Matanza de Pando tuvo su raíz en pugna por tierras

Investigación. La tensión entre autonomistas y masistas comenzó a gestarse el 2 de agosto con la entrega de títulos de propiedad agraria a campesinos afines al Gobierno.

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Victimas. Los hechos de Pando ocasionaron la muerte de 20 personas, 18 en Porvenir y dos en el aeropuerto.

El Deber

La matanza del 11 de septiembre en Porvenir sucedió por una cadena de situaciones bien tejidas cuyo desenlace lo previó más de uno, que suponía que si el enfrentamiento se daba en Cobija, las víctimas fatales iban a ser muchas más.

Una indagación periodística de EL DEBER pudo constatar que las 18 muertes en esa lejana región se debieron al resultado de disputas políticas, enfrentamientos ideológicos y hasta la generación de rumores malintencionados que atizaron el ánimo de las partes en conflicto.

Todo se puede rastrear hasta el 2 de agosto del presente año. Ese día, Pando fue declarado territorio saneado por parte del Instituto de Reforma Agraria (INRA). El Gobierno entregó 148 títulos ejecutoriales de propiedad agraria a 869 familias de comunidades campesinas, a zafreros de la castaña. También tituló escuelas municipales, empresas pequeñas, medianas y grandes y concesiones forestales. Con ello, concentró el 73% de la tierras dotadas en la región como propiedad colectiva o de campesinos afines. Este hito rompió con la tradicional distribución en la que los propietarios individuales tenían el 95% de la tierra en esta región, según datos oficiales.

La medida fue vista como una provocación a la inversión privada en la Amazonia boliviana y la respuesta no se hizo esperar. Un mes después, campesinos afines al prefecto, Leopoldo Fernández, apoyados por cívicos y funcionarios prefecturales, con el respaldo económico de empresarios e industriales de la madera y la castaña, tomaron el INRA con el argumento de presionar por la devolución de los recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos y el reconocimiento a las autonomías.

El movimiento cívico estaba en su punto alto porque el 10 de agosto Fernández había salido victorioso del referéndum revocatorio, pese a la agresiva y millonaria campaña en su contra que el Gobierno desplegó a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Ante ello, la contraofensiva gubernamental se activó y recurrió a todo su potencial. Se gestó la realización de un cerco a Cobija, a través de los sectores sociales que le son afines, con los campesinos castañeros al frente y el respaldo de las alcaldías controladas por el MAS y el Movimiento Amazónico de Renovación (MAR), que tiene como jefe al ex alcalde cobijeño y ex colaborador de Fernández, Miguel ‘Chiquitín’ Becerra, según testimonios.

De forma paralela, las fuerzas prefecturales y cívicas, envalentonadas con la victoria de su líder, iniciaron el plan de exclusión de sus adversarios políticos.

Brigadas conformadas por jóvenes, comandadas por Ricardo Shimokawa, vicepresidente del Comité Cívico de Pando, se dieron a la tarea de controlar el ingreso de sus adversarios políticos en la capital del departamento, evitando su llegada a través del aeropuerto o por tierra desde el interior de la región y el país.

Además, posesionan a filiales cívicas denominadas ‘Columna Porvenir’ en todas las localidades a lo largo de la ruta Cobija-Riberalta.

Esto se complementó con la asfixia del comercio local, controlado básicamente por migrantes andinos, lograda con el bloqueo de los puentes internacionales, para impedir que brasileños llegaran a Cobija a realizar sus compras.

Con todo ello, el enfrentamiento se hacía cada día más evidente.

Según fuentes oficiales, durante este tiempo, la Policía y las Fuerzas Armadas, al mando de Quintana, hicieron una evaluación de la situación en Pando y consideraron que era factible tomar el control de Cobija, en caso de una situación de extrema emergencia. El problema era encontrar un pretexto. La toma, de acuerdo con fuentes consultadas y relacionadas con el plan, se debatía en hacerla a través de una marcha campesina o luego de una acción más extrema de las fuerzas de oposición, como la destrucción de las instituciones tomadas, entre ellas el INRA.

