Irregularidades paralizan cuatro planes de vivienda

El Gobierno guarda silencio.

Escándalo. En La Paz, Chuquisaca y Santa Cruz hay problemas, el Plan Nacional de Vivienda Social y Solidaria ha frenado la ejecución de obras por denuncias de sobreprecios y tráfico de influencias.

A poco más de un año y medio del lanzamiento del PVS, el Gobierno nacional enfrenta denuncias de corrupción en tres regiones del país. En Santa Cruz, Chuquisaca y La Paz, los planes revelaron irregularidades y debieron paralizar sus obras para esclarecer su situación. El caso más sonado es el de La Comarca, que sufrió la demolición de más de un centenar de casas, el descubrimiento de testaferros, sobreprecios y la fuga del gerente de la cooperativa que ejecutó el plan de vivienda. El terreno donde se edificaron las casas no era apto para tal fin.



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Casas. La constructora Vipel avanza en la edificación de viviendas en la urbanización Nueva Esperanza en el km 9 de la doble vía a La Guardia. Hay expectativa

Cuatro proyectos ‘perforan’ el plan de vivienda social

Irregularidades. Surgen más críticas

El Deber

Hilton Heredia García 

Peligro. A un año y siete meses del bullado lanzamiento del Plan Nacional de Vivienda Social y Solidaria (PVS) impulsado por el presidente Evo Morales, el proyecto sufre demoras, surgen serias observaciones en la ejecución de obras y aparecen denuncias de sobreprecios y tráfico de influencias, con lo cual ya son cuatro los proyectos observados en 2008: uno en La Paz, otro en Chuquisaca y dos en Santa Cruz, los que ‘perforan’ el plan de viviendas dignas para vivir bien.

Tras los ribetes de escándalo y denuncias de sobreprecios  en la urbanización La Comarca (Vallecito I según el municipio de Warnes), que involucra al presidente de la cooperativa Sudamérica, Miguel Ángel Linares, ahora las irregularidades suman y salpican a otros departamentos aunque con otras características. Según un documento gubernamental al que tuvo acceso EL DEBER, se pudo conocer que el proyecto cualitativo Yanacachi en el departamento de La Paz, de 280 viviendas, se encuentra en proceso judicial, mientras que otro proyecto cualitativo productivo denominado Supachuy en el departamento de Chuquisaca de 110 viviendas, está en proceso de auditoría. En ambos casos la construcción de viviendas está paralizada.

Similar situación se da en Santa Cruz con el caso La Comarca, proyecto que ahora está congelado. Hace unos meses se denunció una supuesta subvención de pasajes y hoteles por parte de la Mutual Guapay a un ex viceministro para que los beneficiara con proyectos. Por su parte, la cooperativa Jerusalén decidió salirse del programa por las interpretaciones mal intencionadas de las autoridades. Hasta la fecha el Gobierno adeuda a esa entidad financiera más de $us 300.000 por los servicios prestados y las obras de construcción de las casas están demoradas porque se encuentran en proceso de cambio a otra entidad.

Sobre el particular, el ministro del ramo, Óscar Coca, y el viceministro de Vivienda, José Antonio Lambertín, evitaron referirse al tema. No obstante, en torno a la situación de la cooperativa Sudamérica aclaran que son los beneficiarios quienes hacen el contrato con la financiera y quienes eligen el modelo de casa, el terreno y la forma de pago.

Algunas fuentes de esa cartera no descartan una crisis en ese ministerio.

Sobre el caso particular de La Comarca, el presidente del Colegio de Arquitectos de Santa Cruz, Carlos Alberto Ibáñez, criticó que los ambientes dormitorios se hayan construido de 3×3 m2, lo cual está normado para una persona, es decir no puede albergar a una pareja matrimonial. Otra característica es que el estar, el comedor y la cocina se encuentran en un solo ambiente, con una serie de dificultades. Lo normal debe ser al menos 15 m2 por cada uno de los ambientes; una sala de estar y un comedor deben tener 25 o 30 m2, y una cocina de unos 12 m2. Agrega que la casa siempre está sujeta a ampliarse, lo que no ocurre en este caso. También criticó el hecho de que las casas no tengan una cadena de hormigón armado.

Al respecto,las constructoras Vipel y San Roque SRL aclararon que estas dimensiones son de acuerdo al requerimiento del adjudicatario.

   Así opinan los sectores  

C. Alberto Ibañez / Col. de Arquitectos

Las casas de La Comarca no se encontraban en una etapa terminada, sino que le faltaban algunos ítems como carpintería, ventanas, puertas y artefactos sanitarios. Estas casas que son de 51,15 metros cuadrados corresponde al subprograma 3 del plan de vivienda que adjudica un monto de $us 8.000. Creo que el plan de vivienda social debe ser corregido oportunamente.

