Suspensión del Estado de sitio en Cobija no modificó casi nada

Refugiados en Brasilea no confían en el Gobierno.

23 procesados, ninguno de ellos está preso por matar a Pedro Oshiro.

Funciona comando de seguridad en Pando.



image Mientras los afines al Gobierno, y que viven en la periferia de Cobija, celebraban el final del estado de sitio, las discotecas y bares del centro permanecieron cerrados.*

 

El comercio, principal actividad económica, se redujo casi a cero en las relaciones con el vecino Brasil. Hay profusión de ofertas de casas, inmuebles que bajaron a mitad de precio.

Cobija/OPINIÓN, Freddy Morales

La suspensión del Estado de sitio, a la medianoche de este domingo, fue saludada con algunas explosiones de cohetillos, expresión atribuida por el Prefecto militar, designado por el Gobierno, a la acción de unos jovenzuelos pasados de copas. Y nada más. Cobija, la capital de Pando, vive una profunda crisis económica y, también, profunda sensación de miedo.

Aquí todos temen. Los que son apoyados y apoyan al Gobierno, viven temerosos por la posibilidad de una supuesta revancha de quienes ahora son perseguidos, o se sienten perseguidos por haber apoyado al prefecto Leopoldo Fernández, ratificado en el cargo en el referendo del 10 de agosto, detenido y encarcelado en la ciudad de La Paz por el Gobierno nacional, en coordinación con fiscales y algunos jueces.

Las amenazas van y vienen por mensajes de celular especialmente “mensajes de texto”, pero también mensajes de voz y panfletos. Entre los seguidores del Gobierno se recibieron en dos meses de Estado de sitio, cientos de mensajes con casi idéntica leyenda: “una vez se suspenda el Estado de sitio vas a aparecer, en una esquina, con la boca llena de hormigas”.

En las primeras de horas de suspendida la medida de excepción que llenó de policías y militares esta pequeña ciudad fronteriza, de no más de 40.000 habitantes, ninguna amenaza ha sido cumplida y todos confían en que ninguna se cumpla.

Quiénes apoyaron o aún apoyan al Prefecto destituido y encarcelado bajo sospecha de ser el principal autor intelectual de la masacre del 11 de septiembre, tienen el temor de que el Gobierno los tome presos, los lleve a la ciudad de La Paz y les abra proceso. O que aquí mismo alguien tome venganza por la llamada “masacre de Porvenir”, cuyo número de víctimas, dos meses después, es aún un misterio.

Ni el Prefecto, militar como es, se atreve a tocar el tema. Lo deriva a lo que informen “las comisiones” (unas de diputados del Gobierno y otra de la Unión de Naciones Suramericanas -Unasur- también favorable al Gobierno).

Quiénes no están en ninguno de los bandos que se atribuyen mutuas amenazas temen enfrentamientos que pudieran alcanzarlos con violencia. O los efectos de esos enfrentamientos: crisis económica.

Cae la economía

Desde que se impuso el Estado de sitio, a mediados de septiembre, para evitar la violencia de que eran objeto los afines al Gobierno, cayó la economía de Cobija. En la frontera con Brasil, en algunos casos a sólo metros del centro de Cobija, el Gobierno boliviano impone restricciones al paso de personas.

Por primera vez se instalaron computadoras portátiles en manos de policías bolivianos, pero no es un avance administrativo. Así es más fácil ubicar a los “buscados” por el Gobierno. Se pide documento de identidad y los policías bolivianos destacan por su torpeza y mal trato. Está claro, quieren infundir temor y no importa si se trata de periodistas. Les han ordenado ser torpes, infundir temor y por lo menos lo intentan.

Ese control y torpeza, sumado al Estado de sitio y los rumores que circulan en el lado brasileño (Brasilea y Epitozelandia son las ciudades más grandes del Brasil, pegadas a Cobija), tienen efecto en los brasileños que en un número de unos 15.000, cruzaban cada semana al lado boliviano a adquirir productos, a hacer comercio.