Mientras se tomaba la definición, la Prefectura barajaba el nombre del nuevo director del INRA, para ponerlo bajo el mando del prefecto Fernández con el fin de realizar una nueva titulación agraria.

Esa decisión agilizó la movilización de campesinos y se instruyó a dos operadores de Riberalta, Iver Maguayo y Javier Peñaranda, llevar la mayor cantidad de zafreros de la castaña a Pando, para retomar las entidades ocupadas por los cívicos.

Con ese discurso, y resaltando que estaba en riesgo la titulación de las tierras para los zafreros, se convenció a éstos para marchar, aunque la dirigencia, incluidos los dos nombrados, sabían sobre la alta probabilidad de un enfrentamiento fratricida. De las 380 personas reclutadas, la mayoría no sabía a qué iba. Había un grupo de unas 50 personas que sí llevó armas y que conocía que los estarían esperando. El 10 de septiembre, en Puerto Rico, los dirigentes informaron sobre el motivo real del viaje. Algunos decidieron desertar y tuvieron que devolver los víveres y viáticos otorgados.

Mientras tanto, en Cobija, con el respaldo informativo de los cívicos riberalteños, se hizo correr el rumor de que los campesinos iban a ‘tumbar’ a Fernández y provocar caos, porque estaban armados.

La Prefectura de Pando apeló al sentimiento autonomista, al sentido de supervivencia y a la protección de sus bienes para que sus partidarios hagan conciencia de que en caso necesario, había que recurrir a la defensa armada. Este trabajo fue realizado por el Servicio Prefectural de Caminos, definido por los propios pandinos como la Unión Juvenil de Cobija.

Enterados de los preparativos, en Filadelfia, algo así como el San Julián de Pando, y donde se iba a llevar a cabo el ampliado para iniciar el ‘cerco’ a Cobija, se prepararon de forma similar para auxiliar a sus compañeros, que venían desde Riberalta.

La Policía trató de cumplir su rol, aunque tarde, en tanto que los militares sólo actuaron cuando se dictó el estado de sitio para derrocar al prefecto. El Gobierno ya había encontrado su pretexto, tras la muerte de 18 personas.

  Testimonios  

Doña L. (campesina)

Dijeron que era un ampliado

La señora L. (guardamos su identidad por razones de seguridad) comentó que a ella y a su marido la convocaron para ir a un ampliado donde se iba a evaluar la situación de la toma del INRA en Cobija. Sin embargo, a medio camino, entre Puerto Rico y Porvenir, la dirigencia les señaló que iban directo a una marcha a la capital pandina. "Cambiaron de idea y ya estábamos embarcados. Nos asustamos, pero no podíamos regresar. Cuando hubo la balacera no sabíamos qué hacer y nos arrepentimos de haber ido".

P. M. (ex funcionario)

La orden era no dejar pasar

Este ex funcionario de la oficina de Caminos de la Prefectura se animó a hablar sobre si los funcionarios de esa repartición estaban armados para evitar el paso de los campesinos en Porvenir. "Sí, varios fuimos con armas de fuego, para defendernos y porque la orden era no dejar pasar a ningún campesino, porque si llegaban a Cobija iba a ser peor", respondió.

Aclaró que la instructiva fue de los que estaban al frente del Sepcam y no sabe si lo sabía el prefecto.

W.T. (dirigente comunal)

Las cabezas sabían a qué iban

Un dirigente comunal, de una localidad entre Riberalta y Cobija, señaló que la marcha campesina fue organizada y manejada por la dirigencia de ese sector y que los dirigentes comunales no tuvieron nada que ver con el asunto. "Desde días antes del 11, el comentario general era que se iba a ir a un enfrentamiento. Por aquí pasaban los de la Prefectura y también hablaban de que no iban a permitir ningún avasallamiento. Las cabezas de ambos bandos sabían que iba a darse lo que pasó".