La alarmante falta de gestión pública

Editorial de La Razón.

Según datos del Sigma, la ejecución presupuestaria del 2008 llegó apenas al 30 por ciento en los ministerios, por lo que hasta el mes en curso no se había gastado nada menos que la suma de 3.995,1 millones de bolivianos.

Causa extrañeza que tanto en los ministerios como en las prefecturas impere la inoperancia a la hora de aplicar sus respectivos presupuestos, pese a las múltiples necesidades públicas que, de esta manera, no son atendidas oportunamente. Por supuesto que sería comprensible que por falta de recursos económicos no se concreten los gastos requeridos, como ocurría antes, pero, ahora que hay dinero, resulta inexplicable que se lo tenga guardado, en una clara evidencia de que está primando la incapacidad de gestión.



La falta del gasto público —toda una paradoja en un país pobre— es una muestra fehaciente de esa realidad, ya sea por incompetencia, porque se le presta más dedicación a la política que a la administración de los intereses generales, o, finalmente, por ambas causas. Y en este tema no caben las consideraciones de tipo político-partidario; por lo tanto, de la crítica no se salva ni el oficialismo, que gobierna en el territorio nacional, ni la oposición, encargada de la conducción de varias prefecturas.

En el ámbito nacional, la administración de la tarea de la gestión pública les corresponde a los ministros, viceministros y directores generales. Ellos son los responsables de echar a andar el aparato burocrático del Estado, y a ellos les compete ejecutar oportuna y efectivamente el presupuesto de sus respectivos despachos. Tratándose de funcionarios estatales, cuyo salario proviene del bolsillo de todos los bolivianos contribuyentes, no hay excusa para no hacerlo.

Un país con múltiples necesidades, como es el caso de Bolivia, definitivamente no puede permitirse que las autoridades del Poder Ejecutivo —tanto del Gobierno central como de las prefecturas departamentales— se encuentren más preocupadas en el proselitismo político que en la ejecución de los presupuestos nacionales y departamentales.

Según datos del Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (Sigma), dependiente del Ministerio de Hacienda, la ejecución presupuestaria del 2008 llegó apenas al 30 por ciento en los ministerios, por lo que hasta el mes en curso no se había gastado nada menos que la suma de 3.995,1 millones de bolivianos.

Así como los malos resultados que se van perfilando para este año en la administración pública nacional es un síntoma de incompetencia, de falta de gestión, lo mismo se puede decir del comportamiento registrado en las prefecturas. Las quejas de la denominada media luna de que el gobierno de Evo Morales les arrebató el 70 por ciento de la coparticipación en el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) caen en saco roto si, de acuerdo con el seguimiento realizado a las cuentas bancarias de las prefecturas, se detecta que estaban sin ejecución los fondos asignados anualmente por conducto del PGN.

Las estadísticas del Sigma indican que este año las prefecturas contaban con un presupuesto total de Bs 239.485.350, pero que, hasta la segunda semana de noviembre, sólo habían ejecutado Bs 50.416.285,45, es decir, apenas el 21 por ciento.

La salvedad está en que los datos comparativos muestran que unas prefecturas gastaron más y otras menos. Más allá de ese detalle, que no deja de ser importante por respeto a la particularidad de cada caso, globalmente, el 2008 se hizo poco a favor de las regiones, cuando debió haber sido todo lo contrario.