Hacia el descalabro del BCB

Editorial de Los Tiempos.

Estamos ante el primer ejemplo del futuro que les espera a las RIN. Se diluirán en manos de burócratas ineptos, con lo que se habrá dado un paso más hacia un retroceso histórico cuyas consecuencias no es difícil prever



Entre los muchos aspectos negativos que contiene el proyecto de Constitución del MAS, hay uno que merece especial atención por las funestas incidencias que puede tener para el futuro de la economía nacional. Se trata del artículo 327, mediante el cual se elimina la autonomía del Banco Central de Bolivia.

Lo que más sorprende en este caso es que la decisión de privar al BCB de su autonomía fue una de las modificaciones hechas con la aprobación de los partidos de oposición, pues en el proyecto original, el aprobado en La Glorieta y Oruro, se conservaba esa condición indispensable para mantener los recursos administrados por la principal entidad financiera fuera del alcance del gobierno central. La razón porque se prestaron a avalar tan enorme desacierto es una de las muchas explicaciones que la oposición le debe al país.

Sin embargo, aún antes de que el texto constitucional sea puesto en vigencia, ya el Poder Ejecutivo ha comenzado a mostrar cómo se propone disponer de los recursos del instituto emisor. Lo ha hecho al decidir que el BCB otorgue un crédito de mil millones de dólares a YPFB, a través de una nueva violación flagrante del régimen legal vigente, en este caso a la Ley 1670 que prohíbe expresamente ese tipo de operaciones en favor de empresas del sector público.

Cabe recordar que en sus partes centrales el artículo 22 de la mencionada ley dice: “El BCB no podrá otorgar créditos al sector público ni contraer pasivos contingentes a favor del mismo. Excepcionalmente podrá hacerlo en favor del Tesoro Nacional (…) en los siguientes casos: a) Para atender necesidades impostergables derivadas de calamidades públicas, conmoción interna o internacional, declaradas mediante decreto supremo. b) Para atender necesidades transitorias de liquidez dentro de los límites del Programa Monetario”.

Como es fácil constatar, no estamos ante ninguno de los casos citados para que se haga una excepción a la norma. A no ser, claro, que se reconozca que la forma en que está siendo administrado el sector hidrocarburífero nacional merece el calificativo de “calamidad pública”, lo que tiene mucho de verdad.

Según la explicación gubernamental, la violación a la Ley 1670 se justifica porque cuando fue aprobada, el BCB no contaba, como hoy, con 6.700 millones de Reservas Internacionales Netas (RIN). Es decir, ahora sí se puede echar mano a los recursos de todos los bolivianos para ponerlos en manos de una empresa que, como YPFB, ha dado ya excesivas muestras de ineficiencia.

Estamos pues ante el primer ejemplo del futuro que les espera a las RIN. Se diluirán en manos de burócratas ineptos, con lo que se habrá dado un paso más hacia un retroceso histórico cuyas consecuencias no es difícil prever.