Con buena parte de la población perseguida (o por lo menos así se siente) y el resto temerosa, lo mejor es irse. Abundan los anuncios de venta de casa. Hernán, un chofer de taxi que vino a hacer su servicio militar de La Paz y aquí afincó su hogar con esposa e hija cobijeñas, la situación es desesperante.

Ya no tiene sentido manejar el taxi, sólo se gasta gasolina, no hay clientes. Una pequeña tienda de abarrotes les permite subsistir. Son cientos los comerciantes que agobiados por las deudas, optan por la retirada, por vender lo que se pueda, al mejor precio posible. Pero, también quiénes se sienten perseguidos han optado, en muchos casos, por irse. Y el paso previo, que hará posible la retirada es que surta efecto el letrerito de “casa en venta”. Casas que hace cuatro meses se ofertaban en 50.000 dólares hoy se ofrecen por la mitad o menos.

La militarización continúa

El Estado de sitio fue suspendido antes de tiempo por presión de la ley electoral y la amenaza de la Corte Nacional Electoral de suspender el referendo del 25 de enero, para votar la nueva Constitución, si no se tomaba esa decisión. En sustitución del Estado de sitio, la militarizada Cobija y Pando, seguirá militarizada. Se han reforzado los efectivos militares y también los policiales. Se afirma que de los 500 refugiados en Brasil no más de 15 son buscados por el Gobierno para procesarlos y encarcelarlos. También se comenta que los refugiados tienen una lista negra de 25 personalidades cobijeñas, algunas de ellas autoridades.

En lo inmediato, quiénes mejor aprovecharon la suspensión formal del Estado de sitio fueron los ladrones. Dos sujetos, de los que se afirma son brasileños, la mañana del domingo asaltaron una joyería y fugaron con el botín.

Los refugiados en Brasilea no piensan volver porque no confían en el Gobierno

En Brasilea, ciudad brasileña más desarrollada que la capital Cobija, se refugiaron cientos de cobijeños tras la dictación del Estado de sitio. La situación de muchos de ellos es desesperante. El hambre y la incertidumbre muchas veces pueden más que la prudencia. Y vuelven a reunirse con la familia o intentar vender las cosas de la casa o la casa.

Los seguidores del Gobierno se burlan de ellos. Dicen que si no tuvieran culpa no se irían, que la conciencia los delata. Los refugiados no quieren hablar con todos los periodistas. Escogen a los canales de televisión o medios que consideran de mayor radicalidad contra el Gobierno para formular declaraciones. Al resto les ponen trabas, que vayan a pedir permiso a la Policía Federal brasileña, que ellos son refugiados y no pueden hablar sin permiso oficial, y en la Policía Federal se ríen de la ocurrencia obvia: si alguien no quiere hablar con la prensa, ningún policía puede obligarla.

De todos modos, los refugiados y refugiadas hicieron saber que se quedarán allá, en la banda (como se dice aquí al lado brasileño), porque no confían en el Gobierno, porque sienten que no tienen garantías. De ellos se dijo que son un millar, pero en Cobija se afirma que no pasan de 500 y su número se reduce. No más de diez recibieron oficialmente refugio de parte de la Gobernación o Alcaldía que la primera semana les atendió con alimento cocinado, luego con provisiones para que cocinen y ahora con nada. La Gobernadora, dicen, está en Brasilia consultando qué hacer, porque ya no puede colaborarles.

