La tragedia de Pando

image_thumb[1]

Investigación de El Deber. Pugna por tierras. La tensión entre autonomistas y masistas comenzó a gestarse el 2 de agosto con la entrega de títulos de propiedad agraria a campesinos afines al Gobierno.

Victimas. Los hechos de Pando ocasionaron la muerte de 20 personas, 18 en Porvenir y dos en el aeropuerto.



Cadena de situaciones provocó la matanza

La matanza del 11 de septiembre en Porvenir sucedió por una cadena de situaciones bien tejidas cuyo desenlace lo previó más de uno, que suponía que si el enfrentamiento se daba en Cobija, las víctimas fatales iban a ser muchas más.

Una indagación periodística de EL DEBER pudo constatar que las 18 muertes en esa lejana región se debieron al resultado de disputas políticas, enfrentamientos ideológicos y hasta la generación de rumores malintencionados que atizaron el ánimo de las partes en conflicto.

Todo se puede rastrear hasta el 2 de agosto del presente año. Ese día, Pando fue declarado territorio saneado por parte del Instituto de Reforma Agraria (INRA). El Gobierno entregó 148 títulos ejecutoriales de propiedad agraria a 869 familias de comunidades campesinas, a zafreros de la castaña. También tituló escuelas municipales, empresas pequeñas, medianas y grandes y concesiones forestales. Con ello, concentró el 73% de la tierras dotadas en la región como propiedad colectiva o de campesinos afines. Este hito rompió con la tradicional distribución en la que los propietarios individuales tenían el 95% de la tierra en esta región, según datos oficiales.

La medida fue vista como una provocación a la inversión privada en la Amazonia boliviana y la respuesta no se hizo esperar. Un mes después, campesinos afines al prefecto, Leopoldo Fernández, apoyados por cívicos y funcionarios prefecturales, con el respaldo económico de empresarios e industriales de la madera y la castaña, tomaron el INRA con el argumento de presionar por la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el reconocimiento a las autonomías.

El movimiento cívico estaba en su punto alto porque el 10 de agosto Fernández había salido victorioso del referéndum revocatorio, pese a la agresiva y millonaria campaña en su contra que el Gobierno desplegó a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Ante ello, la contraofensiva gubernamental se activó y recurrió a todo su potencial. Se gestó la realización de un cerco a Cobija, a través de los sectores sociales que le son afines, con los campesinos castañeros al frente y el respaldo de las alcaldías controladas por el MAS y el Movimiento Amazónico de Renovación (MAR), que tiene como jefe al ex alcalde cobijeño y ex colaborador de Fernández, Miguel ‘Chiquitín’ Becerra, según testimonios.

De forma paralela, las fuerzas prefecturales y cívicas, envalentonadas con la victoria de su líder, iniciaron el plan de exclusión de sus adversarios políticos.

Brigadas conformadas por jóvenes, comandadas por Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico de Pando, se dieron a la tarea de controlar el ingreso de sus adversarios políticos en la capital del departamento, evitando su llegada a través del aeropuerto o por tierra desde el interior de la región y el país.

Además, posesionan a filiales cívicas denominadas ‘Columna Porvenir’ en todas las localidades a lo largo de la ruta Cobija-Riberalta.

Esto se complementó con la asfixia del comercio local, controlado básicamente por migrantes andinos, lograda con el bloqueo de los puentes internacionales, para impedir que brasileños llegaran a Cobija a realizar sus compras.

Con todo ello, el enfrentamiento se hacía cada día más evidente.

Según fuentes oficiales, durante este tiempo, la Policía y las Fuerzas Armadas, al mando de Quintana, hicieron una evaluación de la situación en Pando y consideraron que era factible tomar el control de Cobija, en caso de una situación de extrema emergencia. El problema era encontrar un pretexto. La toma, de acuerdo con fuentes consultadas y relacionadas con el plan, se debatía en hacerla a través de una marcha campesina o luego de una acción más extrema de las fuerzas de oposición, como la destrucción de las instituciones tomadas, entre ellas el INRA.

Mientras se tomaba la definición, la Prefectura barajaba el nombre del nuevo director del INRA, para ponerlo bajo el mando del prefecto Fernández con el fin de realizar una nueva titulación agraria.

Esa decisión agilizó la movilización de campesinos y se instruyó a dos operadores de Riberalta, Iver Maguayo y Javier Peñaranda, llevar la mayor cantidad de zafreros de la castaña a Pando, para retomar las entidades ocupadas por los cívicos.

Con ese discurso, y resaltando que estaba en riesgo la titulación de las tierras para los zafreros, se convenció a éstos para marchar, aunque la dirigencia, incluidos los dos nombrados, sabían sobre la alta probabilidad de un enfrentamiento fratricida. De las 380 personas reclutadas, la mayoría no sabía a qué iba. Había un grupo de unas 50 personas que sí llevó armas y que conocía que los estarían esperando. El 10 de septiembre, en Puerto Rico, los dirigentes informaron sobre el motivo real del viaje. Algunos decidieron desertar y tuvieron que devolver los víveres y viáticos otorgados.

Mientras tanto, en Cobija, con el respaldo informativo de los cívicos riberalteños, se hizo correr el rumor de que los campesinos iban a ‘tumbar’ a Fernández y provocar caos, porque estaban armados.

