Descalabro institucional

Editorial de La Razón.

El Parlamento se ha dejado llevar por la corriente de referendos y elecciones, olvidándose de sus obligaciones. Y, después de más de un año de desidia, la mayoría en el Congreso se da el lujo de colocar a este tema en el segundo lugar de sus prioridades.



No es una exageración afirmar que la institucionalidad en Bolivia se está aproximando al descalabro, desde el momento en que existen situaciones tan complejas, sobre todo en el Poder Judicial, que, en algunos casos, de la complejidad se ha pasado en poco tiempo al caos puro y simple.

El Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Judicatura, además de la Fiscalía General de la República, que forma parte del Ministerio Público de la Nación, no corresponden a cómo debe funcionar un Estado de Derecho. Tampoco la Corte Nacional Electoral trabaja con todas sus capacidades y está a punto de paralizarse.

A todas estas instituciones no se les ha prestado la debida atención en el momento oportuno y, hoy, se encuentran sumidas en una crisis que les tomará años superar, si es que lo logran.

La causa de estos males se centra en el Congreso Nacional, donde ni oficialistas ni opositores pudieron acordar o no tuvieron interés en hacerlo, para concretar las designaciones de autoridades que deben llenar sentidos vacíos.

La Corte Suprema, el órgano principal del Poder Judicial, está próxima a quedarse sin quórum, en vista de que tres de sus ministros cumplen su mandato el próximo año. Actualmente funciona con 11 magistrados, pero serán ocho en el 2009, es decir, el número mínimo para adoptar sus importantes decisiones en sala plena. Por el encono político —irracional hasta el punto de llevar al descalabro a varias de las principales instituciones del país—, no parece fácil que el oficialismo y la oposición puedan concertar los dos tercios de votos necesarios para completar los 12 ministros de la Suprema. Es una materia que requiere de atención urgente, aunque no todos los legisladores lo consideren así.

Del Consejo de la Judicatura más de un congresista se había olvidado hasta que el miércoles surgió la noticia de que el consejero José Luis Dabdoub presentaba su renuncia, lo cual significa que ese órgano judicial sobrevivirá con dos de sus cinco miembros y, lo más preocupante, perderá el quórum mínimo para definir aspectos disciplinarios.

El Poder Legislativo tampoco ha definido el nombramiento de un fiscal general titular; el actual, Mario Uribe, actúa en calidad de interino y su función resulta vital para el Estado en circunstancias en que se lo requiere permanentemente.

La lista incluye a los vocales de la Corte Nacional Electoral que, a escasos dos meses del referéndum constitucional, está habilitada a duras penas con sólo tres vocales. El oficialismo se empeña en ampliar el mandato de dos de ellos, para no correr el riesgo de que aquel proceso referendario aborte.

El caso del Tribunal Constitucional es el más desesperante de todos. Hace 18 meses que está paralizado, con el consiguiente perjuicio de miles de litigantes que recurren a su definitiva opinión. Cuatro de sus magistrados renunciaron en medio de denuncias de presiones del Poder Ejecutivo; luego se fueron otros dos y dejaron a la institución con una sola autoridad.

El colapso se agranda con el correr de los días. El Parlamento se ha dejado llevar por la corriente de referendos y elecciones, olvidándose de sus principales obligaciones. Y, después de más de un año de desidia, la mayoría en el Congreso se da el lujo de colocar a este tema en el segundo lugar de sus prioridades.