 

Periferia de Cobija festejó el final del estado de sitio

Suspensión. En el centro las discotecas y bares continuaron cerrados. La gente salió a refrescarse a las calles. Temen que la delincuencia vuelva tras el cese de la medida. Hay 2.000 efectivos en el departamento

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Panorama. Mientras los sindicados de ser afines al Gobierno, y que viven en la periferia de Cobija, celebraban el final del estado de sitio, las discotecas y bares del centro permanecieron cerrados

El Deber

Roberto Navia

A las cero horas del domingo, por lo menos seis boliches habían abierto sus puertas en Cobija para que la gente acuda a festejar el fin del estado de sitio, vigente desde el 12 de septiembre. El sonido de los ‘musicones’ alborotaba a los mototaxistas, que llegaban como en caravanas transportando a sus pasajeros, que desempolvaron la mudada dominguera que estuvo guardaba durante dos meses. “Yupiiii, ya no hay estado de sitio”, decían unos borrachitos, que intentaban que los dejen entrar al local Gigante de América, donde una multitud bailaba al ritmo del una samba.

Los esposos Fernández-Colpari, de los pocos que aún no estaban embriagados, admitieron que se aprestaban a disfrutar una velada, pero eso no quería decir que habían olvidado a las víctimas de Porvenir, los 26 que murieron el 11 de septiembre cuando grupos de campesinos alineados al Gobierno y a la autonomía se agarraron a balazos. “Esto es como un grito desesperado”, decía el guardia de otro boliche, situado en el barrio 27 de Mayo que se encuentra en una  denominada ‘zona roja’. “En un momento llegué a pensar que la rumba no volvería más a este pueblo”, sostuvo un parroquiano.

Los festejos se dieron en las zonas que son consideradas como ‘masistas’, debido a que sus habitantes provienen del interior del país. “El que uno sea emigrante no quiere decir que es del partido de Gobierno”, refutó el comerciante Pascual Llanos.

En el centro de la ciudad no hubo ningún bailongo; es más, incluso la zona conocida como el ‘Equipetrol de Cobija’ estaba literalmente ‘muerta’, la poca gente que transitaba decía que las fiestas de los barrios de la periferia sólo eran por ‘amor al trago’, que el levantamiento del estado de sitio no era un motivo para festejar porque a los muertos de Porvenir nadie los podrá resucitar y que los ‘malditos militares’ seguirán controlando la ciudad. Claro está, coincidían Karen y Esther, que lo único que valoran de que ya no haya la medida de excepción, es que ‘deja de ser un pecado’ transitar en la madrugada. “Imagínese, nosotros siempre hemos estado acostumbrados a tener una vida nocturna, porque aquí hace calor, y como meterse en la cama antes de las 24:00 es un infierno, salir a refrescarse a una plazuela es lo más normal del mundo”, protestaba Karen.

Pero con la ausencia del estado de sitio volverá la delincuencia y las muertes en estos barrios, se quejaba un vecino del 27 de Mayo. “Yo he visto cómo se agarran a balazos en la madrugada. No quiero ni pensar cuando empiecen a acordarse de las diferencias que hay entre masistas y autonomistas”, dijo.

Pero, en otras zonas de Cobija, el primer amanecer ya sin estado de sitio encontró las calles desiertas y sin ningún festejo. Durante el día, en varios restaurantes donde sirven ‘pescado fresco’ también sonaban las rocolas y los mozos recibían la orden de ‘más cerveza en esta mesa, por favor’.

En la mañana, a eso de las 8:00, las tiendas comerciales empezaron a sentir el primer efecto de que la medida de excepción fuera levantada. A diferencia de los anteriores días, los brasileños cruzaron la frontera, pero aún tímidamente, para comprar electrodomésticos y equipos de sonido. “Claro, aún  no se compara con el ritmo de venta que hacíamos hace meses”, explicaba una comerciante.

En la tarde del domingo, los comercios cerraron y la ciudad se echó una siesta hasta las 20:00. Luego, la gente tomó las aceras. Restaurantes y bares empezaron a recibir a  la gente que vuelve a disfrutar de la vida nocturna.

Hay comando de seguridad en Pando

Un Comando de Seguridad y Orden Público, conformado por cerca de 2.000 efectivos de las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía, comenzó a operar ayer en Pando para preservar el orden y la paz, tras la suspensión del estado de sitio.