La Prefectura de Pando apeló al sentimiento autonomista, al sentido de supervivencia y a la protección de sus bienes para que sus partidarios hagan conciencia de que en caso necesario, había que recurrir a la defensa armada. Este trabajo fue realizado por el Servicio Prefectural de Caminos, definido por los propios pandinos como la Unión Juvenil de Cobija.

Enterados de los preparativos, en Filadelfia, algo así como el San Julián de Pando, y donde se iba a llevar a cabo el ampliado para iniciar el ‘cerco’ a Cobija, se prepararon de forma similar para auxiliar a sus compañeros, que venían desde Riberalta.

La Policía trató de cumplir su rol, aunque tarde, en tanto que los militares sólo actuaron cuando se dictó el estado de sitio para derrocar al prefecto. El Gobierno ya había encontrado su pretexto, tras la muerte de 18 personas.

  Testimonios  

Doña L. (campesina)

Dijeron que era un ampliado

La señora L. (guardamos su identidad por razones de seguridad) comentó que a ella y a su marido la convocaron para ir a un ampliado donde se iba a evaluar la situación de la toma del INRA en Cobija. Sin embargo, a medio camino, entre Puerto Rico y Porvenir, la dirigencia les señaló que iban directo a una marcha a la capital pandina. "Cambiaron de idea y ya estábamos embarcados. Nos asustamos, pero no podíamos regresar. Cuando hubo la balacera no sabíamos qué hacer y nos arrepentimos de haber ido".

P. M. (ex funcionario)

La orden era no dejar pasar

Este ex funcionario de la oficina de Caminos de la Prefectura se animó a hablar sobre si los funcionarios de esa repartición estaban armados para evitar el paso de los campesinos en Porvenir. "Sí, varios fuimos con armas de fuego, para defendernos y porque la orden era no dejar pasar a ningún campesino, porque si llegaban a Cobija iba a ser peor", respondió.

Aclaró que la instructiva fue de los que estaban al frente del Sepcam y no sabe si lo sabía el prefecto.

W.T. (dirigente comunal)

Las cabezas sabían a qué iban

Un dirigente comunal, de una localidad entre Riberalta y Cobija, señaló que la marcha campesina fue organizada y manejada por la dirigencia de ese sector y que los dirigentes comunales no tuvieron nada que ver con el asunto. "Desde días antes del 11, el comentario general era que se iba a ir a un enfrentamiento. Por aquí pasaban los de la Prefectura y también hablaban de que no iban a permitir ningún avasallamiento. Las cabezas de ambos bandos sabían que iba a darse lo que pasó".

 

El dominio político en disputa

Se juntaron consignas políticas, enfrentamientos ideológicos y rumores malintencionados

image_thumb[8]

Pugna. Los motorizados que usó la Alcaldía de Filadelfia para llevar campesinos contra la Prefectura

“Muerto el rey, que viva el rey”. La legendaria frase que se acuñó en la época medieval se practica fácilmente en Pando, ya que los líderes y tiendas políticas saben que manejar la administración pública en esta región, principalmente las alcaldías y la Prefectura, les da la llave principal para mantener la lealtad de adherentes y partidarios.

Al haberse alejado por la fuerza al prefecto Leopoldo Fernández, apodado ‘El Cacique’ por su sagacidad política para mantenerse en el poder desde diferentes cargos por casi cuatro décadas, la disputa del poder en el departamento amazónico está en su punto de ebullición.

El Gobierno central analiza si brindará todo su respaldo a Miguel ‘Chiquitín’ Becerra para que sea su punta de lanza en la búsqueda de consolidar su proyecto político en esta zona, o impondrá otro candidato para la Prefectura.

Becerra, otrora aliado político de Fernández, está hoy en las filas del oficialismo y se lo señala como el promotor y canalizador del financiamiento para la movilización de las fuerzas sociales del Gobierno en Pando. Junto a él trabajan el senador suplente Abraham Cuéllar (UN), los alcaldes de El Sena, Puerto Rico, Gonzalo Moreno, Filadelfia, Villa Nueva, San Pedro, Santos Mercado y Santa Rosa y dirigentes campesinos.

En el lado contrario, aunque las huestes de Fernández están en desbande mantienen una estructura organizativa, que tratará de promover a algún candidato pero tropezará con el problema económico. “Si Leo no vuelve, la instructiva es apoyar a alguien del MNR”, dijo un colaborador cercano del prefecto.

Opinión

El perverso uso del ser humano

Gustavo Ondarza / Periodista

Jugar con la necesidad de los oprimidos para conseguir un objetivo político es la peor práctica, pero la más utilizada en nuestro país.

En los sucesos de Pando, hubo dos víctimas que han pagado una factura alta por haber sido leales a sus mandantes. Por un lado, los campesinos, que fueron trasladados desde sus lugares de origen con el pretexto de que las tierras adjudicadas a través del programa de reconversión territorial corrían riesgo de ser anuladas, y por el otro, los funcionarios prefecturales, a los que se los empujó a cometer una acción que se convirtió en delictiva aduciendo de que así iban a garantizar sus puestos de trabajo.

