Tierra activa la tensión en Santa Cruz y Beni

La Prefectura inició querella al INRA.

El trabajo del INRA en el Chaco cruceño y la marcha de campesinos e indígenas hacia Trinidad, en apoyo de los menonitas, abre un nuevo frente de conflicto. La Confeagro se declaró en emergencia. El Gobierno anuncia que terminará el saneamiento en Alto Parapetí en dos meses.

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Protesta: tres pobladores de Alto Parapetí colocan troncas en el camino a esa población, el viernes (La Prensa)

El Deber

J. C. Salinas y M. Melgar

La tierra otra vez es el escenario donde el cruce de demandas tensiona a Santa Cruz y Beni. La reactivación del proceso de saneamiento mediante el uso de la fuerza pública efectuada por el Ejecutivo en el Chaco cruceño (Alto Parapetí) y la masiva marcha de campesinos e indígenas hacia Trinidad (Beni), en respaldo de una colonia menonita, desató otra situación de conflicto.

Después de conocer los sucesos del viernes pasado en Alto Parapetí, cuando el Viceministerio de Tierras junto al INRA, apoyados por la Policía tomaron las haciendas Caraparicito, Bella Vista y Huaraca, la Confederación de Ganaderos de Bolivia anunció el inicio de acciones legales contra el INRA y que trabajará en cada municipio del Chaco para evitar que el Ejecutivo actúe de manera unilateral.

Al respecto, El INRA departamental Santa Cruz indicó que el saneamiento en Alto Parapetí continuará pues aún restan unos 29 predios a los que ya se les hizo llegar las  notificaciones para que, después de 48 horas, las brigadas de técnicos puedan ingresar para realizar su trabajo de campo.

Sobre las denuncias de abuso de autoridad y robo de pertenencias, el INRA negó que tales hechos se hayan realizado y deslindó responsabilidades. “Al lugar no se ingreso con militares sino con policías”, indicaron.

Por su parte, la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se declaró en emergencia al sostener que la violencia del Gobierno para llevar adelante su programa de tierra está al margen de la ley. “En su momento se llegó a un acuerdo con el ministro de Desarrollo Rural, Carlos Romero, para tratar el tema tierra en comisiones y no de forma unilateral, sin respetar lo acordado, lo que provoca tensión y enfrentamientos”, señaló Christian Sattori, presidente de la Confeagro, a tiempo de indicar que el 2 de diciembre se convocará  un congreso extraordinario para definir acciones.

A su vez, unos mil campesinos e indígenas marchistas que forman parte de la Central Campesina 16 de Julio, que se encuentra en el municipio de San Javier, después de 3 días de marcha llegaron ayer a Trinidad, para exigir al Gobierno la renuncia del director nacional de tierra, Cliver Rocha, y la permanencia de los menonitas asentados en esa jurisdicción municipal. De no obtener una respuesta, indicaron que iniciarán una huelga de hambre.

En tanto, la Asociación de Ganaderos de Camiri indicó que, mañana, una comisión de parlamentarios acompañados por productores irá a la hacienda Caraparicito, de propiedad de Ronald Larsen, para verificar si hay abusos.

El viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, según el diario La Prensa, indicó que los empresarios René Chávez y Mario Malpartida fueron citados a declarar por presunto delito de sedición, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y otros, a raíz de los enfrentamientos producidos en abril pasado en el Chaco.

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Control. En Huaraca (Chaco) los policías protegen la labor de saneamiento

La Prefectura inició querella al INRA

El prefecto de Santa Cruz, Rubén Costas, sostuvo que se iniciará una querella contra el INRA por los actos violentos que se produjeron en Alto Parapetí.

También acusó al Gobierno de pretender imponer un virtual estado de sitio en la provincia Cordillera de Santa Cruz, luego de la toma de dos haciendas con el uso de la fuerza pública.

«Igual que lo sucedido en Pando, militares y policías con pasamontañas están impidiendo la libre transitabilidad en la zona del Chaco y prácticamente han saqueado propiedades. Parece que pretenden trasladar el estado de sitio a Santa Cruz”, afirmó.

A pocas horas de dichas afirmaciones, Vladimir Peña, secretario de Justicia de la Prefectura, presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Distrito, para dar con los responsables de los abusos cometidos durante cuatro horas contra dos funcionarios prefecturales, que pertenecen al  Proyecto de Aguas Subterráneas (Proasu-Jica), en el municipio de Cuevo de la provincia Cordillera.

