urbanos serían reducidas al mínimo y mejor aún, anuladas totalmente.

Se trata, sin duda, de una pesadilla de evidentes reminiscencias polpotianas pero se debe tomar en cuenta que existen personas decididas a aplicarlo, ya sea por convicción o por estímulo económico que brindaría Hugo Chávez para llevar adelante este delirante experimento.

Queda claro que Surco, Avalos y Zurita – cuyo radicalismo crece en forma directamente proporcional a los recursos que reciben-, además del propio gobierno, deben dar una explicación sobre este caso.

*foto El Deber