Los tres pilares de la autocracia

Los Tiempos

Editorial



Es tan eficiente la articulación entre abogados, comunicadores y turbamulta, que el MAS logra despejar, uno tras otro, cuanto obstáculo se le presenta en el camino hacia el control del poder total

Tal como viene ocurriendo desde hace ya tiempo en nuestro país, durante los últimos días hemos sido nuevamente testigos de la extraordinaria habilidad con que el Movimiento al Socialismo avanza en pos de sus objetivos.

La más reciente muestra es la bien orquestada ofensiva contra el Poder Judicial, cuya destrucción es a todas luces la próxima meta de ese partido. Como los hechos lo prueban, la detención del prefecto de Pando Leopoldo Fernández al amparo del Estado de sitio, primero, y su irregular enjuiciamiento, después, fue el pretexto ideal para provocar un conflicto de poderes que se desarrolla en tres frentes: los estrados judiciales, los medios de comunicación y las calles.

El primero está a cargo del batallón de abogados oficialistas que a diario confirman que Evo Morales no exageró cuando les dijo cuál era, desde su punto de vista, su rol en la sociedad: “legalizar lo ilegal”. Obedientes a la voz de mando, muestran “para qué han estudiado” y diligentemente cumplen su función de abolir de facto todas las leyes de modo que sólo rija la ley de la selva.

En el segundo frente, el de los medios de comunicación, la batalla se libra a través de una intensa campaña propagandística cuyo fin es, mediante la difamación, la calumnia y la tergiversación, predisponer a la opinión pública para que sus desmanes pasen por actos justicieros. Tarea así de sucia está a cargo de profesionales que, como los abogados del batallón legal, se esmeran en dar permanente exhibición de su desprecio por los valores éticos que debieran regir su labor.

Pero el más importante de los tres frentes es el que tiene como escenario las calles, y está a cargo de los “movimientos sociales” que a modo de ensayar lo que a partir de enero, si se aprueba el proyecto de Constitución del MAS, será una especie de cuarto poder del Estado bajo el rótulo de “Acción Popular”, tienen la misión de imponer, por la fuerza, la autocrática voluntad gubernamental.

El cerco organizado a la cárcel de San Pedro para respaldar la decisión de desoír el mandato de la ley en el caso Fernández y la amenaza de acciones similares contra la Corte Suprema de Justicia son elocuentes ejemplos, al igual que las sistemáticas y cada vez más violentas agresiones contra periodistas, de lo que el gobierno se propone constitucionalizar.

Es tan eficiente esa articulación entre abogados, comunicadores y turbamulta, que el MAS logra despejar, uno tras otro, cuanto obstáculo se le presenta en el camino hacia el control del poder total.