A ambos se les mintió. Los unos marcharon con la seguridad de que su esfuerzo era por una causa justa y los otros porque debían obediencia a quienes les ayudaron a tener un ingreso económico para mantener a la familia.

En su posición subalterna, ninguno hizo siquiera un análisis ligero de que formaba parte militante del proceso de inclusión social del Gobierno, o del autonómico, que promueve la oposición. Sólo estuvieron presentes porque necesitaban lo prometido.

Al final, los unos siguen igual o peor que antes, porque se les desmembró por siempre de su seno familiar, y los otros, se encuentran a expensas de las migajas del vecino para sobrevivir, ya que lo han perdido casi todo.

Ahora, ambos también comparten el miedo, miedo de volver a ser utilizados y de aceptar ser utilizados, ya que el miedo es el mejor instrumento que se usa contra ellos para seguir sometiéndolos.

 

La tragedia pudo evitarse

El Gobierno, a través de la Policía y las FFAA, y la Prefectura junto al Comité Cívico, pudieron frenar el enfrentamiento

Nadie, ni el Gobierno ni la Prefectura de Pando, puede decir que no sabía qué iba a pasar el 11 de septiembre en Porvenir. Cada una de las partes movió sus fichas para tratar de evitarla, pero ninguno tomó la decisión de pararla antes de que se derramara sangre. El 8 de septiembre, el Gobierno envió a la zona al general de Policía Antonio Pardo, que recibió los informes de los avances de los campesinos de boca del coronel Silvio Magarzo, comandante de Policía de Pando, y de Mirtha Sosa, jefa policial de Porvenir.

Una noche antes de los hechos, cuando se sabía que el grupo de personas afines al Gobierno ya estaba en Puerto Rico, el prefecto Leopoldo Fernández convocó en su despacho a una reunión de cívicos, parlamentarios, policías y miembros de las Fuerzas Armadas para ‘neutralizar’ a los campesinos y evitar que se dé un enfrentamiento. Para esa hora, la presidenta cívica, Ana Melena, y el vicepresidente Ricardo Shimokawa, ya habían estado en Porvenir para organizar a la gente a través de una reunión en la cancha de la población. Minutos más tarde, pasó la maquinaria del Servicio Prefectural de Caminos para hacer las zanjas en Tres Barracas y Cachuelita. Esto fue informado por Sosa a Magarzo y a Pardo.

Entre las 2:00 y las 6:00 se produjeron los primeros enfrentamientos, tanto en Tres Barracas como en Cachuelita. Magarzo fue a la zona de Tres Barracas, a las 7:00. Ya Shimokawa y Nora Montero, dirigente campesina, habían negociado el regreso de los campesinos hacia Riberalta. Esto fue informado por el cívico al comandante policial, que optó por abandonar la zona y dejar todo en manos de Shimokawa.

image_thumb[9]

Tragico. Los vehículos del municipio de Filadelfia arden en la calle principal de Porvenir. La situación ya se había desbordado y las autoridades desperdiciaron su oportunidad de detenerla

A las 8:30, según Sosa, los comunitarios de Filadelfia pasaron por Porvenir, a bordo de tres vehículos, armados y apuntándole a la gente. Esto fue inmediatamente comunicado a Magarzo.

En Cobija, el senador Paulo Bravo, el defensor del pueblo, el obispo de Cobija y las Fuerzas Armadas mantenían una reunión. En ella, según relató Bravo, se le pidió a las FFAA que intervengan para evitar que los campesinos continúen su marcha a través de Porvenir. Ya para ese momento, la noticia de la muerte de Pedro Oshiro había llegado a Cobija, así como los heridos del tiroteo en el puente Cachuelita, sobre el río Tahuamanu.

Es por eso que Bravo describe lo que sucederá: "Si llegan a pasar, con tanta gente armada, será como cazar patos", les dijo a los que participaban de la reunión, según lo que el mismo Bravo relató al defensor del pueblo, Waldo Albarracín, en un encuentro que sostuvieron el 16 de septiembre en Brasileia. De forma paralela, Magarzo hizo un pedido por escrito a las FFAA para que los ayuden a contener el enfrentamiento, que ya había comenzado en Tres Barracas. El único que se movilizó hacia la zona fue el representante pandino del Defensor del Pueblo, Rafael Vidal, que fue identificado por los campesinos como parte del grupo de los autonomistas, pese a que estaba en la zona para intentar mediar.

El último intento para evitar el desastre lo hizo el propio Magarzo. Llegó con 48 efectivos a la zona y organizó una doble barrera entre los campesinos y autonomistas. Sin embargo, sólo tenían equipos antimotines, por lo que cuando se reinició el tiroteo, el comandante policial replegó a sus efectivos, para evitar que fueran baleados.

No impidieron la matanza, según los testimonios

Leopoldo Fernández

Reunió en su despacho a representantes de las FFAA, Policía, cívicos, Iglesia y parlamentarios. Sin embargo, permitió que maquinaria y funcionarios del gobierno departamental fueran utilizados para el enfrentamiento. No asistió a la zona para tratar de mediar antes de que se produzcan las muertes.