Jerges Mercado / Ex ministro de Obras

El Gobierno dejó en libertad a los adjudicatarios para que sean ellos quienes decidan en qué entidad financiera tramitarán los créditos para sus viviendas. El contrato con las entidades financieras tiene una duración de cinco años, que podría ser ampliado de un acuerdo entre las partes. Por la prestación de este servicio se ha determinado una comisión del 3%.

Mario Cronenbold / Diputado

El Ministerio de Obras Públicas debe dar a conocer la ubicación y el monto total de cada una de las viviendas, más el precio de cada uno de los terrenos. Una vez tengamos ese informe vamos a recurrir a la Asociación de Valuadores para que nos hagan una valuación real. Hay sobreprecio en las casas. El Gobierno pone plata para construir casas caras para los pobres.

Hoggier Hurtado / Pdte. Febocac

Es un problema aislado. Creemos que existen los organismos pertinentes que se han hecho cargo del tema y esperamos que lo hagan de la forma más imparcial y transparente. La Fiscalía de Distrito ya ha intervenido y el tema está en manos de la justicia ordinaria. Esto no tiene por qué afectar al sistema cooperativo en general. La SBEF está habilitada para emitir criterio.

  El caso La Comarca y Linares 

– El gerente de la cooperativa Sudamérica, José Luis Linares, es acusado de que entre 1996 y 1997, en calidad de gerente del ex Banco Internacional de Desarrollo S.A. (Bidesa), impulsó junto con la constructora ECO y el ex Fondo de Vivienda Social (Fonvis), el proyecto de vivienda Chiriguano en Santa Cruz con un presunto sobreprecio de $us 157.140. Ahora se encuentra involucrado supuestamente por vender con sobreprecio al Viceministerio de Vivienda los terrenos donde la semana pasada fueron demolidas 104 casas del Programa de Vivienda Solidaria en la urbanización La Comarca, de la ciudad de Santa Cruz.

– El PVS cubre la construcción de más de 25 mil casas en todo el país, que empezaron a construirse desde el año pasado y se prevé concluir en 2009. La inversión alcanza a Bs 929.351.611, sin tomar en cuenta el programa de mejoramiento de viviendas que se ha encarado en el país.

   La opinión   

“Realizaremos una inspección a la Sudamérica”

Marcelo Zabalaga/SBEF

Las cooperativas cerradas fueron entidades de ahorro y crédito que se establecieron a la luz de la Ley de Cooperativas de 1958. La última Ley de Bancos de 1993 estableció que iban a existir dos tipos de cooperativas: las abiertas y las cerradas. La Ley de Bancos de ese año determinó que las abiertas sean supervisadas por la Superintendencia de Bancos, y las cerradas debieran ser supervisadas por algún órgano que debía haber creado el Ejecutivo. Las cooperativas abiertas han sido incorporadas a la regulación durante la década de 1990 y la última en 1998. Son 23 cooperativas abiertas las fiscalizadas por la SBEF.

Las cerradas siguieron creciendo en número al punto que en la actualidad hay unas 82 cooperativas, las cuales nunca fueron reguladas. Ante esa situación, como SBEF hemos hecho un trámite desde julio de 2007 hasta julio de 2008 para que se apruebe una ley y éstas entren al ámbito de la regulación de la Superintendencia. Hace poco hemos aprobado el reglamento de incorporación de las cooperativas. Indica cuáles son las etapas que van a cumplir las cooperativas para entrar al ámbito de la regulación. Básicamente hay dos etapas: una que consiste en que las cerradas tienen que pasar por una especie de auditoría externa, que va a especificar todas las normas que tienen que cumplir para ser reguladas.

Lo segundo, es que esto no nos impide conocer los problemas de las cooperativas cerradas a partir de que la ley fue emitida.

La próxima semana realizaremos una inspección a la cooperativa Sudamérica para verificar el problema que se ha suscitado y conocer su estructura financiera y luego reunirnos con el Consejo de Administración de la Cooperativa para dar las recomendaciones. Si se detectan irregularidades se pedirá al Consejo de Administración que rectifique.

En el caso de las funciones del gerente de Sudamérica, Miguel Ángel Linares, según la Ley de Bancos podría desempeñarse en el cargo, pero la decisión depende del Consejo.

Sin embargo, no es ético que se desempeñe en este tipo de cargo.

Los ‘palos blancos’ no aparecen

Ronald Diego Choque Aguilar, un guardia de seguridad de la cooperativa Sudamérica que figura como comprador de terrenos para tres urbanizaciones del Programa de Vivienda Social y Solidaria del Gobierno, aún no fue ubicado por los agentes investigadores del Ministerio Público que tienen un mandamiento de aprehensión para que responda por si tiene alguna relación con un supuesto negociado con la cooperativa Sudamérica que tiene la tarea de intermediaria en el proyecto.

