El Contralor teme que el MAS intente acallar auditorías

La autoridad advirtió que es una medida política para descabezar a la única entidad que todavía mantiene su autonomía del poder central. Estaba a punto de presentar 18 auditorías sobre empresas petroleras.

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UN ENCUENTRO ANTERIOR • En abril de 2007, el contralor Osvaldo Gutiérrez compareció en la comisión de Hacienda, para dar explicaciones sobre supuestas irregularidades.



La Razón

La autoridad aseveró que estaba a punto de presentar 18 informes sobre las empresas petroleras que informan sobre daños económicos que superan los mil millones de dólares. El Presidente elegirá a un interino.

El contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, denunció anoche que el MAS lo suspendió poco antes de presentar un informe en el que sostiene que petroleras causaron al Estado un daño económico superior a mil millones de dólares.

La comisión de Constitución de Diputados le inició un proceso administrativo y emitió una resolución en la que suspendió a Gutiérrez por 90 días con goce de haberes. También pidió al presidente Evo Morales que designe a un interino, porque observó que la CGR no cumplió el plazo de 180 días para la conclusión de las auditorías “a la relación que tiene el Estado con las empresas petroleras”, explicó el diputado oficialista René Martínez.

Añadió que además de la tardanza, la institución utilizó un desembolso económico que le hizo el Gobierno para contratar a dos empresas privadas, “con lo que se produce una traslación de competencias al sector privado… En este caso se habla de responsabilidad administrativa con cargo al Contralor”.

Anoche, el contralor Gutiérrez tuvo un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto internacional de El Alto, donde calificó la decisión de la comisión de “ilegal”, y contraatacó.

“Resulta sintomático que el momento en que nosotros hemos concluido esas auditorías, que van a emanar precisamente 18 informes con recomendaciones y ocho con responsabilidades civiles, vale decir, daños económicos al Estado, e inclusive responsabilidades penales, surjan estos problemas. Estamos a punto de informar de daños superiores a los mil millones de dólares, como indicios de responsabilidad civil”, advirtió.

“No quisiera pensar que se quiere trabar la emisión de los informes y que citemos a las empresas involucradas para que presenten sus descargos que corresponden”, acotó.

El Contralor no quiso precisar cuáles, pero advirtió que “hay muchas empresas petroleras involucradas. Nosotros pasamos por una primera fase de emisión de esos informes de indicios de responsabilidades y los involucrados tienen la posibilidad de hacer sus descargos para luego sacar el informe definitivo”.

Explicó que el siguiente paso será “hacer el dictamen de responsabilidad respectiva, enviarlos a las instancias de la Presidencia de la República y del Congreso para que se apliquen las sanciones”.

Martínez señaló que Gutiérrez está suspendido desde el viernes, “cuando se emitió las comunicaciones a esta autoridad, pese a que él ha rehuido de tomar conocimiento. Se intentó notificarlo primero personalmente, se hizo las representaciones, y se regresó como ordinariamente se hace en cualquier proceso”.

Sin embargo, el Contralor advirtió: “Debo decir que no he sido notificado. La resolución de la Comisión fue entregada el 26 de diciembre al final de la tarde por cedulón y mi persona en ese momento se encontraba de vacaciones. Yo en realidad estoy de vacaciones, las he solicitado y nombré un contralor interino. Por lo tanto he sido soprendido por esta noticia”.

La suspensión a la que procedió la comisión se basó en el decreto 29820, que establece también que “deberá comunicar inmediata y simultáneamente a la máxima autoridad ejecutiva de la entidad para que designe a un funcionario interino por el tiempo que dure la suspensión”.

En este punto, surgieron tres interpretaciones. La del oficialismo, que envió la solicitud al Presidente, para que sea él quien designe al interino. La del diputado disidente de Podemos Felipe Oña, quien manifestó que esa instancia superior es el Congreso y la del propio Gutiérrez, que anoche manifestó que él es la máxima autoridad, y que a él le corresponde nombrar interino.

Adelantó que se defenderá. “Voy a tomar todas las instancias legales y medidas que por ley se me franqueen, con la finalidad de defender la autonomía, la independencia, la imparcialidad de la CGR; lo que se quiere es descabezar a la institución y someterla a cualquier aspecto de tipo político, partidario que yo no lo he permitido es estos tres años de gestión”.

Una fuente de su defensa adelantó que hoy presentará un recurso revocatorio ante la misma comisión, que tendrá una semana para analizarlo. Si lo rechaza, recurrirá a otro jerárquico, que será considerado por la comisión de Constitución de Senadores, donde la oposición es mayoría.

El presidente de la Cámara Alta, Óscar Ortiz, precisamente, comentó que “la suspensión es un atropello. Una persona elegida por dos tercios no puede ser suspendida por una comisión que se reunió sin la oposición. No se le dio el derecho a la defensa”.