Gobierno Nacional

Pese a que desde La Paz lo niegan, tenían reportes policiales de lo que se estaba gestando en Pando. El ministro de la Presidencia estuvo en la zona días antes de la marcha. Los aliados políticos del Gobierno central participaron en la organización y financiamiento de la movilización campesina.

Policía

Pudo haber acordonado el lugar antes de que se produjera el primer muerto. Luego, cuando decidieron intervenir, sólo tenían equipos antimotines, porque fueron rebasados. Puestos de provincia habían avisado del paso de los movilizados, pero no se tomaron las previsiones para evitar la violencia.

Fuerzas Armadas

Las Fuerzas Armadas no intervinieron ni ante el pedido de Leopoldo Fernández y los parlamentarios pandinos ni ante el requerimiento de Silvio Magarzo. Tuvieron el suficiente tiempo para movilizar personal y evitar el tiroteo de Porvenir (que es donde muere más gente), pero hicieron caso omiso a las advertencias.

Comité Cívico

Ana Melena y Ricardo Shimokawa estuvieron en la zona de Porvenir desde la tarde del 10 de septiembre. Coordinaron el trabajo de la apertura de zanjas con los funcionarios del Servicio Prefectural de Caminos. Shimokawa negoció la retirada de los campesinos, antes del segundo enfrentamiento en Tres Barracas.

Opositores de Fernández

Se tiene datos, a través de testimonios de campesinos, que por lo menos dos opositores de Fernández participaron en la organización. Ellos son: Miguel Becerra, jefe de la agrupación MAR y el senador suplente Abraham Cuéllar, que fue mencionado como ‘líder de Poder Amazónico Social en Pando’.

 

El video es auténtico

Un periodista de la zona captó las imágenes de la huida de campesinos por el río Tahuamanu

Publicidad

El polémico video que muestra a un grupo de personas cruzando el río Tahuamanu y que se indicó, en su momento, que huían de la persecución de los cívicos pandinos para evitar ser matados, es auténtico.

Las imágenes fueron captadas por un periodista de la zona que también grabó otras escenas del conflicto entre campesinos y cívicos en Porvenir.

"Mi cámara estaba con la batería casi descargada y por eso no pude hacer más tomas del río; pero todo es auténtico y no como dijo alguien que los que cruzan son soldados o que no es el lugar", comentó el comunicador que habló con el equipo de prensa de este medio de comunicación.

image_thumb[10]

Punto. Las imágenes del video se tomaron desde este lugar y la foto de arriba se captó el pasado 22 de octubre. El autor asegura no haber ‘transado’ el material

EL DEBER también tuvo la posibilidad de ver el material fílmico original. Dura exactamente 50 segundos y el micrófono para el audio ambiente de la cámara capta trinos de aves del lugar (loritos), ruido de disparos a la distancia (tiro por tiro) y la voz de menores que comentan que los campesinos que cruzan el río están dejando sus armas en la orilla.

La persona que hizo las imágenes, que posteriormente fueron utilizadas por el Ministerio de la Presidencia para elaborar un spot que habla de una masacre de campesinos, aseguró no haber visto, en el momento de hacer la filmación en esa parte del río, el asesinato de alguien en el lugar, aunque reconoció que en horas posteriores vio cuando recuperaban el cuerpo de tres personas en esa área.

Las tomas fueron hechas desde unos 700 metros de distancia en un punto cercano a la plaza principal de Porvenir.

Ese día, el afluente era navegable y su profundidad variaba entre uno y tres metros, de acuerdo a testigos. Por eso, en las imágenes se ven canoas en una de sus orillas, con personas a bordo ya que se preparaban para ir a pescar.

"Después de todo lo que pasó hablé con uno de los pescadores que se ven en el video y le pregunté qué hizo ese momento, y me respondió que ante la situación, no le quedó otra que echarse en su embarcación", contó el periodista. Al autor del material del video no le llegó aún la convocatoria para que declare sobre su actuación el día de los sucesos de Porvenir, y principalmente para confirmar la veracidad de las imágenes que en su momento fueron cuestionadas.

"Yo hice las imágenes casi por casualidad porque, como dije, la batería de mi cámara estaba por agotarse y no pude cargarla porque ese día no había energía eléctrica en el pueblo. Alguien me llamó para filmar esas tomas porque yo me estaba retirando del lugar; por eso, no pude filmar mucho", puntualizó el comunicador.

El autor jamás imaginó que las tomas iban a ser el centro de la polémica por las implicancias que causaron al ser usadas para un spot del Gobierno, que a través del mismo acusan al ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, de haber ordenado la matanza.

¿Cómo llegó a parar a manos del Gobierno?

"Casi me da un infarto cuando ví mis imágenes usadas en una publicidad del Gobierno. No lo podía creer", dijo el autor del video, cuando se le consultó cómo fue a parar a manos del Poder Ejecutivo.

Según su relato, un día después del hecho, un conocido periodista de Cobija lo contactó para pedirle imágenes de los acontecimientos de Porvenir, porque quería tener documentación sobre el tema.

"Era una persona de mi absoluta confianza y no reparé en darle mis cassetes originales. Al día siguiente me los devolvió pero después me enteré que fue él quien dio una copia del video", apuntó.