El ministro de Defensa, Walker San Miguel, indicó que el cese de la medida de excepción no supone la suspensión de la presencia del Estado en el departamento amazónico.

«Para evitar una espiral de violencia el Gobierno y las fuerzas de seguridad del Estado han conformado un Comando de Seguridad y Orden Público, que a partir de la fecha comienza su accionar», anunció el ministro.

San Miguel indicó que el número de efectivos militares, que hasta la fecha eran de 1.100, se aumentó en 300 más. Mientras que la entidad verde olivo creará la Unidad Táctica Operativa Policial (UTOP) con 300 efectivos en su inicio.

De acuerdo con San Miguel, la labor del Comando irá a precautelar la seguridad de la población, pues aún no ha finalizado el proceso de amenazas contra algunas personas en los municipios de Filadelfia y Porvenir, donde se registraron la muerte de los campesinos. «Todavía hay temor en comunidades, lo hemos visto.  Hay gente que ha dicho que se va a vengar y el Gobierno eso no lo puede permitir», aseveró.

Porvenir duerme tranquilo sin militares que perturben su sueño

Suspensión. En el lugar donde sucedieron las muertes, la población aún recuerda los hechos del 11 de septiembre. Hay 23 procesados, ninguno de ellos está preso por matar a Pedro Oshiro

image Restos. Las chatarras y fierros retorcidos de los vehículos siniestrados el 11 de septiembre son un vestigio de la matanza

Roberto Navia | [email protected]

En Porvenir, donde se registró la balacera el 11 de septiembre, el primer efecto notorio de la ausencia del estado de sitio es que la gente ya no se tiene que ir a acostar a las 20:00 y ahora puede salir hasta más tarde.

“En la primera madrugada sin la medida, muchos pobladores salieron de sus casas y se sentaron en las aceras a tomar el fresco, tal como lo hacían antes de que la desgracia toque las puertas del pueblo”, relató ayer Raúl Castro, un habitante que dijo sentir alivio tras que se enteró de que en las madrugadas ya no patrullarán los militares.

Marcos Siles, un joven de 25 años, cree que quedó atrás aquel temor que sentían muchos cuando veían ingresar al pueblo vehículos con vidrios oscuros.

“Eso era una señal de que venían a llevarse gente para confinarla en La Paz”, cuenta con una voz cansada por el calor que a eso del mediodía se vuelve asfixiante.

Walter Roca es un hombre redondo, de 52 años, que vive en una casa que se encuentra a metros de donde ocurrieron los tiroteos. Como señal de que ahí se registró una desgracia quedan cuatro chatarras de los vehículos que se incendiaron aquel 11 de septiembre en la tarde. “Aquí vivimos como 15 personas, pero el día de la balacera la gente, desesperada, ingresó a mi casa y se metió debajo de los catres”, cuenta mientras recoge unas mangas que se encuentran debajo de un árbol cuya sombra ayuda a soportar las altas temperaturas.

Hay otros que opinan que el estado de sitio nunca debió levantarse, porque ahora la delincuencia podría volver, así como también la venganza por las muertes ocurridas. En los pocos restaurantes de Porvenir, la gente comenta sobre la suspensión de la medida y también relata las historias de lo ocurrido como se si tratara de leyendas de hechos que pasaron en tiempos inmemoriales. En ese coro de hombres, Gerardo se declara masista y dice que la coyuntura que actualmente se vive es porque en el país se está dando un cambio y que Pando no es ajeno a ese movimiento.

No muy lejos de allí se encuentra el río Tahuamanu. Por uno de sus puentes pasaron los campesinos traídos desde Riberalta, que se enfrentaron a tiros con los de Porvenir, autonomistas y funcionarios prefecturales llegados de Cobija. Antes, los campesinos habían matado a Pedro Oshiro, pero sucumbieron ante el mayor poder de fuego de los contrarios al Gobierno.