Choque fue visto por última vez por los vecinos del kilómetro seis a La Guardia el pasado lunes, luego de que su concubina Miciel Alma Rodríguez Suárez, que vive en esa zona, se presentó a declarar ante la Fiscalía por la compra y venta con sobreprecio de los terrenos en la urbanización La Comarca o Vallecito I, en el norte.

“La anterior semana venía todas las noches y entraba en la casa de Miciel Rodríguez, porque son enamorados, pero en los últimos días no se lo vio más por acá”, indicó un vecino que se identificó como Mario.

El nombre de Ronald Choque Aguilar aparece en los registros computarizados del Plan Regulador y de Catastro Urbano del municipio de La Guardia porque es el supuesto propietario de 386 lotes de la urbanización Cumbre de las Américas, situada en el kilómetro 13 de la antigua carretera a Cochabamba, donde las casas construidas fueron entregadas a los carretilleros y estibadores del mercado Abasto que son los adjudicatarios.

El funcionario del Plan Regulador de La Guardia, Daniel Aguilera, indicó que personalmente nunca conoció a Choque porque los trámites y los pagos de recibos y certificados los hacían otras personas a nombre de la cooperativa Sudamérica.

Además, el funcionario de Catastro del mismo municipio, Jaime Luis Torrico, reveló que en dicha oficina están listas 35 minutas de transferencia las cuales no fueron entregadas porque faltan algunos requisitos. “Ronald Choque A. aparentemente está vendiendo personalmente estos lotes donde la cooperativa Sudamérica es la intermediaria”, manifestó Torrico.

Por su parte, Miciel Rodríguez, que también figura como ‘palo blanco’ en la compra de terrenos en la zona norte de la ciudad, ya no se la puede ubicar en su domicilio, mientras los investigadores están tras la pista de Ronald Choque. /IRZ

 

El proyecto La Comarca era de $us 18,9 millones

Demolición. Estaba concebido para un megacondominio de 92 hectáreas. Las tierras fueron revertidas por el Banco Unión. La parte que ‘compró’ Miciel Rodríguez no era para viviendas

Leopoldo Vegas | [email protected]

Los 107.112 m2 de terreno que adquirió la obrera Miciel Alma Rodríguez, con dinero de la Cooperativa Sudamérica, para la construcción de más de 200 casas populares en el kilómetro 9 al norte de Santa Cruz de la Sierra, no estaban habilitados para edificar casas. En 1999, la Alcaldía cruceña había aprobado un megacondominio denominado La Comarca y los lotes ubicados en la Uv S1-1, que compró la mujer por un valor de $us 400.000 al Banco Unión, formaban parte de las calles y de las áreas verdes del proyecto inicial, que constaba de 92 hectáreas.

Según un documento al que tuvo acceso EL DEBER, el terreno, propiedad del fallecido Milton Parra, disponía de una franja de terreno para albergar 10 unidades vecinales y estaba previsto construir 1.034 casas en lotes de 500 m2. El proyecto tenía un costo de $us 18,9 millones.

Un familiar del empresario fallecido, que prefirió omitir su nombre, reveló que los terrenos fueron revertidos por el Banco Unión y que desconocía qué hizo la entidad financiera con esos lotes, que se encuentran entre el aeropuerto Viru Viru y el ingreso de La Chonta.

Una parte de los terrenos  de La Comarca fue adquirida por Hernán Gabriel Camacho Cuéllar. Esa parte de las tierras estaba habilitada para la construcción de viviendas, según una documentación que presentó a la Fiscalía el nuevo propietario; sin embargo, la franja que adquirió la cooperativa Sudamérica y que estaba a nombre de Miciel Rodríguez tenía un uso de suelo destinado a áreas recreativas, comercial, educativa y de calles.

En los documentos remitidos al Ministerio Público consta que para construir las viviendas populares Miciel Rodríguez tramitó el permiso de construcción en la municipalidad de Warnes, donde el 1 de noviembre de 2007 se aprobó, en un plazo de 48 horas, el proyecto de urbanización Vallecito I, situación que provocó un conflicto de jurisdicción con el municipio de Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con las declaraciones de los arquitectos María Ernestina Costas, Percy Vargas e Isabel Vera, tres ex funcionarios municipales involucrados en la demolición de las casas ocurrida el pasado 28 de octubre, ésas fueron las razones por las que la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra negó el permiso para el Plan de Vivienda Social y Solidaria, promovido por el Gobierno. También formaba parte de las razones para derrumbar los inmuebles. “Se estaban levantando viviendas en áreas de equipamiento destinadas a educación y sin la aprobación de urbanización ni del proyecto de arquitectura”, declaró Costas, la directora destituida de Regulación Urbana de la Alcaldía.