¿Se vendió el material?, fue la consulta inmediata y respondió: "Él me dijo que iba a haber un dinero cuando lo abordé para reclamarle sobre lo que hizo, pero no le acepté nada porque sé que esto me puede traer problemas. Yo no comercialicé ese material y tampoco lo filmé con esa intención", añadió.

En su oportunidad, el ministro Quintana dijo que el video lo entregó un periodista pero no reveló su nombre.

 

Hubo fuego cruzado en el aeropuerto Aníbal Arab

Los militares llegaron disparando, pero le respondieron civiles que estaban afuera del aeroparque. Eso evitó brindar ayuda.

Caía la tarde del 12 de septiembre en Cobija y el pueblo seguía movilizado. Las tiendas alrededor de la plaza Germán Busch aún humeaban y los más jóvenes le exigían armas y acciones de hecho al prefecto Leopoldo Fernández, como la toma de la alcaldía, que está en manos del Movimiento Amazónico de Renovación. Fernández trataba de contenerlos, cuando llegó la noticia de que el Ejército, ayudado por maquinaria y personas del municipio, había retomado el aeropuerto.

Reacción. Gente de Cobija corre hacia el aeropuerto portando armas. El Ejército ya ha tomado la zona a fuerza de metralla

Al igual que el día anterior, grupos de personas armadas con salones y escopetas partieron hacia el Aníbal Arab, que había sido tomado por los cívicos el 5 de septiembre. Cuando llegaron, los militares ya se habían adueñado del lugar con grupos de conscriptos y soldados profesionales apostados alrededor de la puerta del aeroparque. Pronto se desató una discusión entre civiles y uniformados que el coronel Víctor Hugo Vacaflores no pudo controlar antes de que el Hércules que le traía refuerzos aterrizara.

Cuando el avión tocó tierra, los militares comenzaron a disparar. Los conscriptos crearon una cortina de fuego disparando al aire, mientras soldados profesionales, recostados sobre el pasto, a unos 50 metros de allí, disparaban sobre la gente y los periodistas que se habían congregado en la puerta del aeropuerto.

Detrás de ellos, en el estacionamiento del mismo, estaban los grupos armados y jóvenes de la llamada columna cívica de honor, que comenzaron a responder el fuego haciendo uso de escopetas, revólveres y salones.

Tras los primeros disparos y en no más de 30 segundos, cayeron los primeros heridos. Se trataba del pastor Luis Alberto Rivero, la periodista Claudia Méndez, el joven Paúl Arroyo y otro joven no identificado que recibió un disparo en el muslo. Rivero cayó de bruces, inmóvil; mientras que Méndez, con un disparo a la altura de la pantorrilla, y Arroyo con las dos piernas fracturadas, fueron retirados por los autonomistas.

Pronto, el grupo de cívicos cobijeños comenzó a responder el fuego y los conscriptos, que estaban en la primera línea militar, también sufrieron bajas. Ramiro Tañini Alvarado recibió un disparo en la espalda, que le perforó el pulmón y el corazón, matándolo en el acto. Otro joven fue herido en el brazo. Los militares aseguran que fueron heridos por balas calibre 22, aunque ningún forense independiente ha revisado el cuerpo. El que aún estaba vivo era Rivero. Hubo autonomistas que intentaban ayudarlo, pero no había movilidad para llevarlo hasta el hospital. Ante los gritos de Vacaflores, subieron a Rivero a un jeep Toyota de color rojo que era manejado por un militar. Cuando el vehículo iba hacia el hospital fue tiroteado y obligado a regresar hasta el aeropuerto.

Según una autopsia, el pastor sobrevivió entre 10 y 12 horas al tiroteo. Entre seis y ocho horas después de recibir el primer impacto, en la región pélvica, recibió otro más. A ese disparo sobrevivió al menos cuatro horas más. Los impactos fueron tapados con pegamento.

Víctimas

Martha Shiguekuni

Mi hijo no merecía esa muerte

“Mi hijo no se merecía esa muerte. Él sólo fue al aeropuerto a pacificar a la gente que estaba enfrentada. Era muy bueno. Si alguien estaba enfermo, buscaba remedios para ayudarlo. Yo soy evangélica. Todo lo dejo en manos del Señor, Él sabrá hacer justicia y nos dará fuerza para seguir adelante”, dijo la madre del pastor Luis Alberto Rivero.

Claudia Méndez

Casi muero en el aeropuerto

“Fuimos al aeropuerto (Aníbal Arab) porque supuestamente tenía que llegar una comisión de Derechos Humanos, pero cuando llegamos empezó el tiroteo de parte de los militares. De un momento a otro sentí un dolor en mi pierna y me caía; cuando estaba en el suelo un nuevo disparo impactó cerca de mi cabeza”, contó Claudia Méndez, que es gerente propietaria de PAT.

Una Normal instalada para migrantes

En los enfrentamientos del 11 de septiembre en Porvenir fallecieron tres estudiantes normalistas que se encontraban en Filadelfia. Según lo que declaró el fiscal de distrito de Pando, Eloy Azpetti, los jóvenes paceños se encontraban apoyando la movilización de los campesinos porque así lo decidió una reunión de normalistas realizada dos días antes de los hechos.

Allí, los ejecutivos definieron plegarse a la protesta y multar con Bs 100 a los que no lo hicieran.

