En 2009, Bolivia y Brasil harán acciones antidroga conjuntas

El ministro Rada dijo que coordinarán sus fuerzas policiales.

Ernesto Justiniano: Brasil debe escuchar a otros actores.



image

Interdicción. Un decomiso en Santa Cruz. El policía tiene equipo de EEUU

El Deber

EFE. San Pablo. Los gobiernos de Brasil y Bolivia implementarán a partir del próximo año un plan conjunto de acciones para combatir el tráfico de drogas, anunció ayer el ministro boliviano de Gobierno, Alfredo Rada.

En una entrevista que publicó ayer el diario Folha de San Pablo, Rada indicó que el plan de cooperación antidrogas, que será presentado este viernes en la sureña ciudad brasileña de Porto Alegre, entrará en vigor desde enero. El plan contempla que las autoridades policiales y judiciales de ambos países realicen investigaciones conjuntas.

“Hay voluntad política de encarar acciones inmediatas, lo que denominamos un Programa de Cooperación Bilateral, en 2009, que comenzará en enero y significará operaciones conjuntas policiales y judiciales de lucha contra el narcotráfico en los dos lados de la frontera”, afirmó Rada.

La presentación del plan ocurrirá en la reunión de ministros de Justicia de los países miembros y asociados del Mercado Común del Sur.

La intención de presentar el plan bilateral, según Rada, sería la suma de otras naciones, como Argentina y Paraguay, que ya conocen la iniciativa, pero que todavía no apoyan un rol más amplio para Brasil en la lucha regional contra las drogas.

Pese a las reticencias que provocó en Brasil la expulsión de la DEA estadounidense de Bolivia, el país vecino puede aprovechar la hora para asumir una posición estratégica en el combate a las drogas en uno de los tres mayores productores de cocaína en el mundo.

Rada, que defiende una acción global contra las drogas, se reunió el jueves pasado en Brasilia con su homólogo brasileño, Tarso Genro.

“Lo que no aceptamos es que la cooperación esté condicionada a decisiones políticas. Son asuntos internos de cada Estado”, aseveró Rada, en referencia a exigencias de EEUU y la Unión Europea al Gobierno del presidente Evo Morales para que combata el narcotráfico en Bolivia.

“Reivindico la experiencia boliviana. Erradicamos más de lo que prevé la ley y no lamentamos la muerte de campesinos, ni daños al medio ambiente”, afirmó el ministro, en referencia al Plan Colombia, financiado por EEUU en ese país.

Obligados a dar apoyo

EEUU y Europa están obligados a apoyar a Bolivia en la lucha contra las drogas, para que el país andino no pierda la batalla, dijo ayer el Gobierno boliviano, que este mes ordenó la salida de la agencia antinarcóticos DEA.

“Estados Unidos y la Unión Europea tienen que apoyar esta lucha. Están obligados a luchar contra las drogas, porque allí están los mayores mercados de consumo de drogas”, dijo el ministro de Gobierno, Alfredo Rada.

Según la ONU, en Bolivia hay unas 28.000 hectáreas de cocales, de las que 12.000 tienen como destino los mercados legales del país. Según el diputado Ernesto Justiniano (Podemos), la producción anual de cocaína en Bolivia ronda las 125 toneladas, de las que se incauta un 14%.

Brasil debe escuchar a otros actores

Ernesto Justiniano / Diputado nal. (Podemos)

Brasil es el destino del 80% de la cocaína boliviana, por lo que ese país tiene que dar una señal fuerte al Gobierno para que detenga el aumento de producción. A su vez, el Gobierno trata de regionalizar la lucha antidrogas. Ambos países pueden avanzar, pero sin las bases de datos y la tecnología de la DEA, el emprendimiento tendrá flancos débiles.

No es nuevo el intento de regionalizar la lucha antidrogas, pero sucede que el Gobierno trata de levantar el tema en la opinión pública para tapar el error que está cometiendo. Debió arreglar el tema político con EEUU sin sacar a la DEA.

Brasil ha mantenido un papel pasivo con respecto a Bolivia, su discurso ha sido tibio, pese a que el narcotráfico es causa de muchos delitos en sus principales urbes.

Ha actuado irresponsablemente ante una temática que es un flagelo mundial. En adelante Brasil tendrá que escuchar no sólo lo que dice el Gobierno, sino también a otros actores de la realidad del país, como la ONU y la oposición.