   Reacciones   

Ramón Mercado

El Gobierno es el culpable

El secretario general de la Federación Única de Campesinos del Beni acusó a Cliver Rocha, director nacional de Tierra, de ser el causante de todo este problema. Señaló que apoyan a los menonitas que están asentados en el lugar porque éstos han venido a suplir la falencias dejadas por las autoridades municipales.

Justo de la Vega

Rechazamos la violencia

El titular de la Asociación de Ganaderos de Tarija indicó que no aceptan la violencia del Ejecutivo y por eso apoyarán las medidas que se decidan el 2 de diciembre. “No podemos estar al margen de este problema; como productores nos vemos afectados”, indicó, a tiempo de afirmar que lo de Alto Parapetí es muy preocupante.

J. De Dios Fernández

Seguirán los saneamientos

El secretario general del INRA dijo que el Gobierno no usó militares y que el apoyo que se recibió fue de la Policía. “Cuando hablan de destrozos se debe tener en cuenta que fue en respuesta a la violencia que se encontró en el lugar. No nos vamos a detener en nuestra labor que es legal”, sostuvo.

  Las frases   

«El Gobierno no cumple con lo prometido. Hay violencia en el tema tierra y las exportaciones  de aceite  están paradas»

Mauricio Roca | Pdte. de la CAO

«En Beni es posible que sea necesario usar la fuerza pública para desalojar a los menonitas de las tierras fiscales»

Alejandro Almaraz | Vice. de Tierras

 

El INRA usará la fuerza pública y Confeagro condena violencia

La Prensa

El Gobierno anuncia que terminará el saneamiento en Alto Parapetí en dos meses

La Policía notificó a las familias Chávez y Malpartida sobre un proceso penal iniciado por el INRA.

El Gobierno anunció ayer que hará uso de la fuerza pública e incluso recurrirá a las Fuerzas Armadas para completar el saneamiento de tierras en Alto Parapetí, mientras que la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) condenó la violencia ejercida durante la ocupación del fundo Caraparicito, de propiedad de la familia Larsen.

Ahora, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) tiene en la mira esa hacienda, Buena Vista y Huaraca.

Confeagro se reunió ayer de emergencia y anunció que un congreso del sector convocado para el 2 de diciembre analizará las medidas de hecho que se asumirán para defender las tierras de la zona.

El presidente de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Confabol), Guido Nayar, en la mañana había advertido que los productores defenderían sus predios con la vida.

El viernes, autoridades del Viceministerio de Tierras y personal del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) iniciaron el proceso de saneamiento en Alto Parapetí, en el Chaco cruceño. Sin embargo, en la hacienda del ciudadano estadounidense Ronald Larsen, las brigadas del INRA, según el Gobierno, fueron recibidas a bala y los militares tuvieron que ocupar los predios, incautarse de material bélico y detener a tres empleados.

Nayar y trabajadores de las haciendas ocupadas denunciaron que efectivos militares intervinieron el viernes los predios Buena Vista, de propiedad de Julia Aguilera y René Ernesto Chávez, y la hacienda Huaraca, de Mario Malpartida.

El director de Tierras, Cliver Rocha, señaló que la Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria y sus reglamentos autorizan la intervención de la fuerza pública en caso de resistencia al saneamiento y, si ésta es rebasada, también la actuación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, no precisó qué artículos.

Ayer, Almaraz justificó la intervención de la fuerza pública en las tres haciendas en los antecedentes de rechazo que sufrieron las brigadas del INRA cuando, en abril, intentaron cumplir con su trabajo. “La intervención de la Policía fue responsable, altamente profesional, notablemente mesurada y ceñida al marco de la ley. La aplicación de la ley no puede ser impedida por la actitud arbitraria, violenta o sediciosa de las personas”.

Explicó que en los predios de Chávez y Malpartida la Policía se apersonó hace tres semanas para notificar a sus propietarios sobre una acción judicial iniciada por el INRA hace algunos meses, y en horas recientes con el propósito de avisarles que se reanudaría el saneamiento en sus predios.

Además denunció que en esas haciendas se incautaron de escopetas y de equipos de radiocomunicación con los que se pudo captar conversaciones con empleados de Larsen que habían solicitado apoyo para evitar la actuación de las brigadas del INRA.

El INRA saneará 150.000 hectáreas en Alto Parapetí en los próximos dos meses, de las cuales el 50 por ciento son de grandes empresarios, 40 por ciento de medianos y 10 por ciento de pequeños productores. Almaraz informó que en todo el país el saneamiento abarcó 20 millones de hectáreas y se espera alcanzar para fin de año 30 millones. De esta manera quedarán pendientes sólo 70 millones.