Sin embargo, el alcalde de Warnes, Nyls Carmona, afirmó que Vallecito I se encuentra dentro de su jurisdicción, porque los límites del municipio se extienden hasta la zona de Cataluña, y por eso el 1 de noviembre de 2007 aprobaron la construcción de la obra.

La versión de Carmona es contradictoria con el certificado emitido por la jefa del Plan Regulador de Warnes, Kathia Alcántara, que el 10 de diciembre de 2007 reconoce que la urbanización La Comarca, “ubicada en el kilómetro 9, lado naciente de la carretera Santa Cruz-Warnes, está fuera de la jurisdicción de la primera sección de la provincia Warnes”.

“Existía una orden de proceder a la demolición de unas viviendas de propiedad de la señora Miciel Alma Rodríguez, que habían sido aprobadas por el municipio Warnes y estaban localizadas enSanta Cruz de la Sierra”, expresó el ex director de Ordenamiento Territorial de la Alcaldía, Percy Vargas, durante su declaración en la Fiscalía.

No obstante, esa orden de demolición no llegó de un momento a otro. Según los documentos presentados por las partes en conflicto, el 21 de diciembre del año pasado, el entonces oficial mayor de Planificación de la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, Álvaro Mier, dispone multas y orden de paralización de la obra, bajo prevención de demolición. Los constructores desacatan la instructiva y continúan trabajando, y el 10 de enero de este año se instruyó el derrumbe de las casas. Sin embargo, el 27 de marzo ambas municipalidades firman un acuerdo conciliatorio, facilitado por la Prefectura, en la que Santa Cruz de la Sierra deja en suspenso la medida de demolición y Warnes se compromete a paralizar la obra hasta enero de 2009, cuando se logre un acuerdo definitivo de los límites. En septiembre, los constructores incumplieron y los cruceños demolieron.

  Lo descubierto  

Calidad. Con la demolición de más de 100 casas en Vallecito I se descubrió la baja calidad en el material y la construcción de las viviendas de interés social.

Palos blancos. Miciel Alma Rodríguez declaró en la Fiscalía que ella no era propietaria de los terrenos donde se edificaron las casas. Confesó que era trabajadora del surtidor Ametauná, propiedad de Miguel Ángel Linares, presidente de la cooperativa Sudamérica, que financió el proyecto.

Cómplice. En la investigación también se conoció que Ronald Choque Aguilar, un sereno de la gasolinera Amateuná y concubino de Rodríguez, figuraba como dueño de los terrenos de las urbanizaciones Cumbre de las Américas, en La Guardia, de El Dorado II, en la carretera a Cotoca, y de Todo Santos, en Montero.

– Celeridad. El gobierno municipal de Warnes aprobó un proyecto de urbanización en un plazo de 48 horas.

– Irregularidad. Según documentos del Ministerio de Obras Públicas, el Gobierno desembolsó recursos para la construcción de las viviendas de Vallecito I, dos meses antes de que el gobierno municipal de Warnes aprobara el proyecto de urbanización.

 

Alerta por falsa amenaza de bomba

Servicio. Una filial de la cooperativa Sudamérica tuvo que cerrar sus puertas hasta el lunes

Igor Ruiz | [email protected]

A las 11:00 de ayer una llamada alertó a la telefonista de la cooperativa Sudamérica, de la calle René Moreno, acerca de la existencia de una bomba en el edificio, por lo que de inmediato se ordenó la evacuación de los clientes y los trabajadores. La unidad de explosivos de los Bomberos requisó el lugar, pero no se encontró nada.

La oficina central de la cooperativa Sudamérica atiende los sábados de 9:00 a 12:00, pero debido a la falsa alarma los ejecutivos decidieron cerrar sus puertas hasta el lunes, así lo informó el gerente de Marketing, Carlos Rodríguez. Varios clientes se mostraron sorprendidos y expresaron su molestia por no poder realizar sus transacciones en esas oficinas.

El presidente de la entidad financiera es Miguel Ángel Linares, que es buscado por la Fiscalía de Distrito para que declare acerca del supuesto sobreprecio de los terrenos de la urbanización Vallecito I. Sin embargo, se tiene conocimiento de que el ejecutivo sigue en La Paz, adonde viajó a media semana.

“Quiero informar de que el señor Linares sigue siendo el máximo ejecutivo de la cooperativa y no como se publicó en algún medio de prensa de que fue destituido, porque para que se dé esa figura el directorio tiene que reunirse para pronunciarse”, acotó Rodríguez.

El fiscal anticorrupción Jorge Antonio Abella indicó que la justicia ya libró la orden detención contra Linares, por lo que los policías investigadores están buscándolo.