Producto de ello, 23 personas están siendo procesadas en La Paz y más de 800 han huido a Brasil. Ningún campesino ha sido aprehendido por haber disparado aquel fatídico 11 de septiembre. Eso también molesta en Porvenir.

Comisión de Diputados vuelve a Pando

El subjefe de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en la Cámara de Diputados, Jorge Silva, informó de que el trabajo de la Comisión de Investigación de los hechos del 11 de septiembre continuará y que esta semana se define la fecha para que la Comisión viaje nuevamente al departamento de Pando con fines investigativos.

Explicó que, previamente, se aprobará un cronograma y un rol de entrevistas a las víctimas de uno y otro lado. «Culminando con esta etapa, en el entendido de que hay víctimas todavía en Pando, se les hará la visita y se podrá aprovechar el viaje para resolver algunos vacíos que todavía están pendientes en la investigación», dijo.

El parlamentario dijo que, en el caso del prefecto procesado de Pando, Leopoldo Fernández, para la Comisión, ‘es un ciudadano común’.

El pasado viernes dos miembros de la Comisión de la Cámara de Diputados que investiga los hechos ocurridos el 11 de septiembre en Pando, se entrevistaron con la ex autoridad que se encuentra detenido en el penal de San Pedro. Con relación a las declaraciones que deben brindar funcionarios de algunas instituciones públicas de Pando, el diputado manifestó que tienen una larga lista de personas que pueden ser requeridas.

Finalmente, con referencia a que dos militares estarían involucrados en los hechos, Silva dijo que ‘esa es una versión extraoficial que la mencionó Fernández fuera de la sesión y que no se la tomó en cuenta’./ABI

   Encarcelados  

Cárcel de San Pedro

Leopoldo Fernández Ferreira

Detenidos en la Felcc

Juan Marcelo Mejido Flores

Gerardo Aliaga Paredes

Detenidos en la Policía Judicial

Jorge Lengua Áñez

Olman Pino Soria

Máximo Ayllón Martínez

Rosendo Domínguez Deromides

Melitón Brito Ferreira

Homer Polanco Ventura

Felipe Vigabriel

Agapito Vira Cuéllar

William Mosuco Rodríguez

Felsin Fernández Medina

Ademar Herrera Guerra

Oswaldo Valdivia Avariaga

Hugo Apaza Sahonero

Néstor Da Silva Rivero

Ronald Mosuco Rodríguez

Abel Janco Cáceres

Danilo Huari Cartagena

Procesan a otros tres confinados

La defensa de los dos confinados Gerardo Aliaga Paredes y Juan Marcelo Mejido Flores recusó al juez Alex Gutiérrez por considerar que tenía intereses con el Gobierno.

Por esa causa, el caso volvió a la ciudad de La Paz y hoy, a las 9:00, se someterá a sorteo para conocer qué juzgado se hará cargo del mismo.

El asesor del Ministerio de la Presidencia, Marco Iván Puña, informó de que decidieron ampliar la acusación a otras siete personas, tres de las cuales forman parte de los confinados que ayer seguían en el Regimiento Bolívar, en la ciudad de Viacha, y otros cuatro ya tienen mandamiento de aprehensión, aunque no reveló sus nombres.

Con esta ampliación, el número de acusados sube a 23 de los 37 confinados. Los 14 que no tienen proceso, pese al compromiso del ministro de Defensa, Walker San Miguel, no fueron puestos en libertad.

Extraoficialmente se conoció que las autoridades preparan un nuevo caso para procesar a otros confinados.

Los siete nuevos acusados eran funcionarios del Servicio Departamental de Caminos (Sedcam) y se los imputa de peculado.

El abogado de los acusados, Carlos Frías, explicó que la recusación al juez Gutiérrez se debe a que existe un interés político lo que no garantiza una imparcialidad a la hora de tomar una decisión sobre la situación jurídica de sus defendidos.

*foto El Deber