Campaña política letal

Editorial de El Diario.

Cuando algunos departamentos plantearon el tema de la autonomía, se inició una guerra mediática sin precedentes entre el Gobierno y la oposición a través de los medios audiovisuales. Silenciadas las prefecturas y los comités cívicos correspondientes como resultado de los acontecimientos por todos conocidos, los órganos del Gobierno continúan esa campaña alrededor del enfrentamiento en Pando y, por supuesto, para inclinar el voto a favor del proyecto de Constitución que será sometido a referéndum en enero próximo, dejando percibir más bien que se le atribuyen cualidades que no registra dicho proyecto, como la de unir a todos los bolivianos y de contener disposiciones para promover condiciones de igualdad y fraternidad de la ciudadanía, mientras lo que se espera es todo lo contrario, producto de la división regional y de clases sociales con la que nos obsequiará su aplicación, si el voto mayoritario le es favorable.

En efecto, seguramente dicha publicidad es la más patética que jamás pudieron difundir los canales televisivos, cuyo mensaje de odio, revancha y venganza son tan explícitos que parecieran concebidos con la finalidad de empujar al enfrentamiento fratricida, como si no tuviéramos suficiente con lo sucedido hasta ahora. Quizá las guerras religiosas y fundamentalistas del Oriente Medio puedan llegar a similar grado enervante. El contraste entre estos contenidos y las declaraciones de concordia, pacificación y unidad de las autoridades, es más que evidente como desconcertante. Es pues ineludible que los medios que conservan su ética e imparcialidad informativa, como EL DIARIO, hagan un llamado a la serenidad y a la responsabilidad a fin de no convertir en arma socialmente letal dicha campaña publicitaria.



Tal situación planificada de desinformación ha motivado ya una solicitud a la Corte Nacional Electoral para que “detenga inmediatamente” dicha propaganda y en ese sentido le ha pedido que ordene auditorías a los presuntos financiadores de tan millonario despliegue publicitario, vale decir, a los ministerios, alcaldías, prefecturas y a la Representación Presidencial para la Asamblea Constituyente (REPAC), organismo que, interrogado al respecto, respondió que no promueve el voto por el Sí a favor del proyecto de Constitución; respuesta obvia, pero sus incisivos “spots” la contradicen claramente.

Lo anterior no es otra cosa que un monopolio publicitario oficialista y son las prefecturas y los comités cívicos, en el rol de oposición, los únicos que podrían responder de alguna manera el alud publicitario, pero está visto que las primeras tienen encima el ojo fiscalizador del Ministerio de Hacienda si pretendieran incursionar en ese coto reservado, quizá algún Comité Cívico podría hacerlo, pero en su mayoría o están descabezados o carecen de recursos, según han manifestado. Los partidos políticos ya no cuentan con recursos fiscales y menos aún las Agrupaciones Ciudadanas pueden disponer de liquidez al respecto.

Ante dichas carencias y siendo más que necesario que los votantes conozcan el texto que se les propone, las instituciones profesionales y otras de nivel académico deben tomar en sus manos la difusión correspondiente -tarea por cierto muy relativa- y hacerlo tanto sobre lo bueno y lo malo que pudiera contener el proyecto en cuestión, del cual las encuestas señalan que de cada 10 compatriotas sólo 3 lo conocerían. No obstante, lo examinado revela que la propaganda sembrada se dirige a un voto consigna, rememorando el “voto negro” de otros tiempos, por lo que, en suma, el voto inconsciente no es novedad en nuestra incipiente y manipulable democracia.