La Normal, creada este año en la población de Puerto Rico, se ganó la antipatía de la población desde el primer momento. Según informan los desplazados de Brasileia, jóvenes pandinos solicitaron su ingreso a la Normal, pero al final los cupos fueron cubiertos por personas llegadas desde La Paz, Oruro y Cochabamba. Esto generó problemas entre los pobladores y los normalistas, hasta forzar el traslado de los estudiantes hasta Filadelfia.

Los pandinos veían con desconfianza la instalación de un centro educativo exclusivo para estudiantes del interior del país. De los tres normalistas muertos, Peter López, Wilson Castillo Quispe y Johnny Cori Sarzuri, al menos uno fue torturado antes de ser victimado. El 13 de septiembre fueron trasladados a La Paz y un día más tarde, sepultados por sus familiares.

 

Familiares de las víctimas en vilo

La pérdida de seres queridos dejó secuelas que no se borran fácilmente. La pena es latente

En la mente de los familiares de las víctimas del 11 de septiembre de Pando sigue el recuerdo de sus seres queridos. Las historias que cuentan son dramáticas, pero también pintadas de pasajes de convivencia armónica con quienes en vida fueron parte trascendental de sus existencias.

“Le pido por favor que les diga a sus colegas que ya no pasen más esas imágenes donde se ve a mi esposo moribundo; estamos traumados porque, lamentablemente, no sólo lo mataron antes sino que lo siguen haciendo cuando ya no está físicamente”.

La declaración corresponde a la esposa del pastor evangélico Luis Antonio Ribero, que falleció por impactos de bala el 12 de septiembre en el aeropuerto de Cobija, cuando los militares recuperaron el control de la terminal y se dictó el estado de sitio en la región.

image_thumb[11]

Recuerdo. El pastor Jimmy Ibáñez frente a la tumba de Ribero, en el cementerio de Guayaramerín. “Trataron de buscar réditos políticos con su muerte”, dijo

Marisol, como se llama la señora, no puede contener las lágrimas al recordar a su cónyuge y pide respetuosamente no exigirle una entrevista, porque no soporta rememorar lo que le sucedió a Luis.

Vive en Guayaramerín, donde forjó su familia con el malogrado pastor. Sus dos hijos, en edad adolescente, tampoco pueden sobreponerse totalmente al drama y buscan cobijo en las oraciones y el respaldo de sus hermanos en Cristo.

“Todo se lo hemos dejado en manos de Dios. Luis adelantó su vida a la presencia del Señor, porque todos pertenecemos a Él. Sabemos que se pueden hacer gestiones si se tratara de sacar plata pero no lo haremos (…) si su muerte sirve para mostrar que el país busca la paz, bien por su deceso, pero no queremos pleitos”, señaló por su parte Romanet, una de las hermanas del malogrado pastor.

Entretanto, en Porvenir, también hay familias con dramas similares.

La esposa de Pedro Oshiro, el funcionario prefectural, tuvo que dejar su hogar y trasladarse con sus cuatro hijos a la casa de una de las hermanas del difunto por cuestiones de seguridad y consuelo a su pena.

“‘Pipi’ (el apodo de Pedro) era el pilar para nuestra familia. Mi hijo mayor vio cómo quedó después que lo mataron y está traumatizado; debo lidiar con los compromisos para mantener a mis hijos y también evitar que sigan sufriendo por lo que le pasó a su padre”, comentó la señora.

Por su parte, parientes de Alfredo Céspedes Rojas, también en Porvenir, comentan que el hombre era primo del ex alcalde del lugar, que hoy está refugiado en Brasileia, y que llegó al lugar desde Trinidad para buscar mejores días.

“El último trabajo que estaba haciendo era la cerca de la Iglesia. Durante el tiempo que vivió aquí no se metió en problemas, ni era busca pleitos”, señaló un vecino.

La situación de la familia Racua Montero no es diferente. Bernardino Racua, en su condición de dirigente de la subcentral de Conquista, fue uno de los que estuvo en la refriega en Porvenir, donde cayó abatido. Su esposa, Norah Montero, buscó ayuda en el Gobierno, y la mantiene protegida en La Paz.

Historias de cuatro de los muertos

Luis A. Ribero S.

El pastor

Vivía en Cobija hace tres años, atendiendo a la congregación de la iglesia Asambleas de Dios, pero iba frecuentemente a su natal Guayaramerín, donde estaba su familia. Tres días antes de su muerte, su cónyuge estuvo con él en la capital pandina.

Según allegados, Ribero fue circunstancialmente al aeropuerto, porque necesitaba recoger un sobre. Al ver la llegada de militares y el rechazo de los cívicos a éstos, trató de apaciguarlos pero sólo encontró la muerte.

Alfredo Céspedes R.

El trinitario

Oriundo de Trinidad (Beni). Llegó a Porvenir hace un año; cuñado de Evin Ventura, ex alcalde de esta localidad, que le prestaba colaboración para que pueda encontrar trabajo en la zona. Era un ‘obrero múltiple’, comentan quienes lo conocieron en vida, y siempre servicial. El día de su muerte fue tomado como rehén por los campesinos y falleció cuando trató de escapar. Formaba parte del grupo de autonomistas que trató de convencer a los labriegos a que desistan de marchar a Cobija.