Gutiérrez anunció que denunciará esta situación ante organizaciones que agrupan a las contralorías de la región. Sus abogados alertan con un amparo.

Auditorías pendientes

El contralor general de la República, Oswaldo Gutiérrez, informó ayer que tiene auditorías pendientes a instituciones gubernamentales y a otras entidades públicas.

“Tenemos un conjunto de auditorías programadas en el Ministerio de Gobierno, de Defensa, en otros ministerios y en otras reparticiones”, señaló.

Aclaró que respecto al Ministerio de Defensa se hará una auditoría por una denuncia de irregularidades en la compra de aviones chinos. No precisó el tipo de fiscalización que se hará en el Ministerio de Gobierno.

Gutiérrez señaló que, de acuerdo con la denuncia que existe contra el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sobre supuesto contrabando, de recibir una denuncia la Contraloría hará el respectivo proceso, aunque no cuente con los suficientes recursos económicos y humanos para hacerlo.

Asimismo, anunció que pronto emitirá el informe de la auditoría que se hizo a la Administradora Boliviana de Carreteras y la empresa Queiroz Galvao, en donde se hallaron responsabilidades civiles.

“No quisiera pensar que se quiere trabar la emisión de los informes y que citemos a las empresas petroleras”

Osvaldo Gutiérrez, contralor general.

 

Contralor denuncia intento de descabezar la entidad y apelará

Dice que auditorías a petroleras arrojaron daño económico de $us 1.000 millones

Gutiérrez tenía previsto realizar auditorías a entidades gubernamentales y prefecturas en 2009.

La Prensa

El contralor general de la República, Osvaldo Gutiérrez, calificó de “política” la decisión de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados de suspenderlo del cargo por 90 días para someterlo a un proceso administrativo por supuesto incumplimiento de funciones al no haber concluido y entregado en los plazos previstos las auditorías a las empresas petroleras.

Según Gutiérrez, los informes de auditoría a las empresas petroleras fueron concluidos y arrojaron un daño económico de mil millones de dólares al Estado, por lo que se harán las notificaciones correspondientes.

De acuerdo con la Comisión de Constitución, la Ley de Hidrocarburos establecía un plazo de 180 días para concluir ese trabajo, que Gutiérrez, al parecer, no cumplió y lejos de hacerlo por su cuenta contrató a la firma García Verasmendi para esa labor.

Esta empresa debía acabar una parte de las auditorías en diciembre de 2006, pero se le extendió el plazo en dos oportunidades hasta el 29 de enero de 2007 y luego el 16 de marzo. Los resultados finales debían ser entregados el 12 de junio del año pasado. El Contralor tampoco habría cumplido y, por el contrario, contrató a otra firma para que supervisara la primera tarea.

Por eso la Comisión de Constitución decidió suspenderlo luego de conocer la denuncia del diputado José Pimentel, perteneciente al MAS.

Gutiérrez dijo a ANF que la suspensión del Contralor General de la República es “una medida política para descabezar a la única entidad que todavía mantiene su autonomía del poder central y está institucionalizada”. Agregó en conferencia de prensa en El Alto que de esta manera se busca someter a la institución “ a cualquier aspecto de carácter político partidario que yo no lo he permitido durante estos tres años de gestión”.

Previamente desde Santa Cruz la autoridad declaró: “Voy a denunciar ante todos los organismos internacionales este atropello. Yo salí por enfermedad de vacaciones hasta el 9 de enero, entonces no voy a permitir que se maneje la única institución que no tiene cargos políticos”.

Agregó que la determinación de la Comisión de Constitución es ilegal, pues debió pasar a la Cámara de Senadores para que sea validada. “Tengo derecho a asumir mi defensa, a una persona que se le está haciendo un proceso se la tenga que cambiar es anticonstitucional”.

Además recordó que el Decreto Supremo 29536 que faculta a las comisiones legislativas juzgar y abrir procesos administrativos a autoridades de la contraloría y las superintendencias no se aplica a su cargo, sino a funcionarios de menor rango.

La autoridad explicó que la denuncia del diputado Pimentel fue planteada el 17 de diciembre a las 15.00 y a las 17.00 fue pasada a la Comisión de Constitución de Diputados. El 19 esa dependencia emitió la resolución de cesantía por 90 días, pero había quedado guardada hasta el 26, cuando recién por cedulón se comunicó a la Contraloría. Gutiérrez fue elegido Contralor de la República el 11 de marzo de 2005 y su gestión debe acabar en 2010.

Para el ex presidente del BCB Armando Méndez, la suspensión del Contralor General de la República es una acción más de la destrucción de la institucionalidad del país y es un intento de concentrar el poder en una persona. En declaraciones a ANF comentó: “Es una señal negativa que está dando (el Gobierno). Es el primer Contralor que está sufriendo esta decisión”.

En su criterio, Gutiérrez “tal vez no está pudiendo responder políticamente a los deseos del Gobierno”, por eso el MAS instruyó la cesación.