Asociación de Prensa condena ataques al cardenal Terrazas

En un comunicado sugiere al Gobierno agradecerle por sus reflexiones.

“La intolerancia (…) ha sido demostrada una vez más con la reacción desmedida, equivocada y atrevida”.

La Prensa



La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) emitió ayer un comunicado en el que rechaza los ataques de algunos ministros del Gobierno y parlamentarios del MAS al cardenal Julio Terrazas, quien, en su homilía del 30 de noviembre, dijo que existía el riesgo de que el narcotráfico domine Bolivia.

Terrazas, en la citada homilía, dijo: “… Nuestro país se va convirtiendo en el espacio donde están dominando los narcotraficantes”. Ante las afirmaciones, el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Sacha Llorenti, lo acusó de estar alineado con sectores “separatistas” y el senador Félix Rojas dijo que debería dejar la cruz y abrazar el símbolo de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

La ANP, conformada por los dueños de medios de comunicación escrita, calificó de “irreverentes, agraviantes e injustos” dichos ataques y expresó su pleno a poyo a la autoridad eclesiástica, a la que galardonó con el Premio Libertad.

El su comunicado, la ANP hace énfasis en que “la intolerancia y prepotencia de algunos ministros de Estado y parlamentarios oficialistas ha sido demostrada con la reacción desmedida, equivocada y atrevida a la preocupación del cardenal Terrazas y de la Iglesia Católica por el peligroso crecimiento del narcotráfico en Bolivia, hecho irrefutable y respaldado con informes de las mismas instituciones encargadas de la lucha contra el tráfico de droga”.

La ANP agrega que el Gobierno, en lugar de “disparar su artillería verbal” contra Terrazas, debería agradecerle por advertir sobre el riesgo ante ese peligro y trabajar con seriedad para reducir los cocales ilegales para aniquilar el narcotráfico.

Si el proyecto de Constitución Política del Estado se aprueba en el referéndum del 25 de enero, la Iglesia Católica dejará de ser religión oficial en el país, se verá obligada a pagar impuestos como toda entidad privada, y el Estado revisará los convenios firmados con el Vaticano.