Campaña de terror

Editorial de El Nuevo Día.

El Ministro de Gobierno se esfuerza por todos los medios en convencer a la opinión pública de que el 9 de septiembre pasado hubo un acto terrorista en la cañería que lleva el gas desde el sur del país hacia Río Grande, en Santa Cruz. Hablan de explosivos, tienen a un testigo que dice quién llevó la dinamita y hasta se refiere a una avioneta que transportó el material. YPFB pide arraigar al presidente del Comité pro Santa Cruz culpándolo del hecho, pero no aporta pruebas al respecto. Curiosamente, la única que ha presentado documentación sobre lo ocurrido con el gasoducto es la empresa Transierra, la principal afectada y en ningún caso habla de terrorismo, sino de fallas en la manipulación de una válvula que derivó en un incendio y en la interrupción parcial y momentánea del suministro de gas.



Los informes de Transierra están en manos del Superintendente de Hidrocarburos, han sido enviadas al fiscal que investiga el caso y seguramente son de conocimiento de YPFB y de otras autoridades de Gobierno, sin embargo, el vicepresidente García Linera y el ministro Rada insisten en la versión delincuencial que justifique las persecuciones despiadadas que han desatado contra los presuntos autores de un dinamitazo que jamás existió. Es más, la compañía petrolera presentó una denuncia en la Policía de Villamontes donde detalla los pormenores de los hechos sucedidos el 9 de septiembre. En todo caso, es en ese lugar donde se debe conducir la investigación y no en La Paz.

El otro hecho está relacionado con los tres jóvenes que supuestamente agredieron a un jefe policial en las puertas del Comité Cívico, el 15 de agosto, y que por ese “delito” han sido detenidos por encapuchados y conducidos a La Paz. ¿Traslado a otro departamento por unos puñetes? Si es que hay indicios de culpabilidad, debería determinarse si existen en el agredido los días de impedimento que justifiquen el arresto y posterior procesamiento, de lo contrario, se está incurriendo en un ridículo pero a la vez descomunal abuso, que haría sonrojar al dictador más avezado.

¿Qué busca el Gobierno? Con seguridad no le interesa la justicia, ni el orden público, ni reparar el daño causado durante los días de agitación. La persecución selectiva de los disidentes es una estrategia de campaña electoral que, obviamente, tiene un fin mucho mayor y es la de acallar todas las voces contrarias al manejo que se está haciendo de la democracia, de las instituciones republicanas y el estado de derecho. La persecución de los cívicos y los ataques a la Iglesia se orientan en la misma dirección.

En cierta forma, el Gobierno ha ganado. Existe silencio en muchos sectores. Ya nadie menciona el IDH, por ejemplo. Pero es importante para el MAS, no sólo que se mantengan callados aquellos que están comenzando a impulsar el “No”, pues lo ideal para el oficialismo sería que vuelvan a medirse en las calles, como ocurrió en septiembre. Ha habido una advertencia con olor a sugerencia del vicepresidente, pero, al parecer hay consenso en dejar todo para el 25 de enero.

¿Qué busca el Gobierno? Con seguridad no le interesa la justicia, ni el orden público, ni reparar el daño causado durante los días de agitación. La persecución de los disidentes es una estrategia de campaña electoral que, obviamente, tiene un fin mucho mayor y es acallar a los opositores.