Pedro Oshiro

El ingeniero

Formado en Ingeniería Forestal, trabajaba en la Prefectura de Pando. Era descendiente de japoneses y oriundo de Porvenir, donde era muy conocido y apreciado. Antes de ser funcionario público se ganaba la vida como taxista de la línea que hace la ruta Cobija-Porvenir. El día del conflicto estaba en el grupo de cívicos que buscaba convencer a los campesinos que iban de Riberalta y Puerto Rico a sus destinos. Un proyectil de arma de fuego en la quijada le segó la vida.

Bernardino Racua

El dirigente

Fue una de las 16 personas que murieron del lado de los campesinos en Porvenir. Era dirigente de la subcentral de Conquista y uno de los más activos en su puesto, según señalan quienes lo conocieron. Dirigió al grupo desde Puerto Rico junto a su esposa, Norah Montero, ya que no había quién los comande.

El Gobierno central lo emparentó con el héroe indígena Bruno Racua, de destacada labor en la batalla de Bahía de la Guerra del Acre, lo cual no es cierto.

 

Desplazados buscan trabajo

A casi dos meses de haber decidido dejar Cobija, muchos han retornado por razones económicas

No es posible vivir sólo de los tres alimentos que te dan con gran amabilidad cada día, es necesario tener un ingreso económico que permita dar bienestar a los tuyos”.

La expresión corresponde a uno de los 714 desplazados que se encuentran en ciudades brasileñas desde el pasado 15 de septiembre, cuando comenzaron a llegar ante la eventualidad de ser detenidos bajo la acusación de haber participado en los sucesos del 11 de ese mes en Porvenir.

image_thumb[12]

Cobijo. Un coliseo en Brasileia es la vivienda para casi un centenar de personas, varios con familias completas. La mayoría son ex funcionarios de la Prefectura

El grupo más numeroso se concentra en un recinto deportivo de Brasileia distribuyendo su tiempo en las actividades diarias para estar lo más cómodo posible, cuidar a sus hijos y seguir los trámites de asilo político que ha iniciado alrededor de cien de ellos.

Otros, los más, tomando en cuenta que al principio los refugiados sumaban casi mil, han optado por retornar a Cobija o dirigirse a otras ciudades del interior del país. Así, EL DEBER se encontró con varios de ellos en su paso por localidades entre Riberalta y la capital pandina. Cada uno contando su propia historia pero coincidiendo en que su vuelta es porque precisan dinero para mantener a su familia.

Por eso se desplazan con precaución ya que varios han sido nombrados por el Gobierno central de haber participado en los hechos de Porvenir, o estar relacionados con la llamada estructura de poder y corrupción del ex prefecto Leopoldo Fernández.

En Brasil tienen la garantía de no ser molestados ni perseguidos, función que es cumplida por la Policía Federal. También se les da alimentación y un lugar para dormir.

Al otro lado de la frontera, los militares bolivianos controlan su movimiento pero sin vulnerar las leyes brasileñas. El jueves 16 de octubre, las fuerzas del orden del vecino país, interceptaron un equipo de prensa de un canal de televisión de Bolivia que había filmado de manera subrepticia todo el trayecto desde nuestro país hasta el punto donde están los desplazados. Ese incidente hizo que a partir de entonces, todos los periodistas que quieran hablar con ellos deben recabar un permiso especial.

Magda Kerdy Aguilera

«Mi madre está en Brasil»

Subprefecta de Porvenir / Capital provincia Nicolas Suárez

-Tenemos entendido que fue designada atendiendo el pedido de algunos sectores sociales ¿Sucedió así?

-Sí, y me sorprendí cuando me encontré con la noticia de que debía venir para la posesión; fueron 25 organizaciones sociales las que deteminaron ello pues yo estaba con la labor social en favor de los más necesitados desde hace años, por eso alguien sugirió mi nombre y el prefecto Bandeira lo aceptó.

-¿Es cierto que tiene familiares que están en condición de desplazados en Brasileia?

-Sí, es cierto, pero es necesario aclarar que desde 2005 delineé mi línea política la cual no fue compartida por mi familia.

Sí, tengo familiares desplazados en Brasil, incluso mi señora madre a la que respeto mucho, y también un hermano que participó en los hechos del 11 de septiembre, porque era responsable de la maestranza del Servicio Prefectural de Caminos.

Ellos huyeron y bueno, cada uno se va porque seguramente tiene algo que ver.

-¿Cree que hay garantías para que ellos retornen?

-Eso es lo que han informado las autoridades correspondientes y quien nada tiene no hay porqué tenga que esconderse o escapar. Entiendo que hay una investigación y a partir de allí se determinará qué pasará con los que están acusados de las muertes.

-¿Mantiene comunicación con alguno de ellos?

-Con mi madre. He hablado y le he dicho que no tiene de qué preocuparse. Aquí no hay persecución política como dicen por ahí, sino que se investiga a los que mataron a personas el pasado 11 de septiembre.

-¿Qué proyectos tiene para su región?

