Editorial de El Nuevo Día.
Con el ingreso violento y toma de varias haciendas en el departamento de Santa Cruz, el Gobierno se ha lanzado frontalmente a reiniciar el proceso de saneamiento de tierras en el marco de las normativas emitidas que facultan al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) a proceder de acuerdo a la ley. Sin embargo, la impresión que está dejando en la región es justamente lo contrario. El proceder del oficialismo siembra serias dudas sobre si la ley será aplicada de manera correcta. Por ello, se justifica ampliamente una reflexión serena sobre los pasos a seguir al interior de las organizaciones productivas de la región, las que deben exigir se cumplan las normas legales y se respeten sobre todo los derechos propietarios.
Justamente eso es lo que ha provocado que el INRA haya suspendido el desalojo de los menonitas asentados en tierras fiscales en el departamento del Beni. El hecho de pertenecer los menonitas a una organización campesina sujeta a las normativas del uso de la tierra ha dejado en claro que es posible defenderse en el marco de la ley agraria. Pero esta defensa debe ser objetiva, con sustento y respaldo de documentos que rechacen uno a uno los argumentos que expone el Gobierno para justificar la reversión de las tierras al Estado. La oportunidad para analizar ello será el cercano Congreso Agropecuario.
La situación contextual jurídica de la propiedad de la tierra está ligada a la producción agropecuaria, la que presenta una serie de características genuinas históricas en el oriente boliviano que ya no corresponden al momento económico, político y social que vivimos. De una u otra manera, hay que encontrar puntos de convergencia para que la propiedad de la tierra y el uso de ella logre ser compatible con las políticas agropecuarias del Gobierno. Conviene recordar que el modelo económico sobre el que se ha desarrollado el agro hasta ahora está siendo desmontado paulatinamente por el Gobierno.
La fortaleza del agro radica en su peso específico dentro de la producción nacional. No obstante, éste no es el tema que se discute sino uno mucho más sensible que es la propiedad de la tierra y el uso que se hace de ella. Dentro de este contexto, resulta sensato apelar a toda instancia legal posible y al apoyo institucional que sea necesario. Sin ir a la confrontación, que es donde el Gobierno tiene las de ganar, resulta más conveniente dejar en claro qué pretende el INRA dentro del saneamiento de tierras y qué argumentos expone para buscar puntos de encuentro.
Entre éstos debe estar el respeto a la propiedad dentro de la ley, con derecho a la defensa y las prerrogativas que otorga la facultad de ser parte del sector productivo nacional. Debe buscarse una pausa en el saneamiento de la tierra dentro de un acuerdo institucional-Gobierno para encontrar soluciones duraderas y de beneficio mutuo en aras del interés del país, que no es otra cosa que mantener vigente su producción agropecuaria. Además, el sector agropecuario debe recibir señales claras de que el Gobierno tiene la voluntad de respetar el estado de derecho.
Sin ir a la confrontación, que es donde el Gobierno tiene las de ganar, resulta más conveniente dejar en claro qué pretende el INRA dentro del saneamiento de tierras y qué argumentos expone, para luego buscar los puntos de encuentro para un posterior entendimiento.