Pugna de poderes llega a las amenazas

Confrontación | El presidente de la Corte Suprema de Justicia advirtió ayer con acciones a las autoridades de gobierno si no prueban sus denuncias. El Vicepresidente volvió a referirse al Poder Judicial como un sistema corrupto

image

Un grupo de ciudadanos firman una carta de apoyo al ministro de la Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista, en puertas del templo de Recoleta, ayer. | Hernan Andia



Se acentúa el conflicto entre el Ejecutivo y Judicial por amenazas

Los Tiempos

Red Líder y Agencias. El nuevo conflicto suscitado entre los poderes Ejecutivo y Judicial, a raíz de la resoluciones judiciales dictadas para el traslado a Sucre del prefecto de Pando, Leopoldo Fernández, se acentuó ayer por amenazas mutuas de enjuiciamiento.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eddy Walter Fernández, advirtió ayer de que todas las denuncias en su contra y los miembros del Poder Judicial, vertidas desde el Ejecutivo, deben ser comprobadas de lo contrario amenazó con instaurar un juicio por calumnias y denuncia falsa contra quienes hicieron esas declaraciones.

Pese a este advertido, en La Paz, el vicepresidente Álvaro García Linera volvió referirse al Poder Judicial como un sistema mayoritariamente corrupto y reiteró que el Gobierno mantiene firme su posición de profundizar el cambio, porque es lo último que queda de las chicanas, la componenda, los acuerdos y las transacciones políticas del viejo Estado.

El presidente de la Suprema, Fernández dijo que todos los involucrados (lo otros magistrados enjuiciados) «estaremos asumiendo nuestra defensa, pero también queremos advertir que si no se prueban las acusaciones contra los integrantes de un poder del Estado ahí fenece la acción recriminatoria porque configura, un delito la acusación y denuncia falsa».

La semana pasada, los miembros de la Comisión de Constitución en la Cámara Baja autorizaron al Comité del Ministerio Público y Policía Judicial de esta misma Cámara iniciar la investigación por tres denuncias que involucran al fiscal general de República, Mario Uribe, y a los 11 magistrados de la Corte Suprema: Eddy Fernández, Rosario Canedo, Emilse Ardaya, Teófilo Tarquino, Ángel Irusta, José Luis Baptista, Héctor Sandoval, Beatriz Sandoval, Jaime Ampuero, Hugo Roberto Suárez y Julio Ortiz.

Las demandas son por prevaricato, uso indebido de influencias, resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes, incumplimiento de deberes y retardación de justicia porque supuestamente intentaron favorecer en la liberación del ex prefecto pandino Leopoldo Fernández, quien permanece detenido en el penal de San Pedro.

Fernández afirmó que «no se trata de acusar por acusar a quienes administran justicia se tienen que tener todas las pruebas (al Gobierno) que demuestren cierto grado de culpabilidad».

Los integrantes del Poder Judicial involucrados en los posibles juicios rechazaron la intromisión política en sus labores y manifestaron su disposición de asumir defensa, pero ante tribunales competentes y reiteraron que quienes no prueban sus acusaciones serán también pasibles a un proceso.

«Cacería de jueces»

El senador de Poder Democrático y Social, Tito Hoz de Vila, advirtió ayer que una vez más el Gobierno está en «cacería de jueces», de los miembros de la Corte Suprema de Justicia para terminar de desintegrar el Poder Judicial, siguiendo las mismas acciones que utilizó para descabezar el Tribunal Constitucional.

Hoz de Vila, dijo que al igual que en esa oportunidad, al Gobierno no le importa atropellar y vulnerar las garantías fundamentales y esta empeñado en descabezar con «juicios políticos» el Poder Judicial.

«Estamos viviendo con el filo de la navaja, hemos pasado de la democracia a la autocracia», advirtió.

El pasado año, el Tribunal Constitucional se quedó casi sin tribunos (sólo con una) como resultado de una fuerte confrontación entre el Gobierno y el Tribunal Constitucional, en medio de la cual el Ejecutivo planteó un juicio de responsabilidades a tres de los miembros de ese órgano judicial por haber desconocido un decreto del Ejecutivo. Desde entonces, el Tribunal Constitucional únicamente está atendiendo trámites administrativos.

Para el senador Hoz de Vila lo que está pasando ahora con la Corte Suprema de Justicia y la intención del Gobierno de procesarlos a todos sus miembros, porque «no le gustaron sus fallos» debe preocupar. «Vamos a denunciar ante organismos internacionales: la ONU, la OEA, la Unión Europa y el Tribunal Internacional de Justicia, vamos a enviar las pruebas de este intento por descabezar al Poder Judicial», anunció el Senador.

Apoyan a Baptista

Ante la «arremetida» del Gobierno contra el ministro de la Corte Suprema de Justicia José Luis Baptista, por supuestamente haber favorecido con una resolución al prefecto pandino, Leopoldo Fernández, recluido en el penal de San Pedro, vecinos y amigos de la autoridad judicial en Cochabamba decidieron manifestarle su apoyo a través de una carta.

Uno a uno, muchas personas llegaron ayer hasta puertas del templo de la Recoleta para firmar la carta de apoyo y rechazar las acciones del gobierno, sin temor, como expresó Amalia Ramírez, una de las personas que impulso la iniciativa, a ser cuestionados e incluso también acusados por las autoridades gubernamentales de «proteger ilegalidades».

«Asistimos a una situación límite, la arremetida gubernamental contra el Poder Judicial y el ataque centrado directamente en contra de José Luis Baptista, con la acusación absurda de «uso indebido de influencias… Lo conocemos en su vida austera, en la sobriedad y gracia de sus comentarios. Lo apreciamos como amigo y es un agrado, los hemos dicho muchas veces, y estamos con él», señala la misiva en una parte.

Agrega más adelante: «Sería una cobardía imperdonable con consecuencias de complicidad y silenciosa aprobación de la implantación de una tiranía, que ya no respeta nada y a nadie. Hoy le toca a José Luis; mañana ¿a quien? Dice el adagio latino que está escrito en el pórtico del cementerio de Sucre: «Hodie miqui, cras tibi» (hoy a mi, mañana a ti)».