Críticas

El asesor de Confeagro Luis Baldomar informó que los productores en la reunión sostenida ayer rechazó la violencia y el uso de la fuerza pública con la que se entró en los predios en Alto Parapetí, vulnerando los derechos de los propietarios.

La Confederación exige que el proceso de saneamiento se ejecute respetando los derechos civiles de las personas.

Baldomar señaló que los agropecuarios condenan las condiciones de servidumbre en algunas haciendas.

El secretario ejecutivo de la Asamblea del Pueblo Guaraní, Wilson Changaray, identificó a las familias Larsen, Malpartida y Chávez como las principales propietarias de tierras y de mantener en servidumbre a sus trabajadores, factor que ya fue denunciado en abril y junio.

Prefectura cruceña denuncia abusos del Gobierno

La Prefectura de Santa Cruz presentó una denuncia formal en la Fiscalía de Distrito para dar con los responsables de los presuntos abusos y saqueos cometidos contra dos funcionarios prefecturales en el municipio Cuevo de la provincia Cordillera.

El secretario de Justicia, Vladimir Peña, informó de que el viernes a las 14.30 dos funcionarios del Proasu-Jica (Proyecto de Aguas Subterráneas) fueron reducidos durante cuatro horas por encapuchados, supuestamente policías y efectivos militares que, junto con funcionarios del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), estuvieron a cargo de la intervención de haciendas en Alto Parapetí.

El titular del Proasu-Jica, Raúl Barroso, agregó que esta situación ocurrió mientras los servidores públicos instalaban sistemas de agua para las comunidades de Huaraca e Itacuatia.

Precisó que durante la intervención “los maniataron y los pusieron contra el suelo. También les sustrajeron sus pertenencias (carpas, billeteras y celulares), las que no fueron devueltas”.

El prefecto Costas demandó al Gobierno respeto por los derechos constitucionales de los propietarios de tierras en Alto Parapetí y condenó la persecución y presión a los productores de esa zona, porque se sienten amenazados por el proceso de saneamiento reanudado por el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) el viernes.

“Sólo es una muestra de lo que va a suceder con la propiedad privada si se aprueba la Constitución totalitaria y centralista del MAS”.

La autoridad departamental demandó a la población “engrosar filas” para hacer una campaña por el No en el referéndum constitucional del 25 de enero.

En ese marco, anunció que la Prefectura y las diferentes organizaciones y distritos realizan una campaña ciudadana para informar a la población de los riesgos del proyecto de Constitución.

Cronología

Miércoles 27 de febrero

Un grupo de 50 ganaderos con sus peones, y en presencia de dirigentes cívicos de Santa Cruz, cercan las oficinas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Camiri, amenazan con agresiones físicas a los funcionarios y finalmente los fuerzan a salir de la población en medio de insultos e intimidaciones, expresando que no permitirían el saneamiento de la tierra comunitaria de origen (TCO) demandado por el pueblo guaraní en la localidad de Alto Parapetí, sobre unas 157.000 hectáreas aproximadamente.

Viernes 4 de abril: un grupo de choque, bajo el mando de ganaderos y hacendados, ataca con piedras y petardos a una comisión del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y del Viceministerio de Tierras a las puertas de la estancia Caraparicito, ubicada en la provincia Cordillera del departamento de Santa Cruz. El grupo de choque lanza petardos, cohetes y piedras y hiere en la cara a un policía y a un guaraní, y también a un concejal de Lagunillas. La Policía tiene que usar gas lacrimógeno para frenar la agresión. Luego se negocia una tregua, sin que ninguna de las partes abandone sus posiciones.

Sábado 5 de abril: sectores ganaderos, terratenientes y cívicos de la provincia Cordillera de Santa Cruz dan 24 horas de plazo a una comisión del Viceministerio de Tierras y el INRA para que abandone la región y desista de comenzar el saneamiento de tierras.

Del 9 al 13 de junio: llega a Bolivia una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), realiza un trabajo de campo. La delegación encabezada por los comisionados Luz Patricia Mejía y Víctor Abramovich constata el agravamiento de las condiciones servidumbrales en las que viven varias familias guaraníes del Chaco de los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija.

Jueves 9 de octubre: Mario Malpartida, René Chávez y tres guaraníes saquean la radio de Itacuatía.

Viernes 21 de noviembre: el INRA reanuda el proceso de saneamiento en Alto Parapetí y en Caraparicito, donde recibe balas desde la hacienda de Ronald Larsen.

Fuente: Viceministerio de Tierras