-Estamos en ello, porque se están haciendo los trabajos de coordinación con la nueva administración prefectural que está escuchando nuestras propuestas. Sin embargo, le puedo adelantar que lo que precisamos es salud, vinculación caminera, mejoramiento vial, proyectos de apoyo al campesino.

-¿Cree que se quedará en el cargo por mucho tiempo?

-Eso sólo lo sabe Dios, yo sólo me aboco a trabajar y brindar lo mejor de mí para que la población tenga beneficios para su bienestar, lo otro, no sé.

 

Persiguen sólo a los opositores

Todos los detenidos son del lado de los cívicos. Los tienen en Viacha en calidad de confinados

La detención de personas en Pando supuestamente autores de los hechos del 11 de septiembre, involucra sólo a quienes forman parte del lado de los cívicos o son afines al prefecto Leopoldo Fernández.

Hasta el jueves pasado, las fuerzas del orden habían arrestado en Cobija y localidades adyacentes a más de una veintena de ciudadanos, que fueron llevados hasta una unidad militar de Viacha (La Paz) en calidad de confinados, por vulnerar el estado de sitio, según señalaron en el Ministerio de Justicia.

Fuentes de la misma repartición reconocieron que la mayoría de los aprehendidos serán demandados por la matanza de Porvenir, y por ello el Gobierno alista los fundamentos legales y las pruebas para respaldar la querella cuando llegue el momento.

image_thumb[13]

Sindicados. Parte de los confinados que están en un recinto militar paceño. Sólo se los ha mostrado para probar que están bien, pero les prohíben declarar

En contrapartida, no hay acciones similares contra los presuntos autores de la muerte de Pedro Oshiro y de Alfredo Céspedes, que pertenecían a las filas de los cívicos pandinos. A los días de los hechos luctuosos de Porvenir, el Ministerio Público mencionó que, entre otros, se tenía previsto acusar como autores intelectuales de la matanza, además de Fernández, al ex alcalde de Cobija Miguel ‘Chiquitín’ Becerra y al senador suplente Abraham Cuéllar, lo cual quedó en suspenso.

El abogado del prefecto Leopoldo Fernández, Aurelio Valenzuela, denunció que, para este caso, el Ejecutivo socapa y protege a quienes responden a su línea política, pese a que hay indicios de que participaron en los hechos.

Según el fiscal general de la República, Álvaro Uribe, las investigaciones que se llevan adelante determinarán a quiénes se convocará para que declaren sobre el asunto, por lo que “no se puede decir que uno u otro han quedado al margen de una probable acusación formal”.

En Cobija, los militantes y dirigentes cívicos y ex funcionarios prefecturales han optado por declararse en la clandestinidad o estar en calidad de desplazados en Brasil, ya que temen ser detenidos.

Una comisión de fiscales atiende el caso y tiene órdenes de aprehensión contra varias personas, confirmaron en la entidad pública judicial.

Ante la situación, en la capital pandina, en Porvenir y localidades que están a lo largo de la ruta Cobija-Riberalta, e incluso en esta última, la población se mantiene expectante ante la presencia de extraños, ya que la mayoría de las detenciones la han realizado personal vestido de civil.

Todo se coordina desde la ciudad de La Paz.

Para resaltar

Los confinados

Felipe Bigabriel., José Salinas, Ademar Herrera, Juan Mejido Ruiz, Oswaldo Valdivia, Néstor Dasilva, Hugo Apaza S., Jean Franco Egües, Gabriel Delgadillo Arias, Óscar Franco Tuno, Agapito Vira Cuéllar, Willan Mozuco Rodríguez, Felsin Fernández Medina, Dilson Achipa Cuéllar, Marcelo Mejido, Homer Polanco, Máximo Ayllón, Melitón Brito, Abel Janco, Rosendo Domínguez, Gerardo Aliaga P., José Herrera, Marcelo Noza, Almy Pino, José Coelho y Leopoldo Fernández.

Caso especial

La policía Mirtha Sosa también fue detenida, pero no se encuentra con los confinados, pues su institución le ha abierto un proceso disciplinario.

Complicado

El prefecto Leopoldo Fernández está detenido en el penal de San Pedro de La Paz. Está confinado por vulnerar el estado de sitio, y acusado penalmente por los delitos de genocidio y terrorismo.

Seguimiento

Las investigaciones en Pando también apuntan a polícias, jueces, fiscales y militares, tanto en materia penal como en lo administrativo.

Comando conjunto manda en la urbe

Cobija es una ciudad militarizada. Un comando conjunto de las Fuerzas Armadas se encarga de controlar las actividades de la comunidad y mucho más después de la medianoche, cuando está prohibido el tránsito de personas en grupo y las manifestaciones masivas, por el estado de sitio.

El comandante de la unidad militar es un oficial de alto rango del Ejército, que tiene experiencia en incursiones militares de alto riesgo, porque ha participado en diversas misiones de los cascos azules de las NNUU.

Las medidas de excepción han trastocado la vida de los pandinos, por lo que han debido adecuar su ritmo de vida a las limitaciones que se les exige. Así, por ejemplo, acontecimientos como un matrimonio o una reunión familiar para conmemorar el cumpleaños de algun miembro, se realizan desde el mediodía y terminan, indefectiblemente, antes de las 23:00.

Las noches faranduleras están, por ahora, postergadas.